CDMX, México.- Los funcionarios, policías o ministerios públicos que cometan el delito de tortura, podrán ser sancionados hasta con 30 años de prisión, toda vez que este miércoles con 90 votos a favor el pleno del Senado aprobó el dictamen que expide la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

De acuerdo con esta nueva reglamentación, se define como delito de tortura, toda aquella acción que los servidores públicos lleven a cabo para obtener información o confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal o medio de coacción, cause dolor o sufrimiento a otra persona.

En un principio, se prevé pena de 10 a 20 años de cárcel, así como de 500 a mil días de multa de salario mínimo al servidor público que incurra en este delito. La pena se aumentará en la mitad, es decir hasta 30 años de prisión, cuando la víctima de tortura sea niño, niña o adolescentes.

La misma pena máxima de hasta 30 años de cárcel si la víctima es una mujer gestante, una persona con discapacidad, sea un adulto mayor, sea sometido a cualquier forma de violencia sexual, tenga la condición de migrante, afrodescendientes o pertenezca a una comunidad indígena.

La nueva ley, que fue turnada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación señala que en el caso de particulares se prevé una pena de hasta 12 años de cárcel y 300 días de salario mínimo de multa cuando participen en el delito de tortura.

Los servidores públicos o particulares que sean sentenciados por este delito no podrán gozar de la figura del indulto, tampoco el de la amnistía. También se tiene contemplado que el delito de tortura se persiga de oficio, por denuncia, por noticia o vista de la autoridad judicial.

con información de Notimex

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