“Las leyes mezquinas engendran grandes crímenes”: Marie Louise De La Ramée

La resolución de la corrupción en las administraciones de los tres niveles de gobierno y los poderes Ejecutivo y Judicial es un asunto toral para la vida de la República. El primer obstáculo es la propia cleptocracia dueña en los hechos de los recursos patrimoniales de la Nación, y la red de complicidades que generan la impunidad con la cual operan gobernantes y funcionarios federales, estatales y municipales. La creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) no parece ser suficiente para poner orden en la administración pública federal y local. Ya está contaminado por los partidos políticos el proceso de designación de los nuevos responsables de combatir este cáncer social. Además, evidentemente no existe voluntad política para vencer la impunidad de los gobernantes y ex mandatarios y funcionarios federales, quienes cuentan incluso con protección constitucional.

La propuesta para no quedar designado en automático el titular de la PGR en Fiscal, con la carga de protección hacia los funcionarios del gabinete actual y para el propio Enrique Peña Nieto, trajo un aire de esperanza reforzado solamente cuando se vea quien será su sucesor en la Presidencia. Sin embargo, y puede ser este el renglón al cual se le tenga un temor mayor al provocar un derrumbamiento de falsedades creadas en torno a la campaña presidencial anterior, a la participación de empresarios en ella e incluso explique la aceptación de gobernadores acusados de corrupción y endeudamiento, se presenta el enfrentamiento entre uno de los principales accionistas de Soriana y el mandatario coahuilense Rubén Moreira.

Como suele suceder cuando se realizan construcciones débiles, llamativas solamente por fuera pero sostenidas en los lujos y no en cimientos firmes, basta un movimiento, una sacudida, un aire para verlas caer. Así puede suceder con el “imperio” creado en Los Pinos. Un problema casero, de custodia de un menor de 5 años, marca el arranque. Resulta ser a doña Ángela Hernández Arenas su ex esposo Roberto José Barrios Hinojosa le quitó la custodia del hijo concebido con la intervención de Yezka Garza, procuradora del menor y la familia, y las recomendaciones de la esposa del gobernador, de Carolina Viggiano.

El caso se llevó al grado de lanzar graves amenazas en contra de doña Ángela, producto de su intención de recobrar la custodia del niño. Ante esto, uno de los principales accionistas de las tiendas Soriana, Martín Bringas, se enfrentó al gobernador y a quienes dictaron la medida a favor de don Roberto José y amenazaron a doña Ángela. Como se sabe, estas tiendas otorgaron un sinnúmero de tarjetas con fondos para adquirir mercancía a quienes votaran por Peña Nieto y, en medio del coraje de saber se cometen todo tipo de violaciones e injusticias en la entidad, el empresario enfrenta a los Moreira.

“Vienen los tiempos de terminar su función, vienen los tiempos de juicios, ponga sus barbas a remojar, le aseguro que lo vamos a perseguir, yo personalmente lo voy a hacer, es usted un cínico y un descarado, usted no tiene alma ni ninguna vergüenza”. Agregó claramente: “si no le regresa el niño a esa madre angustiada, más cosas van a salir a la luz y yo me voy a encargar”. Esas “más cosas” tienen señalamiento directo tanto para el Moreira con poder en el presente como para su hermano a quien, a manera de protección para ambos, incluyeron dentro del Consejo Político del PRI.

Con la actitud del empresario se marca la corrupción no somos todos, como imputaría el propio presidente Enrique Peña Nieto, pero si una gran parte de la clase política, sin importar distingos de partidos y esta parte de Soriana enfrentada al poder por cuestiones no comerciales. De decidirse los empresarios a relatar este tipo de adquisiciones y las operaciones sobre Comercial Mexicana de las cuales seguramente tienen información, el cambio, la alternancia en Coahuila sería un hecho y sumaría otra derrota para el tricolor, con lo cual queda en entredicho la afirmación de su líder nacional Enrique Ochoa Reza, serán los triunfadores del 2018.

Siete de cada 10 mexicanos advierten que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses, de acuerdo con la encuesta “Transparencia y Rendición de Cuentas” del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Los políticos son considerados como los personajes menos honestos incluso por debajo de policías y servidores públicos. El 68.8 por ciento de los ciudadanos consultados sostiene la corrupción se concentra principalmente en el sector público y 16.3 por ciento señala al sector privado; sólo 8.1 por ciento apunta que ese mal afecta, sobre todo, a las organizaciones sociales. El centro de estudios documenta la percepción social de la impunidad como factor de la persistencia de actos de corrupción en México.

Este cáncer social se enmarca en una crisis nacional caracterizada por la inseguridad pública y el quiebre de las finanzas nacionales, y se caracteriza por la escasa credibilidad de los liderazgos políticos y la legitimidad de las instituciones. Ante la opinión pública, hoy está muy de moda por la “cruzada” del PRI y el inquilino de Los Pinos contra ella, sumados a los esfuerzos del PAN y el empuje a la candidatura presidencial de Margarita Zavala. Así, se exhiben un día si y otro también a ex gobernadores corruptos, tras abandonar el cargo, como los casos de Veracruz, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Durango, Tamaulipas, entre muchos otros, los cuales parecen más un ajuste de cuentas entre priístas y panistas, que un verdadero interés político por combatir el saqueo a las arcas nacionales.

LA LARGA COLA DE MARGARITA

Al arrancar el quinto año del presidente Enrique Peña Nieto y con la sucesión presidencial adelantada, el tema de la corrupción cobra relevancia porque quienes presumen de honestidad en anuncios en medios de comunicación tienen negros antecedentes que anulan sus baños de pureza mediática. En primer lugar vale la pena destacar al ex presidente Felipe Calderón y, sobre todo, a su esposa, Margarita Zavala, quienes pasaron de ser una común familia de clase media con un patrimonio sumamente modesto, a quienes durante la administración del autollamado “hijo desobediente” les llegó la bonanza y la multiplicación de sus bienes y fortuna al amparo del poder presidencial. De contar en el 2006, con sólo una casa adquirida a crédito y una construcción vecina en obra negra, así como un terreno rústico en Ayapango, Estado de México, y una cuenta bancaria con tan sólo un millón de pesos, al cierre de su sexenio contaban con diversas propiedades adicionales: una casa contigua a la casa familiar en la Ciudad de México, cuatro departamentos, dos a nombre de Felipe y dos a nombre de Margarita; un estudio del ex mandatario; y un chalet de descanso en Ayapango de 255 metros cuadrados, construido en un terreno de poco más de cuatro hectáreas ubicado al pie de los volcanes Popocatépetl e Iztacíhualt . Propiedades destacadas por la revista Proceso.

Todos los bienes y fortuna de los Calderón-Zavala y varios de los familiares como Diego Hildebrando Zavala, hermano de Margarita, se construyeron a través del influyentismo político, en prácticamente un periodo de sólo seis años y permanecieron en la opacidad hasta la revelación de las ambiciones presidenciales de la ex primera dama del país. La presunta honradez de la principal aspirante del PAN a la Presidencia de la República es solamente un ardid publicitario conocido por muchos y oculto, hasta hace poco, a la opinión pública nacional.

Dentro de esas estrategias figuró una considerada como máxima en virtud de presentarse como un capítulo más de la telenovela La Candidata en la cual la protagonista aparece como una mujer muy valiente dispuesta a enfrentarse a la familia, a los padres, a los suegros, al marido, con tal de lograr el cambio y erradicar la corrupción. Resulta en la Feria de Libro, llevada a cabo en Guadalajara, tuvo lugar un reclamo hecho por el joven Francisco Rubén Rodríguez Velasco, quien expuso a la presentadora del libro “Margarita, mi Historia”, una cartulina con el texto: “Su esposo le arrebató la vida a mi padre. ¿Usted quiere arrebatármela a mí?”. Del evento sólo dijo fue consecuencia de un enfrentamiento a balazos y después de 10 años ninguna autoridad le ha dado explicaciones ni ha presentado a los culpables. El siguiente paso fue la farsa en su plenitud. Doña Margarita, maternalmente, le pidió sentarse a dialogar y ambos estuvieron en el ánimo de sacarse la foto. Y con eso tuvieron para el largo argumento.

Como la vergüenza ha pasado de moda, los Calderón no tuvieron ningún empacho en lucir a bordo de un yate de lujo, la complicidad existente con la familia campechana de apellido Mouriño, con los padres, los hermanos y la parentela del fallecido Juan Camilo. En El Delfin, nos dicen, llevaron a cabo la discusión sobre el respaldo para doña Margarita en sus aspiraciones presidenciales. Apoyo dado por un hecho al tenerse en cuenta la serie de beneficios al español avecindado en Campeche. Por lo pronto y para el despegue utilizan la plataforma “Yo con México”, la cual también se ha presentado en Quintana Roo, entidad en la cual la ex pareja presidencial es dueña de la Isla de la Pasión en Cozumel, propiedad seguramente transparentada por el gobernador actual Carlos Joaquín González, al ser adquirida a precios muy bajos y en los tiempos de función de sus antecesores.

EMPRESARIOS CONSENTIDOS DE EPN

La corrupción también ha florecido alrededor de Enrique Peña Nieto desde los tiempos en que despachaba en el Palacio de Gobierno del Estado de México. Un selecto grupo de empresarios ha visto acrecentar su fortuna a la sombra de Los Pinos en tan sólo cuatro años, a través de la diversificación de sus negocios a prácticamente todas las áreas en la cuales el gobierno federal asigna contratos. Este compacto grupo de patrones del Estado de México, quienes han acumulado fabulosas fortunas, participa en las obras públicas, en la venta de desayunos escolares, en el sector energético y hasta en guarderías subrogadas. Operan carreteras y puertos, tienen líneas de autobuses, camiones de carga, aviones, medios de comunicación y hospitales públicos, hasta un banco y hoteles de gran turismo en playas, una compañía telefónica y gaseras.

Algunos de estos empresarios favorecidos ampliamente por el peñanietismo figuran entre los más ricos de México, de acuerdo a los datos de la revista Forbes: Carlos Hank Rhon y su familia tienen una fortuna personal de 2 mil 100 millones de dólares y al menos 32 empresas. Tan sólo Carlos Hank González, hijo de Carlos Hank Rhon, posee una gran riqueza propia y preside el Grupo Financiero Banorte; David Peñaloza Alanis cuenta con un capital de mil 500 millones de dólares y alrededor de 30 empresas. A ellos se le suman Juan Armando Hinojosa Cantú, quien tiene al menos 11 empresas; Roberto Alcántara Rojas con 13 compañías; los hermanos Ernesto y Anuar Maccise Uribe, con 29 empresas; Alfredo Miguel Afif, con 10 compañías; Carlos Peralta Quintero con 27; y Roberto San Román, con al menos ocho.

La mayoría de estos multimillonarios son relacionados con el Grupo Atlacomulco y su cercanía con Peña Nieto es muy conocida, y han sido señalados en los escándalos que mancharon la imagen presidencial: Hinojosa por la llamada Casa Blanca; San Román por la casa de Ixtapan de la Sal; y Miguel por las oficinas de transición. Juntos poseen más de 145 empresas, con las cuales acumulan concesiones de transporte, extracción de agua, producción de electricidad, permisos aduaneros y de importación, usufructúan playas y son proveedores del gobierno en muchos rubros, como la venta de seguros, que les deja multimillonarias ganancias alimentadas por el erario nacional.

En conjunto, suman al menos 11 mil millones de pesos en contratos, pero la cifra real es mucho más elevada pero difícil de conocer por la dispersión de los datos en el gobierno federal y la franca opacidad en torno a estos negocios. Lo suficientemente claro a raíz de todos los escándalos enunciados es el alejamiento de doña Angélica Rivera de los reflectores. No se le ve, como acostumbraba durante los primeros tres años de mandato del mexiquense, aparecer en las portadas de las llamadas revistas del corazón, ni siquiera en otros medios informativos y, sobre alguna declaración no hay, desde entonces por lo menos aquellas sobre felicitaciones o ligados a la farándula.

Dirigentes políticos quienes en las últimas semanas se han llenado la boca hablando de honestidad, han sido favorecidos con la impunidad y la opacidad oficial. Destaca el caso del actual dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, cuya honradez está bajo sospecha por la liquidación de 1.2 millones de pesos que cobró tras renunciar a la dirección de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Este ilegal pago no fue el único pues sus principales colaboradores recibieron también de manera irregular jugosos finiquitos.

Hubo al menos 24 beneficiarios de estas liquidaciones y privilegios en la CFE, que suman casi 16 millones de pesos, entre los que se cuentan secretarias, abogados, administrativos y asesores de Ochoa Reza, quienes no obstante no cumplían con la antigüedad para tener derecho a una liquidación, toda vez que renunciaron voluntariamente, la obtuvieron y la cobraron. Las liquidaciones fueron desde varios centenares de miles de pesos, hasta más de dos millones de pesos, que fue lo que extrañamente recibió la secretaria particular de Ochoa Reza, Myrna Yvet Torres Camacho.

Los manejos de Ochoa Reza al frente de la CFE también han sido cuestionados. Tan sólo a una empresa le otorgó casi 500 millones de pesos en dos contratos sin licitación. El año pasado, la Comisión Federal de Electricidad otorgó a la consultora Bain and Company dos contratos para elaborar un plan de negocios a cinco años y “acompañar” la transición de empresa eléctrica del Estado a empresa productiva del Estado. Aunque todo esto no lo reprimió para expresar su partido ganará los comicios de los próximos dos años postulando a hombres y mujeres de honestidad probada y su candidato a la presidencia en el 2018 “será un militante de prestigio”.

GOBERNADORES CORRUPTOS

En la exhibición de la cleptocracia a nivel nacional destaca con mucho el caso del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien encabeza la deshonrosa lista de mandatarios ladrones y rapaces, a pesar de que no hace mucho fue el ejemplo de los gobernadores surgidos del nuevo PRI, presumido públicamente por Enrique Peña Nieto, quien ahora no se acuerda de la serie de alabanzas endilgadas. Este ex mandatario ahora prófugo y por quien la PGR ofrece una jugosa recompensa -15 millones de pesos-, dejo tras de si una estela de criminalidad, corrupción, pobreza y crisis financiera generalizada en la entidad, hoy al borde de la ingobernabilidad. El daño económico dejado por el sucesor de Fidel Herrera es inmenso. La Auditoria Superior de la Federación ha presentado 54 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República tan sólo por irregularidades detectadas en la Cuenta Pública de 2014, las cuales ascienden a 35 mil millones de pesos. La suma sin duda aumentará cuando se vaya revelando la información de las cuentas públicas de 2015 y 2016.

La moneda de cambio del PRI con el PAN para el caso de Duarte de Ochoa en Veracruz lo es sin duda Guillermo Padrés, ex gobernador en Sonora, quien dejó una deuda estatal de al menos 30 mil millones de pesos y un adeudo a proveedores por más de 7 mil millones de pesos, y se le acusa de desvío de recursos federales, la existencia de dobles nóminas, y el quiebre de las finanzas públicas. Las acusaciones contra el ex mandatario panista aún no se completan y siguen revelándose más irregularidades en su administración.

Otro ex gobernador al que la justicia le pisa los talones es César Duarte, ex mandatario de Chihuahua, a quien se la acusa de desfalco a las finanzas públicas de la entidad. La deuda estatal la incrementó de 12,547 millones hasta 48,214 millones de pesos y dejo un déficit presupuestal de 7 mil millones de pesos. El gobierno de Chihuahua integró de 10 a 15 denuncias penales en contra de la administración del priísta. En semanas pasadas, la actual gestión panista dio a conocer que durante el gobierno de Duarte se crearon empresas fantasma para depositar millones de pesos a proveedores por adjudicación directa. La Secretaría de la Función Pública informó que más del 60 por ciento del presupuesto ejercido se adjudicó directamente a proveedores. De los 5 mil millones de pesos de inversión en 2015, 2 mil 900 millones se ejercieron sin garantizar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y financiamiento.

Un caso diferente lo es el del ex gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, quien todo parece indica cuenta con la protección del actual inquilino de Los Pinos, pues tan sólo se le investiga por la entrega de “incentivos” ilegales a la armadora de autos coreana Kia por un monto de 3,680 millones de pesos, además de irregularidades en la compra de bienes inmuebles que serían donados a la misma empresa por 1,085 millones de pesos. A la lista se le suman otros ex mandatarios como el de Durango, Jorge Herrera Caldera, o el de Quintana Roo, Roberto Borge.

DE LOS PASILLOS

La estrategia contra el narcotráfico no ha funcionado, ha dejado miles de muertos y desparecidos y el saldo final “no es precisamente el mejor resultado”, aseguró Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Es hora de hacer un balance de diez años, e indudablemente es hora de cambiar algo que estamos haciendo mal”, dijo al inaugurar el foro “Hacia una mejor política de drogas: lecciones de una experiencia práctica”, que se realizó en el auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Graue destacó: “en diciembre estamos cumpliendo diez años de haberle declarado la guerra al narcotráfico.

Son diez años ya de esta confrontación, una confrontación que ha dejado 150 mil muertos, 28 mil personas desaparecidas”. La guerra tiene otros efectos colaterales: “nos ha traído inseguridad y ha puesto de manifiesto la corrupción que ya estaba antes ahí, pero se ha hecho muy manifiesta”, subrayó el rector…

La Tercera Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (Enve) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló el costo por los delitos que se cometen en México contra las empresas o unidades económicas se incrementó 16.7 por ciento durante el último bienio. Aproximadamente 1.6 millones de empresas, de las 4.5 millones existentes en el país, fueron víctimas de algún delito durante el 2015. El 40.7% del sector comercio dañados por la comisión de diferentes delitos, mientras entre industriales representó 31.7% y 30.4% correspondió al sector servicios. ..

Dos puntos de la carretera que comunica a la región de la sierra en Chiapas fueron bloqueados por miembros de la organización Luz y Fuerza del Pueblo en protesta por las altas tarifas de energía eléctrica. La circulación fue interrumpida en la vía Huixtla-Motozintla, en dirección a la costa de la entidad, y la carretera Motozintla-Mazapa de Madero, hacia la sierra fronteriza. Los manifestantes protestaron por lo altos cobros de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y por los constantes apagones de energía en esa zona…

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