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Zetas hacen de penal un campo de exterminio y área de trabajos forzados

Zetas hacen de penal un campo de exterminio y área de trabajos forzados

El Penal de Piedras Negras fue para los Zetas, además de un refugio, una fuente de ingresos y centro de operaciones donde adecuaban vehículos para transportar droga a Estados Unidos e incineraban los cadáveres de sus víctimas, según revela la investigación El Yugo Zeta, realizada por investigadores del Colegio de México y la Universidad Iberoamericana.

Los resultados del estudio, llevado a cabo por Sergio Aguayo y Jacobo Dayán, se basan en el expediente APP 005/2014-BIS, que consta de mil 535 folios y que fue facilitado por la Fiscalía General del Estado de Coahuila en la primera etapa de su investigación del Penal. Contiene declaraciones de 11 miembros de Los Zetas, 49 internos, 21 custodios y 18 empleados del centro penitenciario.

La investigación revela que los Zetas operaban por completo el Penal de Piedras Negras y detalla que contaban con un jefe de cárcel, quien se encargaba de “manejar la plaza dentro del penal para que todo estuviera tranquilo y que funcionara bien la venta de drogas entre los internos”, explicó el mismo criminal.



Además, el grupo criminal utilizaba los talleres del centro penitenciario. El de hojalatería y pintura lo usaban para arreglar vehículos y adaptarlos con compartimientos secretos para esconder droga y transportarla a los Estados Unidos para su venta y distribución, mientras que en el de costura fabricaban uniformes militares falsos y en el de soldadura hacían estrellas o picos para ponchar llantas.

“Fueron un chingo, de todas marcas y modelo”, señaló un interno que trabajó en hojalatería y pintura, quien dijo haber arreglado “alrededor de 150 o más (vehículos), la mayoría de origen americano”.

De acuerdo con el jefe de cárcel, el Penal también era un centro de consumo. “La droga me la entregaba un contador que trabajaba para los Zetas… los celadores lo dejaban entrar por la puerta principal del penal y me entregaba una mochila [que] contenía sobres de mariguana y cocaína en bolsitas y piedra de la misma cocaína”.

Los delincuentes además usaban el Penal para resguardar a personas que habían sido secuestradas fuera del centro penitenciario para negociar sus rescates.



En el 2010, asegura el informe, altos mandos de la organización delictiva ordenaron al jefe de cárcel incrementar los ingresos en el interior del Penal. Aunque no estaba de acuerdo, terminó cumpliendo la orden y empezó a los reos la renta de sus celdas.

“Terminó haciendo lo que le pedían y ordenó que todos los internos debían dar una cuota semanal de 25 pesos que luego aumentó a 50 pesos. Es decir, rentaban las celdas construidas y mantenidas por el Estado”, afirma el documento.

Además, los criminales empezaron a cobrar mil pesos quincenales a los internos “que se veía que tenían dinero”, 50 pesos por noche en el área conyugal, una cuota por los servicios de luz y agua con intereses para los morosos. También manejaban la venta de tarjetas telefónicas, chicharrones, refrescos, dulces y cigarros.

“Cuando el hospital recibía medicinas las confiscaban para luego venderlas a los internos. También obtenían ingresos de los talleres”, asegura el informe.

Una parte de los ingresos que obtenía el grupo delictivo, eran destinados a pagar al personal directivo y de seguridad del Penal de Piedras Negras. Erogaban alrededor de 1.5 millones de pesos anuales, es decir, 125 mil pesos mensuales.

El análisis señala que hay indicios de que, por lo menos uno de los dos hermanos que controlaban la región, Omar Treviño Morales, el Z-42, se escondía en el Penal de Piedras Negras cuando la Marina realizaba operativos para capturarlo, pues era el lugar más seguro para criminales perseguidos por federales que estaban fuera de su nómina.

“En ocasiones entraban los jefes grandes y hacían fiestas [con música y mujeres]. La fiesta podía durar todo el día y toda la noche y en algunas ocasiones llevaban vacas y las mataban adentro del penal para darle de comer a toda la raza”, señala una declaración hecha ante las autoridades.

El documento concluye que entre el 2010 y el 2011 el control de los Zetas en el norte de Coahuila era total y las autoridades estaban enteradas.

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