El senador panista Jorge Luis Preciado puso a la Cámara de Senadores y a todo el país de cabeza y nerviosos con la iniciativa que presentó el pasado jueves 6 ante el pleno de ese cuerpo legislativo.
Nada más se le ocurrió al senador panista representante del Estado de Colima, famoso por sus fiestas familiares en la terraza del Senado y sus reventones en su tierra, presentar una iniciativa que, en términos generales si se aprobara, permitiría a los ciudadanos tener armas de fuego fuera de su casa (en su negocio o en su automóvil) para resolver el problema de la inseguridad. La propuesta de Preciado requiere de una complicada reforma al artículo 10 de la Constitución y modificaciones sustanciales a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Sostiene el senador que la situación de inseguridad que priva lo amerita ya que la iniciativa busca “que los delincuentes sepan que sus víctimas pueden estar armadas y actuar en legítima defensa”, lo que los desalentará de cometer atracos.
Preciado citó como antecedentes a la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y, agregó, que el negocio y el automóvil serían una extensión del domicilio particular.
Manifestó que el Estado mexicano ha fracasado en su propósito de proteger a los ciudadanos de la delincuencia y exhibió datos del número de asaltos y homicidios que ocurren en México en comparación con los del vecino país, sin comentar la ola de violencia que existe allá por la proliferación de armas. Explicó que se tendrían que cubrirse algunos requisitos como exámenes sicológicos y físicos, así como revisiones a sus récord criminológico para autorizar que las personas puedan portar armas en su casa, en su negocio o en su auto. Además, dijo que el país estaba ya inundado de armas que llegaron ilegalmente. Las reacciones a la propuesta no se hicieron esperar y su partido lo dejo solo.
Pero no solo los panistas pusieron el grito en el cielo, para perredistas y petistas esto, dijeron, equivaldría a que la gente se hiciera justicia por su propia mano lo que es combatir la violencia con violencia, “México no es el Viejo Oeste”, manifestó el diputado Jesús Zambrano. El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, cuestionó severamente la posibilidad de portar armas y, por el contrario, insistió en que se vuelva más estricta la portación. Algunos como el comisionado de Seguridad Pública de Nezahualcóyotl, Jorge Amador, sostuvieron que la medida incrementaría el número de homicidios. No faltaron, sin embargo, quienes se manifestaron a favor de la iniciativa como el diputado priista Alejandro Guevara, siempre y cuando sea de acuerdo ciertas regiones del país y se especifique el arma.
Lo ocurrido nos hizo recordar viejos tiempos cuando los políticos andaban armados y se exhibían por todos lados con sus “fuscas a la cintura”. Allá por los lejanos años veintes y treintas, cuenta la leyenda que en cada legislatura, una vez que se tomaba protesta a los nuevos diputados, estos salían a la calle con sus pistolas para hacer algunos disparos al aire con el único objeto de “darle una probadita al fuero”. La policía se hacía ojo de hormiga y mejor no se metía en líos. Eran épocas en que los políticos, particularmente los señores diputados, no podían prescindir del sombrero texano y de la pistola. Llegar a la Cámara sin arma no era de buen gusto y la costumbre era acudir a las sesiones empistolado. Las consecuencias de esto fueron muy infortunadas, pues no se limitaron a pleitos un poco subidos de tueste, sino en varias ocasiones a verdaderas tragedias.
En 1921 durante una sesión legislativa el líder obrero Luis N. Morones fue herido en una pierna por un diputado norteño que llevó la peor parte, pues Morones con mejor tino le dio en la cabeza y falleció. Nadie se acuerda de cuál fue el motivo del pleito ni del nombre del occiso. El fuero protegió a Morones, lo que le permitió tener una larga y exitosa carrera sindicalista. Para 1931, durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, en una sesión de la Comisión Permanente los ánimos se calentaron en exceso y se armó una trifulca que culminó en balacera en la que resultó muerto el diputado Manuel H. Ruiz y gravemente heridos los diputados Sebastián Allende y Esteban García. El cadáver de don Manuel quedó tirado junto a su curul y su pistola.
Con el rompimiento político entre el presidente Lázaro Cárdenas y el Jefe Máximo de la Revolución, Plutarco Elías Calles, el Congreso se convirtió en el principal escenario del debate durante la crisis que provocó el enfrentamiento entre ambos personajes. Había bloques callistas y cardenistas que debatían diariamente con pasión en defensa de su respectivo jefe y sucedió lo inevitable pues sus posturas eran irreconciliables. En la sesión camaral del 11 de septiembre de 1935 de los insultos y las amenazas se pasó a las pistolas y se armó tal tiroteo que Elliot Ness y sus Intocables lo hubieran envidiado. El fuego fue cruzado e intenso, algunos diputados alcanzaron a salir del Salón de Sesiones pero la mayoría tuvo que tirarse pecho a tierra y sin poder moverse. El saldo fue trágico pues murieron los diputados Manuel Martínez Valadez y Luis Méndez y nunca se supo, a ciencia cierta, cuantos resultaron heridos pues casi todos prefirieron recibir atención médica “privada”.
El nuevo Reglamento de Debates del Congreso prohibió la introducción de armas al Recinto, pero no fueron muchos los que lo acataron y algunos que siguieron con mucho lujo exhibiendo sus pistolas, como el famoso “Alazán Tostado”, Gonzalo N. Santos, quien cotidianamente colocaba dos revólveres encima de su pupitre. Nadie le decía algo a don Gonzalo pues la fama que corría era de que él si las sabia usar y las usaba. Otro que burló la vigilancia y que, lamentablemente, disparo su arma para suicidarse en plena tribuna camaral fue el oaxaqueño Jorge Menxueiro , que lo hizo en protesta de habérsele negado su credencial de diputado en 1943. Con el tiempo fue disminuyendo la costumbre de los legisladores de portar armas, pero todavía en tiempos del presidente Echeverría el diputado y líder obrero Chema Martínez causo pánico en la Cámara, cuando al bajar de la tribuna después de un álgido debate se le cayó la 45mn al suelo y no se supo si fue mero accidente o traía otras intenciones, por lo pronto varios salieron corriendo.
En los últimos años del siglo pasado fueron menos los políticos que siguieron portando pistola en forma visible. Recordamos a don Rubén Figueroa que había sido secuestrado por el guerrillero Lucio Cabañas y que, después de liberado, nunca prescindió de usarla muy a la vista. En una ocasión durante un viaje de trabajo a Japón armó gran revuelo con la policía nipona, pues aunque sus ayudantes contaban con permiso de la Sedena para llevar armas, don Rubén las exhibía notoriamente y los japoneses se alarmaron y no lo dejaban salir de la aduana. El embajador de México, Javier Olea, tuvo que hacer maravillas para que las autoridades entendieran la situación. Francisco Galindo Ochoa, todavía en los años noventa, usaba pistola excepto para ir al “Champs–Élysées ”. Pero tenía la costumbre de colocar un pistolón sobre la mesa de trabajo de su oficina para amedrentar a su interlocutor, cuando este no era de su agrado. Nunca se supo que Galindo llegara a usarla.
Los políticos ya casi no usan armas, ahora las traen sus escoltas y los padecemos todos. Pero a veces se antoja que se permitiera dejarnos a los ciudadanos de a pie traer armas y convertirnos en vengadores anónimos. Todos o alguien de nuestra familia hemos sido víctimas de delincuentes, son muy pocas las excepciones y cada día se pone peor, sino que lo digan los nuevos asaltos en el Periférico y los secuestros exprés en Santa Fe, pero aprobar barbaridades como la propuesta de Preciado seria retroceder doscientos años, aunque haya trumpistas que la apoyen.
jcrh