Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad Interior. Ahora, la decisión de avalarla y pasarla al Presidente de la República, para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), queda en manos del Senado.
Mientras sucede, el aval del Congreso es criticado por representantes de la sociedad civil, especialistas en materia política y de defensa de derechos humanos, quienes concuerdan que los legisladores actúan en favor de intereses privados: los del Presidente; los de las Fuerzas Armadas e inclusive los del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el marco de las elecciones de 2018.
La aprobación fast-track de la norma “tiene que ver con el periodo electoral”, pero antes responde a un “pacto de impunidad” por parte de las autoridades, comentó Ana Aguilar, directora de proyectos del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP).
“Ante la perspectiva de que haya una alternancia política de nuevo en México [en 2018], parecería muy lógico dejar protegidas a las Fuerzas Armadas que han cometido muchos abusos de derechos humanos. Entonces, quizá, también en eso radica la prontitud con que se aprobó en este periodo”, mencionó.
Entre 2006 y 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido al menos 151 recomendaciones a las instituciones relacionadas con las Fuerzas Armadas; entre ellas, dos dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por violaciones graves a las garantías individuales.
La capacidad del Ejecutivo y del Ejército para presionar la aprobación de una Ley también preocupa al activista Pablo Girault, consejero de la organización México Unido Contra la Delincuencia, por dar carta blanca a la posibilidad de una represión por parte del gobierno a la sociedad civil, como podría darse en 2018 en contra de manifestantes o en contra de los procesos democráticos. Este tipo de presión, dijo, “puede ser el final del Gobierno civil […]. Así se acaban las democracias; cuando se le da mucho poder a los militares por cualquier excusa”.
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