BARCELONA,-  El juez instructor de Barcelona, José Francisco Valls entiende que Artur Mas podría haber cometido delitos de desobediencia grave y prevaricación al impulsar la consulta el 9 de noviembre de 2014, que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional, por lo cual será juzgado, al organizar una votación simbólica sobre la independencia.

Esto es un aviso para su sucesor Carles Puigdemont que prometió un referéndum vinculante en un año. A pesar de esta prohibición, la consulta se celebró igualmente gracias al impulso del Gobierno y a la colaboración de miles de voluntarios independentistas.

Unos 2,3 millones de personas votaron de un censo aproximado de 6 millones y un 80% apostó por la secesión.

Según el juez instructor, Mas «articuló una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional» siendo «plenamente consciente de que con ello quebrantaba el obligado acatamiento» a este tribunal. Junto al expresidente catalán (2010-2016), para quien la fiscalía reclama diez años de inhabilitación para cargos públicos, se sentarán como «cooperadoras necesarias» su vicepresidenta, Joana Ortega, y la conseller de Educación de su Gobierno, Irene Rigau.

Ortega fue la responsable del dispositivo electoral, mientras que Rigau permitió la apertura de escuelas para convertirse en centros de votación. La fiscalía reclama para ellas nueve años de inhabilitación. Los tres, que eran investigados desde finales de 2014, serán juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El juez instructor, en cambio, acordó archivar el presunto delito de malversación, que querían incluir las acusaciones particulares reclamando hasta seis años de prisión para Mas. También se investiga al entonces portavoz del Ejecutivo, Francesc Homs, aunque su caso lo lleva el Tribunal Supremo por ser diputado en el Congreso.

La decisión supone un aviso para el actual presidente catalán, Carles Puigdemont, que pretende seguir los pasos de su antecesor convocando en septiembre de 2017 un referéndum de autodeterminación con o sin el aval del Gobierno central, de quién depende la convocatoria de plebiscitos.

A diferencia de entonces, quieren que la votación sea vinculante y, en caso de ganar el «sí» a la secesión, declarar la independencia de esta región nororiental, la más rica de España y la segunda más poblada, con 7,5 millones de habitantes.

afp/r3