El dictamen de la ley de Seguridad Interior fue aprobado en las Comisiones Unidas de Defensa, Estudios Legislativos, Marina y Gobernación pese a la petición de la oposición de no dictaminar de forma exprés hasta no realizar audiencias públicas que analicen la ley que se pretende aprobar hoy a las 11:00 horas.

El documento hecho llegar por la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a los senadores de las cuatro comisiones fue cuestionado por la oposición. Y en particular por el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Benjamín Robles, del Partido del Trabajo (PT).

Robles acusó que las modificaciones a nueve de los 34 artículos se centraron en cambios superficiales y no de fondo. E inició su interpelación alegando que el cambio al artículo uno de la Ley, en el que se hace expresa su vinculación con la constitución es un intento de encubrir la “inconstitucionalidad” que guarda la minuta.

Destacó que en el artículo siete se les pidió que se aclare que el Ejército respetará los derechos humanos: “Estos cambios son insuficientes, porque no generan ningún control adicional, ni extraordinario de supervisión de una materia de derechos humanos que fue lo que propusieron los organismos internacionales, las organizaciones civiles e instituciones académicas”.

Otra de las modificaciones discutidas fue la hecha al artículo 8, la cual eliminó el calificativo “pacífico” a las manifestaciones que no serían consideradas una amenaza de seguridad interior.

De esta manera se evita que se pudiera malinterpretar que las protestas no pacíficas pacificas sí serían una amenaza, consideró el presidente de la Comisión de la Defensa, el Senador del Partido Acción Nacional (PAN) Fernando Torres Graciano.

“Se avanza sí, pero el problema subsiste. La Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea serán las que determinen a su arbitrio cuando una protesta se ajusta o no a la constitución”, dijo Robles.

Asimismo, el artículo nueve de la minuta de Seguridad Interior que el propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) había calificado de transgredir los principios de máxima publicidad, a consideración del Senador del Partido del Trabajo.

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