Este lunes el Consejo de la UE anunció que por causa «del constante deterioro de la situación» en el país sudamericano, había procedido a incluir a siete personas «en la lista de personas naturales y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas».

Entre los nombres destacan la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, el del actual fiscal general, Tarek Saab, y el del exvicepresidente y actual miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello.

Completan la lista el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Luis Reverol, el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Gustavo González, y el jefe de Gobierno del Distrito Capital -y antiguo comandante de la Guardia Nacional Bolivariana- Antonio Benavides.

Las medidas, aprobadas el 13 de noviembre pasado, contemplan tanto el congelamiento de activos como restricciones para la entrada a territorio de la UE de los sancionados.

Los embajadores de los 28 países miembros de la UE destacaron que las sanciones, que también incluyen un embargo a la venta de armas y «materiales conexos susceptibles de emplearse con fines de represión interna», podían «ser anuladas en función de la evolución de la situación en el país».

Pero también se recalcó que las medidas podían ampliarse para tener como blanco a las personas implicadas en violaciones a los principios democráticos y los derechos humanos.

La UE acusa a Lucena de haber «menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, en particular al facilitar el establecimiento de la Asamblea Constituyente y al no garantizar que el CNE siga siendo una institución imparcial e independiente de conformidad con la Constitución venezolana».

En el caso de Saab, es por apoyar públicamente acciones contra los opositores al Gobierno y la retirada de las competencias a la Asamblea Nacional. De Cabello se destaca su uso de los medios de comunicación «para atacar públicamente y amenazar a la oposición política, a otros medios de comunicación y a la sociedad civil».

Mientras que al presidente del TSJ, Maikel Moreno, también se lo acusa de haber «apoyado y facilitado las acciones y políticas del Gobierno que han menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela» y de ser «responsable de acciones y declaraciones que han usurpado la autoridad de la Asamblea Nacional».

Más graves son las acusaciones en contra de Reverol, a quien como excomandante general de la Guardia Nacional Bolivariana la UE hace responsable «de graves violaciones de los derechos humanos y de la represión de la oposición democrática en Venezuela».

Lo mismo se dice del comandante del SEBIN, González, a quien la UE también en particular acusa de «detención arbitraria, tratos inhumanos y degradantes y torturas». Además, Antonio Benavides también entra en la lista por sus acciones como comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, cargo que desempeño hasta el 21 de junio de 2017.

Vía BBC Mundo.

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