“La más importante herramienta de persuasión que tienes es la integridad”: Zig Ziglar.
La profunda corrupción imperante en los tres niveles de gobierno y entre los integrantes de los tres poderes de la República, representa el mayor obstáculo para el desarrollo económico, político y social del país, advierte la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En términos económicos reduce hasta en cinco por ciento la inversión, genera pérdidas de cerca de otro cinco por ciento en las ventas de las empresas, disminuye significativamente la productividad del capital, inhibe la creación de empleos bien remunerados, y cuesta globalmente alrededor de la vigésima parte del Producto Interno Bruto (PIB).
Para Antonio Luigi Mazzitelli, representante en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la corrupción en México es el principal problema estructural para lograr el desarrollo. “A pesar de que estamos dentro de las primeras 20 economías del mundo, nos encontramos también en la deshonrosa lista de los 20 países con servidores públicos más corruptos”. Nuestro país tiene una calificación de 35 sobre 100 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción, y está en la posición 95 de 168 países, según este índice desarrollado por Transparencia Internacional.
La herramienta más contundente para combatir la corrupción a disposición de los ciudadanos es la denuncia, destacó Mazzitelli, durante una ceremonia celebrada en la Universidad Panamericana (UP) para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción., en donde explicó: cuando se denuncian y se hacen públicos los actos de corrupción, se puede romper la cadena de este delito.
Por su parte, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) asegura la corrupción debe enfrentar castigo, no basta con incrementar la transparencia para combatirla. “Los corruptos deben enfrentar el riesgo real de ser castigados”, concluye el informe titulado “Monitorear la corrupción en México: el ojo atento y el látigo disuasivo”.
Igual de claro se ha expresado uno de los aspirantes a la fiscalía anticorrupción. Para Jorge Ricardo García Villalobos, el consenso y la ciudadanización de este órgano deben ser la base para lograr eliminar a la impunidad. Miembro de la firma Deloit, el especialista advierte “quien se atreva a afirmar combatirá la corrupción para eliminarla, está mintiendo”. Sabedor de la presencia de esta forma de actuación en la naturaleza humana advierte la necesidad de aplicar las sanciones correspondientes a todo aquel que delinca, que afecte el patrimonio, a los que lucran con él. Habla de las diferentes corruptelas, porque también el permanecer inoperantes daña a los pueblos, los paraliza, los inhabilita para el futuro.
Puntualiza en la necesidad de la participación de la sociedad de manera permanente, rotunda, a través de denuncias de las cuales debe darse la seguridad de ser debidamente atendidas, investigadas y de no crear la más mínima amenaza sobre quien o quienes las realicen. En su opinión solamente logrando la participación de todos podrá avanzarse en ese terreno para borrar la mala fama que se cierne sobre el país, misma en la cual nos sitúan en lugares en los cuales es la corrupción un eje rector.
Manifiesta el error de pretender siquiera darles entrada a los partidos políticos. “El fiscal debe ser un ciudadano sin ningún interés en la política, sin bandera política, con un registro de su trayectoria impecable para poder recuperar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades, para evitar se sigan generando desviaciones con las cuales se afecta y se empeñan todos los renglones, no sólo el económico sino aquellos en donde las peores repercusiones recaerán en las futuras generaciones.
Los actos de corrupción más reiterados en nuestro país son el soborno, el desvío de recursos, el tráfico de influencias, al abuso de funciones y la colusión. Las entidades donde existe mayor percepción de corrupción son la Ciudad de México, con el 95%; Chiapas y Tabasco, con 94%; y Jalisco, 92%. Las estados con menor percepción de corrupción son Hidalgo con 78%; Yucatán, 75%; y Querétaro, 73%. El promedio nacional es de 89%, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015 del Inegi.
La corrupción es el problema de mayor preocupación entre los mexicanos, por encima del desempleo y la pobreza. Ocho de cada diez mexicanos considera a la corrupción como un problema serio, el cual es abordado reiteradamente en los medios de comunicación, no así en los tribunales. El 40 por ciento de los mexicanos considera es mayor la corrupción ahora que hace seis años, y el 64.7% espera el problema se seguirá agravando dentro de los próximos cinco años, cuando la corrupción será mayor.
Para el rector de la UP, José Antonio Lozano Diez, la corrupción lleva a las sociedades a la desigualdad, inseguridad e incertidumbre. Aseguró desde la universidad tratan de impulsar los cambios en los hechos humanos, en el comportamiento de las personas. “Cuando nos damos cuenta de que siendo honestos, alcanzamos nuestro desarrollo personal, alcanzaremos una sociedad mejor, más igualitaria, sin fugas económicas y con seres plenamente desarrollados”.
NO HABRÁ RETORNO DE MILITARES A CUARTELES
Durante la clausura del encuentro nacional de procuración e impartición de justicia, y ante procuradores y fiscales, así como presidentes de los tribunales superiores de justicia, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que soldados y marinos seguirán apoyando con patriotismo y lealtad acciones en materia de seguridad pública, en tanto todas las autoridades del Estado mexicano logran modernizar y fortalecer las instituciones civiles.
Las precisiones del titular del Ejecutivo se realizaron luego de que el general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, demandara se regularice la situación de las fuerzas armadas y se apruebe un marco legal. Con frases muy cortas pero lo suficientemente claras y profundas para ser entendidas a cabalidad, marcó el papel a desempeñar del Ejército mexicano y con ello puso de relieve la lealtad de las fuerzas armadas y el respaldo permanente para garantizar la seguridad de los ciudadanos, sin absorber responsabilidades de otras dependencias o siquiera pretender suplirlas. Poner en blanco y negro “hasta donde sí y hasta donde no” pueden actuar, consigue, si se actúa con criterio y sin doble juego, respaldar con la ley las tareas de los militares sin resquemores. A la interrogante: ¿qué quieren los mexicanos que hagan las fuerzas armadas? No puede sino seguirle la seguridad de su atención al pueblo y al cuestionamiento: ¿quieren que estemos en los cuarteles? Se le apunta una decisión fuera del ámbito gubernamental y va de la mano con ese cumplimiento de decisiones que no les corresponden.
En voz del general Cienfuegos lo expresado popularmente y a través de algunos medios de comunicación tomó el sentido de la realidad: “el balance es que a diez años que se determinó que se reconstruyeran las policías, todavía no las vemos reconstruidas”. Y es esto último el gran fracaso de los dos últimos gobiernos y, en el presente, el pretendido papel a desarrollar por la milicia es la mejor muestra de la impotencia para regresar la seguridad a los ciudadanos. Las expresiones tendrán que asentarse en la iniciativa presentada al advertirse la actuación de las fuerzas armadas con el consenso de los tres poderes y no pertenecer a un solo criterio, a una sola voz, “los tres poderes deben decir en qué momento deben participar las fuerzas armadas para cumplir qué tarea, en qué superficie de terreno y por cuánto tiempo”.
El rezago en policías estatales y municipales es añejo y ello impide el retorno de los militares a los cuarteles, sostuvo por su parte la Secretaría de Gobernación. “Tenemos que seguir trabajando en el fortalecimiento de capacidades municipales y estatales. En la media que se logre este reforzamiento será posible que eventualmente y de manera gradual las Fuerzas Armadas continúen con sus funciones constitucionales (seguridad nacional e interior)”, dijo el titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Segob, Álvaro Vizcaíno.
En referencia a los señalamientos en el sentido de que las instituciones locales no han sido reconstruidas y, por tanto, desde hace una década los militares deben hacer labores policiales en las calles, Vizcaíno subrayó en algunas corporaciones la plantilla de policías es vieja, de elementos mayores de 40 años de edad o más. A nivel nacional, agregó, el promedio de no aprobación de controles de confianza a uniformados es de 9 por ciento del total de la plantilla, aunque en el caso de las municipales este porcentaje es mayor.
A su vez, la cúpula empresarial del país demandó que el Ejército mexicano no regrese a los cuarteles hasta que los gobiernos de los estados tengan la capacidad de enfrentar al crimen organizado, para lo cual urgió el Poder Legislativo a que apruebe leyes que den mayor certeza jurídica a las fuerzas armadas y exigió a los poderes ejecutivos locales a fortalecer sus corporaciones policíacas.
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, sostuvo: “no podemos dejar el peso de la responsabilidad únicamente en el Ejército y la Marina” e hizo un llamado a todos los gobernadores de los estados, a las fuerzas de policía federales, estatales y municipales. “Necesitamos contar con la voluntad de todos para poner un orden y tener un camino para tener mejores resultados”, subrayó. Castañón instó al Congreso de la Unión a concluir con urgencia el proceso legislativo para aprobar la Ley de seguridad interior y un marco jurídico a través de normas y requerimientos para darle sustento a las fuerzas armadas.
Tamaulipas y Veracruz son dos de las entidades del país en donde los gobiernos se han visto más rebasados por el crimen organizado, subrayó Castañón, quien también mencionó otras entidades como Oaxaca y Michoacán. Resaltó el caso de Tamaulipas en donde llevan 10 años sin policía local y tampoco se ha cumplido con crear una universidad policiaca para formar nuevos elementos.
Con visiones suficientemente claras se tuvieron el jueves anterior dos exposiciones con las cuales podría formarse un camino diferente, uno que, en efecto, permitiera a la población sentirse seguros, respaldados, confiados en actuaciones en donde el abuso, el autoritarismo, la imposición y las complicidades para cometer atracos al erario fueran transitando fuera del círculo de la sociedad. Si se da a las fuerzas armadas el apoyo necesario para la realización de tareas en las cuales contribuyan a recobrar la seguridad perdida dentro de un marco legal y con la intervención de distintos criterios para ser puntuales en tiempo, lugar y forma, se diluyen dudas y temores.
DE LOS PASILLOS
Al revisar el panorama de la nota soberana crediticia de México de estable a negativa, Fitch Ratings reflejó un aumento de los riesgos bajistas para la economía y los desafíos que esto podría plantear a la estabilización de la deuda pública. La calificación se mantuvo en “BBB+”, respaldada por la diversificada base económica del país y un historial de políticas económicas disciplinadas que han anclado la estabilidad macroeconómica y frenado los desequilibrios. La fuerte depreciación del peso mexicano acelerará la inflación, dijo Fitch, quien estimó la deuda general del gobierno mexicano alcanzaría alrededor de un 47% del PIB en 2017.
El trabajo doméstico no remunerado de los hogares tiene un valor anual de 4.4 billones de pesos, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta cantidad equivale a 24.2% del PIB. De ese total, las mujeres aportaron 18 puntos y los hombres contribuyeron con los 6 puntos porcentuales que restan. A esa cuenta se suma la producción no remunerada de bienes de auto consumo, con otro 0.8 por ciento del PIB, y las labores de menores de 5 y 11 años, con 0.3 por ciento. En suma, el valor del trabajo en los hogares equivale a una cuarta parte de la economía nacional. Comparativamente, genera tanta riqueza como la industria y la minería. Sin embargo, quienes atienden y cuidan a los miembros de la familia, principalmente mujeres, no reciban remuneración por realizar estas actividades, reveló el Inegi.
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