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    Después de un fracaso, los planes mejor elaborados parecen absurdos”: Fedor Dostoievski

    Al negarse en redondo a dar marcha atrás al gasolinazo y presentar en cambio un endeble Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, el presidente Enrique Peña Nieto no logrará detener la ola de manifestaciones, marchas y bloqueos detonados por los incrementos a los energéticos (gasolinas, diesel, gas y electricidad), los cuales impulsan incrementos a servicios y productos básicos, y a su vez estimulan la violencia. Esta presentación realizada en la residencia oficial de Los Pinos exhibió a los líderes sindicales. La CTM agradeció a nombre de la clase trabajadora las acciones emprendidas por el gobierno del mexiquense, igual aplaudieron representantes de empresarios la disposición al diálogo y el encuentro, aunque solamente se dedicaron a refrendar esperanzas, a poner sobre la mesa posibles acciones, a darse un espacio igual al de hace más de cuatro años, cuando en las campañas hacen solicitudes.

    Y no fue uno sino dos los espectáculos penosos. Los dirigentes de la Coparmex se distinguieron por negarse a suscribir el acuerdo de referencia al considerar no incluye metas claras, objetivos puntuales y métricas que sirvan para evaluar avances. Ante la serie de adjetivos favorables lanzados por quienes encuentran escenarios para su enriquecimiento personal, el mexiquense mostraba sonrisas, las mismas mostradas ante la incomprensible serie de adulaciones manifestadas por el ex rector de la UNAM y actual titular de Salud José Narro, recapitulando acciones emprendidas en favor de los sectores vulnerables. El médico de profesión, antes de aceptar integrare al gabinete presidencial, se caracterizaba por ser uno de los más serios críticos de la actual administración, sin dejar de revelar los puntos advertidos como consecuencia de errores anteriores. La integración a la burocracia oficial realizó el cambio.

    Según José Antonio Meade y como preparativo para su aspiración a la candidatura presidencial, el acuerdo peñista pretende: proteger la economía familiar; fomentar inversiones y empleo; preservar la estabilidad económica y fortalecer la cultura de la legalidad y el estado de derecho. O sea lo mismo prometido hace cuatro, diez, 16 años antes y no llevado a la realidad en ninguna etapa panista o priísta. El evento buscó darle respuesta a las preocupaciones sobre aumentos injustificados a bienes y servicios o a los productos de la canasta básica, según dijo el mexiquense al referirse a la reunión, lo cual dejó de manifiesto desconoce las alzas ya aplicadas a todo esto que espera detener por medio de un Decreto, como si los comerciantes, acaparadores e inversionistas, sobre todo de cadenas extranjeras, estuviesen comprometidos con un país y un pueblo totalmente ajeno a sus intereses y en el cual sólo han visto el lado conveniente en complicidad con las autoridades para realizar cualquier tipo de abuso.

    Dijo como si la palabra fuera ley, el sector empresarial asume el compromiso de coadyuvar para no incurrir en un incremento de precios; y sobre las tarifas del transporte sostuvo será el gobierno federal promotor de programas de conversión de unidades a combustibles más eficientes y económicos. Mientras esto se lleva a cabo una vez cubiertos todos los trámites burocráticos, serán los usuarios quienes enfrenten un alza totalmente comprensible ante el encarecimiento de los combustibles. Tarde se enteraron tanto el responsable de Hacienda como el titular del Ejecutivo federal se darían incrementos en todos los productos, de primera y de todas las necesidades. De un año fue el compromiso y es justo en ese tiempo en el cual la liberación de los precios de las gasolinas llevará permanentes aumentos, lo quiera o no el mexiquense.

    Una larga relación de buenos deseos fue lo presentado y ese documento se firmó por dirigentes de organizaciones empresariales, a excepción de la Coparmex, líderes sindicales –charros-, “productores” del campo –charros también-, bajo una consigna muy popular: el papel lo aguanta todo. Como si se tratara de una presentación de ejes a seguir en un programa incluyente de promesas de campaña, se llevó a cabo un Acuerdo nacido para perder, igual que la pretendida reunión de la Conago con Peña Nieto o de perdida con José Antonio Meade. Cabizbajos se vio a los gobernadores. Cabizbajos salieron de Los Pinos quienes creen en un aguante ciudadano sin límite.

    DESDE OTROS ANGULOS

    A lo largo del año, advierten los especialistas, continuará el descontento generalizado contra el régimen del mexiquense, la inflación, y la incidencia delictiva, las cuales se agravan con la toma de posesión de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos. Lo cual viene a darle al traste a las expectativas del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar llevado a cabo en la residencia oficial de Los Pinos en un escenario en donde la vanidad y el exhibicionismo ocuparon todos los reflectores.

    Los aumentos en los precios de combustibles y luz seguirán incidiendo en los costos de los insumos y son un importante factor de descontento, sobre todo en la clase media, la cual empieza a movilizarse. “Es una clase que no está acostumbrada a ciertas privaciones, y es la que políticamente puede generar más desestabilidad cuando se moviliza, tiene más capacidad de presión, pero hasta ahora no se había manifestado de manera directa. Esto es un factor de inestabilidad que le va a complicar mucho la gobernabilidad al presidente Peña Nieto”, advierte Jorge Chabat, experto en seguridad y académico del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas), quien adelanta: el PRI no ganará las elecciones en 2018, porque “cuando la economía va mal, el partido que está en el poder paga un costo”. También Salvador Rivas, secretario académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana sostiene: la inseguridad y crisis golpean el ánimo de la sociedad y lo reflejará en los comicios presidenciales.

    Las políticas económicas instrumentadas por la gestión de Peña Nieto son severamente cuestionadas por la población, la cual ve incongruente se le pida asumir las consecuencias del alza a los precios de los combustibles, cuando observa a su clase política lucrar con sus cargos a través de sobornos, mantiene privilegios o los aumenta con aguinaldos, bonos extraordinarios, viajes, seguros privados, mayores recursos a los partidos y enriquecimiento ilícito de los gobernantes. Por si lo anterior fuese poco, la ciudadanía cuenta en el presente con la información necesaria para medir el grado de corrupción y de impunidad existentes lo cual es también combustible para la ira ya puesta de manifiesto.

    En contraparte a la grata existencia de la clase gobernantes y de empresarios coludidos para llevar a cabo toda clase de abusos, el 93% de la población mexicana advierte un deterioro generalizado de la economía del país y el 82% de su economía personal. De acuerdo a la encuesta de un diario capitalino, el 67 por ciento está a favor de la realización de marchas como protesta por el aumento de precios, apoya el sabotaje de productos y el dejar de pagar servicios de gobierno. Pero el saqueo de comercios se rechazado por 9 de cada 10 mexicanos. Casi todos los mexicanos (9 de cada 10) consideran el gobierno debe revertir estas medidas y no creen en los argumentos ofrecidos por el titular del Ejecutivo Federal para justificar el alza en los precios. También se oponen al uso de la fuerza pública para impedir las protestas.

    El complejo entorno económico presiona los factores de riesgo para incrementar también la violencia, advierte Daniel Cunjama, profesor e investigador del Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios (Iecrimt). “El alza en cadena de los precios en la gasolina, luz y canasta básica potencia la deserción escolar, el desempleo, la violencia intrafamiliar y las adicciones. La pobreza genera desigualdad que a su vez debilita el acceso a derechos, con ellos se incrementan lo factores de riesgo para generar entornos más delictivos y violentos”, precisa.

    A raíz de los aumentos en productos y servicios, este año se registrará un incremento en delitos asociados con características de desigualdad social, alerta Armando Rodríguez Luna, coordinador de Programas y Proyectos del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede). Los problemas con los que arranca el año incidirán en los índices de robo de vehículo, a transeúnte y casa-habitación, los cuales registrarán las mayores alzas. Y Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, augura un incremento en el índice de homicidios dolosos, tal como se registró en los últimos meses de 2016.

    Lo anterior podría llegar a explicar los asaltos a las tiendas de autoservicio, a las departamentales, pero no para extraer sillones, sofás, pantallas, si algo convierte a los ciudadanos honestos en rateros es el hambre y, por lo tanto, son los productos de primera necesidad los robados, el resto no es sino la comprobación de la presencia de grupos de choque patrocinados por el gobierno y por aquellos partidos políticos interesados en criminalizar las manifestaciones de protesta, de los proclives a señalar deben aceptarse las disposiciones gubernamentales sin esgrimir ninguna protesta, enfado, sin cuestionamientos.

    EXIGEN COMBATIR CORRUPCIÓN

    Más allá de un pacto con los sectores productivos para fortalecer el mercado interno y proteger la economía familiar, el régimen de Peña Nieto debe atender el cáncer que lo carcome: la corrupción y la impunidad. Alrededor de 80 organizaciones civiles y casi dos centenares de personalidades de la política, el sector empresarial, de los derechos humanos, la cultura y activistas solicitaron al presidente Peña Nieto realizar acciones para combatir la corrupción y el descontento social provocado por el gasolinazo, así como un plan para enfrentar la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos.

    Pidieron al titular del Ejecutivo Federal instruir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a poner en marcha un política severa de contención a “los privilegios económicos” de la administración pública federal. A esa convocatoria, señalaron a través de un desplegado, deberán sumarse los poderes Legislativo y Judicial, órganos con autonomía constitucional, entidades federativas y municipios. Demandaron ampliar el acceso a la información del ejercicio del gasto público, especialmente el realizado a través de concesiones, permisos, contratación de deuda, así como adquisiciones de bienes, servicios y obra pública. “Reasignar las prestaciones de gasolina de altos funcionarios hacia actividades prioritarias como servicios públicos, traslados médicos y de seguridad pública”, es otro de los puntos solicitados.

    En el manifiesto, organizaciones como Mexicanos Primero, Causa en Común, México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) solicitaron a la Secretaría de Economía un plan de contención, ante la posibilidad de que se vayan más inversiones o se deje de invertir en México, por la nueva administración estadounidense; solicitaron a la Secretaría de la Función Pública hacer cumplir la normatividad en materia de regalos o cortesías sin importar el nivel. Los firmantes expresaron: México ya no puede seguir secuestrado por la corrupción, pública o privada. “Las autoridades tienen que dar respuestas inmediatas a los ciudadanos para hacer frente a la corrupción, fortalecer el Estado de Derecho e informar de forma transparente a la sociedad”.

    Por lo expuesto y por la posición adoptada ninguna de estas organizaciones fue invitada a participar en el supuesto Acuerdo, para no tener que discutir ninguna reacción a las normas impositivas dictadas.

    DE LOS PASILLOS

    Cuatro ex gobernadores mexicanos habrían recibido sobornos de Luis Carlos Castillo Cervantes, “El Rey de los Dragones”, luego de inflar el costo de obras de pavimentación, de acuerdo a un comunicado de la Oficina del Fiscal de Distrito Sur de Texas. Los implicados son Humberto Moreira, gobernador de Coahuila de 2005 a 2011, quien es investigado por diversos casos de lavado de dinero y por recibir sobornos de Los Zetas; Jorge Juan Torres López, quien lo sustituyó como interino entre 2011 y 2012, y está acusado de lavado de dinero; Luis Armando Reynoso Femat, al frente de Aguascalientes de 2004 a 2010, cuyo hijo, Luis Armando Reynoso López, está acusado de lavado de dinero en San Antonio; y Eugenio Flores, quien gobernó Tamaulipas de 2005 a 2010…

    El regreso a clases se sumó a los bloqueos por el gasolinazo con el resultado de intensificar el tránsito citadino en la Ciudad de México. Unas mil personas, incluidas integrantes del Frente Popular Francisco Villa, bloquearon calzada de Tlalpan a la altura de Coruña, en dirección al Centro; otros manifestantes se congregaron en Insurgentes y San Fernando; uno más se ubicó en Marina Nacional y Pátzcuaro. Otros marcharon desde Tláhuac hasta Ermita y Periférico…

    Fiat Chysler Automobiles podría suspender las operaciones en México si los aranceles fijados por un gobierno de Donald Trump sobre los vehículos fabricados en el país e importados a Estados Unidos son demasiado altos, advirtió el presidente ejecutivo de la compañía, Sergio Marchionne, en el Salón del Automóvil de Detroit…

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