La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz hizo pública la recomendación general 01/2017 en torno a la desaparición de personas durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, la cual revela un patrón sistemático de omisiones que generaron impunidad.

Namiko Matzumoto Benítez, presidenta de la comisión, dijo que se acreditaron violaciones a los derechos humanos en 81 expedientes de personas desaparecidas entre febrero de 2011 y octubre de 2016.

En todos los casos analizados, el inicio de la investigación constituyó una mera formalidad, pues no se realizaron todas las diligencias encaminadas a la localización con vida de las personas desaparecidas. Las cargas procesales de la autoridad fueron trasladadas a las víctimas indirectas. Asimismo, las investigaciones adolecieron de deficiencias estructurales, señaló.

La CEDH informó que las omisiones en las pesquisas demuestran que las autoridades encargadas de procurar justicia no cumplieron con su obligación de debida diligencia, lo que fomenta la repetición de violaciones a los derechos humanos y vulnera el derecho de las víctimas y sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido, y se hace falso su derecho de acceso a la justicia y a obtener reparación del daño.

Matzumoto refirió que la investigación negligente de desapariciones durante el gobierno de Javier Duarte estuvo acompañada de ausencia de medidas efectivas para garantizar la plena reparación a las víctimas y a sus familiares.

Explicó que documentó los testimonios de familiares y recabó informes de la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del Estado de Veracruz, que, en general, brindó atención deficiente y tardía. Sólo atendió 26 de los 81 casos analizados, lo que demuestra que la atención a víctimas indirectas fue insuficiente.

Manifestó que el Congreso local no ha otorgado a la CEAV los recursos necesarios para atender a las víctimas del delito, por lo cual la CEDH emitió la recomendación general 01/2017 a la Fiscalía General del Estado, el Congreso de Veracruz y la CEAV.

Con información de La Jornada.

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