CIUDAD DE MÉXICO,- Declarar ‘la guerra al crimen’ fue una acción de Felipe Calderón quien determinó sacar al Ejército a las calles dizque para frenar el marcado avance del narcotráfico, pero hoy son los diputados federales del PAN quienes proponen reformas a la ley para «documentar adecuadamente» las decisiones de los operativos.

El gobierno admite que entre 2006 y 2012 hubo más de 47 mil 500 muertos, ONG’s señalan que la cifra correcta es de 71 mil, por su parte el priísta Jorge Ramos afirma que no se puede mantener la intervención de las Fuerzas Armadas permanentemente en las calles.  Sin embargo hasta el momento no se ha definido por cuánto tiempo permanecerán las fuerzas federales en Guerrero.

En el texto de la iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, presentada por el PAN, se remarca que “ni las autoridades federales deben sustituir a las locales cuando se debiliten sus instituciones, ni las Fuerzas Armadas han de salir de sus cuarteles, sino a través de un procedimiento racional para la toma de decisiones”.

Subraya que “se incluye en los artículos transitorios que, una vez que las reformas entren en vigor, se conceda a los actores legitimados para ello un plazo de 90 días para solicitar el inicio del procedimiento, y de esta manera documentar adecuadamente los operativos que hoy tenemos en las calles; y en caso de que no sea así, que se ordene el cese inmediato de las operaciones”.

Entre las aportaciones de la propuesta destaca que los soldados “no intervengan en manifestaciones sociales, políticas ni electorales, para no recurrir a prácticas que en el pasado nos hicieron mucho daño”.

La propuesta del PAN se relaciona con la certidumbre que se pueda dar a los actores de este país, el Ejército, la Marina los mismos solo pueden ser usados en una declaratoria de causa de seguridad nacional, especificar temporalidad de la intervención, los recursos materiales y financieros a aplicar, el espacio de la aplicación y la territorialidad en la que habrán de intervenir, y una justificación de hechos y consideraciones que legitimen la intervención de las Fuerzas Armadas.

No es casualidad escuchar de la CNDH observaciones que se hacen a las fuerzas armadas, al gobierno federal por casos aparentes o eventuales excesos de poder público.

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