Diego Galeana, arquitecto egresado de la Universidad Iberoamericana, relata que en las horas posteriores al sismo del mes pasado, salió junto con su padre (también arquitecto) para cooperar en las labores de rescate en la colonia Roma; sin embargo, al llegar a la zona se toparon con un exceso de voluntarios que como ellos, viajaron en motocicleta para trasladar víveres y socorristas desde la Cruz Roja de Polanco. Pasaron el resto de la tarde y la noche en esa tarea.

A esas horas, las primeras tras la sacudida, Diego comenzó a padecer los efectos de la desinformación gubernamental y el doble filo de las redes sociales. Los jóvenes, dice, tuvimos parte de responsabilidad en el desorden, porque circulábamos mucha información cuando ya no servía.

Al día siguiente, a través de las mismas redes, padre e hijo se enteraron de que se requerían profesionistas para la valoración de edificios. A través de tres chats que armaron ingenieros y arquitectos, obtuvieron algunos domicilios y comenzaron su recorrido.

“Nos dimos cuenta de que la gente reportaba más por el pánico. Por otro lado, había mucha desconfianza, la gente nos preguntaba: ‘quiénes son, quién los mandó’”.

Diego y su padre visitaron seis edificios en la Roma y la Del Valle, sin encontrar daños graves. Eran si acaso cuarteaduras superficiales, algunas anteriores al sismo. Lo que la gente quería es que alguien le dijera que su edificio estaba bien.

Diego terminó de guía de un grupo de rescatistas de San Miguel de Allende, Guanajuato, que traía mucho equipo e incluso ambulancias. Los condujo al edificio de la calle Saratoga, donde fueron nuevamente rechazados. En ese lugar, como se ha documentado, una funcionaria del gobierno de Miguel Ángel Mancera obstaculizó el rescate.

“Un marino raso nos dijo: ‘ahorita te llevo con mi comandante’”. La respuesta fue la misma: Muchas gracias, pero llévate tu ayuda a otro lado.

Los rescatistas de El Bajío lo intentaron de nuevo, pero esta vez llegaron al cordón de seguridad de Álvaro Obregón 286 en traje de carácter, es decir, con cascos y cargados de todos sus equipos. Los militares, que unas horas antes los habían rechazado, levantaron la cinta amarilla y los dejaron pasar sin más.

En esa zona, que durante semanas fue el epicentro de la actividad de voluntarios, se organizaba la ayuda que se dirigía a otros puntos. Esa noche de jueves pidieron voluntarios para el Multifamiliar Tlalpan. Diego y otros 14 jóvenes recibieron sus equipos y fueron trasladados en un autobús hacia la zona de desastre en Taxqueña. «Cuando llegamos ya había mucha gente. No servíamos más que para participar en las cadenas humanas», relató el joven.

Entonces recibió la llamada de un amigo. Solicitaban gente que sepa de estructuras en la calle Escocia. Esta vez tanto Diego como su padre pudieron entrar a la zona de rescate y, con otros voluntarios, acordaron el método para levantar las losas que se desplomaron enteras, como naipes que se deslizan cubriéndose parcialmente unas a otras.

En todo su peregrinar por los edificios devastados, Diego nunca vio que alguna autoridad estuviese a cargo, salvo en lo relativo a los cercos alrededor de los puntos de desastre.

La madrugada del viernes 22 de septiembre llegaron al lugar elementos del Ejército. «Fue la primera vez que vi a los soldados realmente ayudar. De inmediato se pusieron a acarrear los trozos más pesados. Al frente iba un capitán de apellidos Vela Cardoso».

Los $250 mil que no reportaron autoridades de Benito Juárez

Desde que se incorporó a los trabajos en ese edificio, Diego colaboró con el resguardo de los valores. Bajo una carpa fueron colocando las cosas que consideraban de valor, sobre todo identificaciones, estados de cuenta bancarios y dinero. El sábado se apersonaron funcionarios de la delegación Benito Juárez, con chalecos de la dirección jurídica. Dijeron que iban a levantar un inventario de las pertenencias de los afectados y que un notario iba a dar fe. «Hasta ese momento, los voluntarios habíamos contado 250 mil pesos en efectivo».

Uno de esos días fueron a la fiscalía correspondiente a la coordinación territorial BJ-1, donde les permitieron ver la carpeta de investigación con el número CI-AE/FDTP/TP-1-1/UI-IC/D/007/09-2017. Ahí se percataron de que nunca hubo notario y de que el único objeto de valor enlistado era un reloj de cinco mil pesos.

Con información de La Jornada.