«No me voy. Pase lo que pase, no me voy a ir», asegura Belinda Osorio, una hondureña que reside legalmente en Estados Unidos desde hace casi dos décadas gracias al permiso temporal TPS que el gobierno de Donald Trump amenaza con terminar.

«No llevaré a mi familia a un país peligroso», añade con convicción.

En Honduras, uno de los países más violentos del mundo, Belinda teme que su hijo de 14 años sea reclutado por las pandillas. Además, allí no tiene trabajo, ni casa, ni nada.

«En estos años hemos pagado hipoteca, impuestos, criado a una familia. Tenemos una vida aquí», afirma Belinda, empleada del parque de diversiones Disney World, en Orlando (Florida).

Empleo que desde el lunes pasado se ha visto marcado por la incertidumbre debido a que el gobierno estadounidense renovó el TPS para Honduras sólo hasta el 5 de julio de 2018, a fin de reunir más información para tomar una decisión final y sin descartar poner fin al beneficio.

«Estamos en el limbo», resume con dolor Belinda. «Mi esperanza es un cambio de legislación con una solución permanente para todos los destinatarios del TPS».

Su anhelo es compartido por los 300,000 centroamericanos y haitianos que temen quedar desamparados en los próximos meses.

Nicaragua, que como Honduras obtuvo el TPS en 1999 tras el devastador huracán Mitch, ya no cuenta con él. El lunes el gobierno de Trump dijo que para el 5 de enero de 2019, todos los nicaragüenses con TPS deberán buscar un estatus migratorio legal alternativo u organizar su partida.

Haití podría ser el próximo en perder el beneficio, otorgado luego del mortal terremoto en 2010.

El Departamento de Seguridad Interna (DHS) debe pronunciarse el 22 de noviembre, 60 días antes de que venza la prórroga vigente. En mayo, al anunciarla, las autoridades alentaron a los haitianos a prepararse para volver a casa.

Con información de AFP: