Antonio Tarek Abdalá Saad, Alberto Silva Ramos, Adolfo Mota Hernández, Noemí Guzmán Lagunes, Edgar Spinoso Carrera, Vicente Benítez González y Erik Lagos Hernández ocuparon un cargo en dependencias clave durante la administración de Javier Duarte y han sido acusados de pertenecer a la red de corrupción del exgobernador priista que esfumó recursos estatales y federales en Veracruz.

Sin embargo, al contrario de Javier Duarte, los exfuncionarios duartistas-fidelistas, gozan de libertad y fuero.

Algunos de ellos han pactado con Miguel Ángel Yunes, actual Gobernador de Veracruz, la “devolución de bienes inmuebles”. Como es el caso del diputado federal por el PVEM, Edgar Spinoso Carrera, exoficial mayor de la Secretaría de Educación en Veracruz, quien se encargaba de la administración del presupuesto de esa dependencia. Spinoso Carrera aceptó, según el propio Yunes, haber participado en el saqueo de recursos públicos durante el gobierno de Javier Duarte.

Por su parte, el diputado del Verde Ecologista “devolvió” bienes por montos millonarios como un avión Learjet 45, un helicóptero y algunas propiedades. Pese a esto, el manejo que la administración de Yunes le ha dado a la “restitución” de activos a las arcas estatales ha sido de manera opaca, sin transparencia y con nulo ejercicio de rendición de cuentas, ya que hasta el momento se desconoce bajo qué términos se llevaron a cabo dichas “devoluciones”.

El caso del diputado federal priista Antonio Tarek Abdalá también es de escándalo, pero únicamente fue inhabilitado desde 2016 por la Contraloría General de Veracruz para desempeñar un empleo, cargo o comisión en la administración pública durante los próximos 10 años.

Abdalá fue señalado junto con Edgar Spinoso Carrera por el presunto desvío de recursos públicos desde mayo de 2015, cuando la Comisión Permanente del Congreso de Veracruz aprobó emitir un exhorto a la PGR para que investigara a los responsables del posible saqueo a las arcas estatales por un monto de al menos 1 mil 600 millones de pesos.

En noviembre de ese mismo año, la Procuraduría General de la República abrió investigaciones en contra de los funcionarios estatales derivadas de denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación por irregularidades cometidas con recursos federales en Veracruz, pero hasta la fecha no se sabe qué ha pasado con la indagatoria, ni por qué la PGR no actuó en contra de estos funcionarios.

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