MÉXICO.- Este miércoles, el gobierno de Venezuela sacó del aire a la cadena de noticias CNN en español, la principal de América Latina, tras acusarla de hacer “propaganda de guerra” como parte de los planes de Estados Unidos para derrocarlo.

“CNN es un instrumento de guerra. El que se meta con nosotros recibirá la respuesta adecuada”, advirtió el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un acto transmitido en la televisión oficial poco después de la ejecución de la medida.

Todas las operadoras de cable, como DirecTV, Intercable, Supercable, Net Uno y Movistar, ya no transmitían la señal de la cadena, en tanto que CNN Internacional se mantenía al aire.

Este no es el primer caso de censura estatal hacia un medio de comunicación. En México, hay claros ejemplos de este tipo de práctica. Siendo tal vez el de Carmen Aristegui el más representativo de los últimos tiempos. Ella es reconocida como una de las periodistas más críticas del país, y por ello ha salido de varios medios de comunicación.

En 2008, por ejemplo, no le fue renovado su contrato con W Radio, controlado por Televisa y Grupo Prisa. La periodista argumentó discrepancias editoriales con la empresa, que a su vez dijo que no hubo acuerdo para manejar los tiempos comerciales del programa.

Luego en 2011, ya como parte de MVS, la comunicadora fue despedida por preguntar en su programa si el entonces presidente Felipe Calderón tenía problemas con el consumo de alcohol. El consorcio dijo que se transgredió su código de ética. Después de varios días de polémica, que incluyeron protestas y críticas en redes sociales, la conductora fue reinstalada.

En el caso más reciente de la periodista, MVS Radio dio por terminada su relación laboral con la periodista Carmen Aristegui, tras más de seis años de colaboración. Aristegui encabezaba al grupo de 17 reporteros que descubrieron la existencia de una residencia en el barrio más exclusivo de la Ciudad de México, construida para la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, por una empresa que ha obtenido cientos de millones de dólares en contratos con el gobierno.

Posteriormente, Aristegui daba a conocer que Noticias MVS, se sumaba al portal de denuncia Mexicoleaks. Esto trajo como consecuencia el despedido de dos de sus periodistas, Daniel Lizárraga e Irving Huerta, por «haber comprometido recursos y marcas de la empresa sin autorización de la misma».

Este tipo de prácticas no es nuevo. Durante años, el Partido de la Revolución Institucional (PRI), se procuró medios informativos complacientes mediante una combinación de sobornos y amenazas. Los directores de estaciones de radio y televisión y los de periódicos sabían que la cobertura que desagradara al gobierno podía amenazar una valiosa concesión, cortar el abasto de papel periódico, provocar una auditoría fiscal o costarles la jugosa publicidad oficial.

Fuera de la capital, la situación es peor. Los reporteros se enfrentan a represalias de las organizaciones criminales y de los funcionarios locales, una violencia que ha hecho de México uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Según el informe 2014 de Freedom House –una organización no gubernamental financiada por el gobierno estadounidense y el holandés, entre otros–, sobre un total de 197 países evaluados, México ocupó el puesto 132 de naciones con menos libertad de prensa.

Un reporte de la Asociación Mundial de Editores de Periódicos y Noticias del año pasado concluyó que este tipo de “censura suave” era “parte integral del complicado panorama de los medios del país”. Los investigadores agregaron que era “un medio de influir e incluso una herramienta para chantajear a propietarios de medios y periodistas”.

Como indicamos el descontento de Venezuela con CNN, no es el primer caso que tiene lugar en el mundo.

Eritrea y Corea del Norte son el primer y el segundo país con la mayor censura del mundo, de acuerdo con una lista que preparó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). Su «Top 10» se complementa con Arabia Saudita, Etiopía, Azerbaiyán, Vietnam, Irán, China, Myanmar y Cuba.

La conformación de esta lista, se basa en investigaciones sobre el empleo de tácticas que van desde el encarcelamiento y las leyes represivas hasta el hostigamiento de los periodistas y las restricciones al acceso a la Internet.

La amenaza del encarcelamiento ha llevado a muchos periodistas a optar por el exilio en lugar de arriesgarse a ser arrestados. Eritrea es el país africano con el mayor número de periodistas encarcelados. Por otro lado, el listado de los 10 países con la mayor censura se basa en los datos recabados por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), así como en la experticia del personal de la organización.

Para llevarla a cabo, tomaron en cuenta una serie de indicadores para medir la censura en estos países, como por ejemplo la ausencia de medios privados o independientes, el bloqueo de sitios web, las restricciones sobre la grabación y la difusión electrónicas, los requisitos de licencias para ejercer el periodismo, las restricciones sobre los movimientos de los periodistas, la vigilancia gubernamental de los periodistas, la interferencia de las señales de radio y televisión extranjeras, y la prohibición del ingreso de corresponsales extranjeros.

Un caso aparte ha sido el de Turquía. En el país, tradicionalmente, se han censurado páginas vinculadas con el espinoso conflicto kurdo. No sólo webs que elogian la lucha armada de la guerrilla Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), sino hasta el acceso al sitio de la agencia de noticias kurda Fırat está cortado. Otro elemento que incita a Ankara a bloquear un contenido son las críticas a Atatürk, fundador de Turquía. Insultarle puede conllevar pena de cárcel. No menos polémico fue el cierre, por críticas desde círculos religiosos, de una página sobre la teoría evolutiva de Darwin.

Tras un fallido golpe de estado, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, ordenó el cierre de hasta 130 medios de comunicación, entre ellos tres agencias de noticias, 16 canales de televisión y 45 periódicos.

con información de agencias y del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ)

jcrh