El terremoto del mes pasado ha provocado un doloroso debate público sobre el papel que desempeñó la corrupción impune en la destrucción.

¿Se derrumbó la escuela Enrique Rébsamen, donde murieron 19 niños y siete adultos, debido a una extensión aparentemente no autorizada al apartamento de la dueña en la parte superior, que los funcionarios de la ciudad no lograron detener? ¿Se derrumbó el edificio de oficinas de seis pisos donde se recuperó el cuerpo de la última víctima del terremoto porque se suponía que sólo tuviera dos pisos?

Aún continúan las investigaciones oficiales sobre éstas y otras supuestas irregularidades dejadas al descubierto por el terremoto del 19 de septiembre que ha ampliado el escrutinio de lo que el presidente Enrique Peña Nieto alguna vez llamó la corrupción “cultural” de México.

El terremoto ocurrió en un año de crecientes escándalos, incluyendo la detención de tres exgobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusados de corrupción y denuncias de que un alto funcionario gubernamental recibió sobornos de Odebrecht, la constructora brasileña.

“Creo que el terremoto será un momento decisivo, catalizando la ira y la decepción de los mexicanos con respecto al sistema partidista y la política en general y canalizando mayores demandas de vigilancia contra la corrupción”, señaló María Amparo Casar, directora ejecutiva de la organización civil, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Ésta y otras ONGs están presionando para que se realice una evaluación completa del daño provocado por el terremoto “para ver cuánto de este desastre fue causado por la corrupción y qué se podría haber evitado”.

El presidente Peña Nieto ganó elogios en la encuesta con una aprobación de más del 50 por ciento en la mayor parte del país por su gestión de la crisis.

El 19 de septiembre de 1985, cuando un terremoto aún más devastador aplanó franjas de la Ciudad de México y mató a miles de personas, el entonces presidente tardó en responder y trató rápidamente de ocultar los daños.

En cambio, Peña Nieto, quien el 19 de septiembre estaba viajando en avión hacia el sur del país a la región afectada por el primer terremoto, ordenó el regreso del avión a la capital y ha estado participando activamente en los esfuerzos de recuperación.

Sin embargo, lo han abucheado en las áreas dañadas. “Agarra una pala y ponte a trabajar”, le gritó una persona al Presidente. El incidente subrayó la indignación persistente por los escándalos de su gobierno, en particular con respecto a la desaparición, que aún no ha sido resuelta, de 43 estudiantes hace tres años y sobre la mansión de la primera dama que costó millones de pesos, la cual fue pagada por un contratista gubernamental.

A pesar de los elogios que ha recibido Peña Nieto por su gestión del terremoto, que causó 369 muertes, no hay señales de que la brecha entre sus índices de aprobación y de desaprobación se vayan a cerrar antes de las elecciones de julio del próximo año.

El favorito en la contienda electoral, Andrés Manuel López Obrador, ha convertido la lucha contra la corrupción en el tema de su campaña, pero algunos funcionarios de su partido también se han visto empañados por el escándalo.

Morena dirige dos de los vecindarios de la Ciudad de México más afectados por el terremoto, incluyendo Tlalpan, donde se derrumbó la escuela Enrique Rébsamen, lo cual debilitará al partido si las investigaciones concluyen que la negligencia o corrupción oficial convirtió algunos edificios en una trampa mortal para sus habitantes.

AMLO se proyecta como un campeón de las masas y su base de votantes se concentra en la Ciudad de México. Pero “estuvo en gran parte ausente durante los días sombríos que siguieron al terremoto”, señaló Alejandro Schtulman, presidente de la consultora Empra, quien agregó: “Los jóvenes también están decepcionados con López Obrador».

Por su parte, al conservador Partido Acción Nacional (PAN) no le ha ido mucho mejor, ya que parte del problema es que su clase política está bajo fuego.

Después del terremoto de 2017, las organizaciones de la sociedad civil han sugerido nombrar un procurador general auténticamente autónomo y un fiscal anticorrupción nacional realmente firme.

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