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El techo de deuda, otra agonía para Estados Unidos

El techo de deuda, otra agonía para Estados Unidos

WASHINGTON, Estados Unidos.- El techo de deuda permite costear pagos a deudas anteriores, se utilizan en programas, como seguros sociales, servicios militares, salarios de empleados del gobierno, reembolsos de impuestos, etc. Sin embargo la administración de Trump enfrenta la amenaza de un nuevo cierre temporal.

El fenómeno tiene características de rito político anual, a raíz de los desacuerdos presupuestales entre demócratas y republicanos. El actual proceso presupuestal de Estados Unidos data de la era del presidente Ronald Reagan y debe contar con fondos aprobados antes del inicio del año fiscal cada 1 de octubre, o de lo contrario deben aprobarse resoluciones temporales de gasto al mismo nivel que el año fiscal previo.

Al menos en 19 ocasiones desde 1976, los republicanos y demócratas han rebasado el plazo legal para concretar el presupuesto federal sin llegar a un acuerdo, lo que suele motivar escaramuzas políticas de último momento para evitar la parálisis de la burocracia estadunidense.



Del total de huecos presupuestales, al menos siete han derivado en el cierre parcial del gobierno federal, un proceso que incluye licencias laborales con goce de sueldo para la mayoría de los 2.8 millones de miembros de la fuerza civil del gobierno federal, incluidos más de 600 mil empleados postales.

Tradicionalmente la parálisis del gobierno federal implica el cierre de los parques nacionales, de las oficinas de expedición de visas y pasaportes en las embajadas y consulados de Estados Unidos en el mundo y de agencias federales no esenciales.

Sólo aquellos trabajadores de áreas consideradas estratégicas o críticas, como los controladores del tráfico aéreo, agentes fronterizos y rescatistas, entre otros, quedan exceptuados de la separación temporal de sus trabajos.

El más reciente cierre prolongado del gobierno federal tuvo lugar en 2013, cuando los republicanos condicionaron la aprobación del presupuesto a cambios en la principal legislación promulgada por el entonces presidente Barack Obama, la ley de Salud Asequible.



Pero Obama rechazó ceder ante los republicanos y los forzó a reabrir el gobierno federal después de 15 días de cierre. Encuestas muestran que el público estadunidense atribuyó a los republicanos la responsabilidad por la falta de acuerdos. Sin embargo, el cierre del gobierno federal por diferencias entre el Congreso y la Casa Blanca ha sido frecuente.

Durante la presidencia de Bill Clinton el gobierno federal fue paralizado en 1995 y 1996 por desencuentros económicos entre el presidente demócrata y el líder de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, sobre los niveles de reducción del gasto gubernamental.

El segundo cierre se prolongó durante 22 días, el más extenso en la historia de Estados Unidos, y tuvo un alto costo político para los republicanos. Gingrich reconoció después que fue uno de los errores más graves de su gestión como líder legislativo.

En la actual legislatura, el financiamiento del muro en la frontera con México se convirtió en el principal punto de contención para llegar a un acuerdo presupuestal para el presupuesto del año fiscal 2017, que empezó desde el 1 de octubre del año pasado.

El presidente Donald Trump pidió más de mil 400 millones de dólares para el muro y anunció una petición adicional de dos mil 600 millones de dólares para el presupuesto del año fiscal 2018.

Ante la falta de suficientes votos republicanos para aprobar el presupuesto en el Senado, los demócratas amenazaron con permitir el cierre del gobierno si la Casa Blanca insistía en la exigencia de los recursos para el muro o para la fuerza de deportación.

Aunque los republicanos dejaron fuera de la iniciativa de gasto de 2017 los recursos para el muro, lo cual redujo las posibilidades de un cierre del gobierno a partir del primer minuto del sábado 29 de abril, aún quedan otros asuntos pendientes que resolver.

Entre los asuntos que aún requieren ser negociados en alrededor de 38 horas figura el apoyo financiero a Puerto Rico y la extensión del seguro médico a trabajadores de la industria minera.

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