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    VERCRUZ, VERACRUZ.- El exgobernador Javier Duarte sigue siendo el hombre más buscado del país en los últimos meses, luego de retirarse del cargo y ser acusado de corrupción, tráfico de influencias y dejar un quebranto millonario en Veracruz.

    Aún sin comparecer ante las autoridades correspondientes, el ex mandatario no cuenta con respaldo político ni legal tras ser expulsado de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de concluir oficialmente su administración, el pasado 1 de diciembre.

    Duarte comenzó a ser noticia desde que se postuló al gobierno veracruzano cuando ya era señalado por fraudes millonarios. Sin embargo, este año las acusaciones tomaron notoriedad durante las campañas electorales para renovar la administración estatal.

    Miguel Ángel Yunes, entonces candidato del PAN-PRD, inició los cuestionamientos hacia su administración, en donde lo acusaba de fraude financiero a costa de las finanzas veracruzanas.

    La posterior derrota electoral, el 5 de junio pasado, donde Veracruz, un estado eminentemente priista, pasó a manos de la oposición, dejó más en la indefensión al entonces gobernador, pues su predecesor anunció que se iría al fondo para castigar a los responsables del fraude millonario y acusó directamente a Duarte como el orquestador de ello.

    Con todo en contra, Duarte, que inició su administración el 1 de diciembre de 2010, alegó cuestiones personales y solicitó licencia al cargo, según él, para responder a las imputaciones que se le hacían y se dijo libre de toda responsabilidad. Negó el fraude millonario a la entidad, también poseer propiedades y tener prestanombres.

    Una vez que el Congreso local le concedió la licencia, Duarte desapareció de la escena política y prácticamente del país, del que hasta entonces se desconoce su paradero.

    Duarte fue expulsado del PRI al enfrentar acusaciones en su contra respecto del manejo de los recursos públicos, en el pasado mes de octubre, así como investigaciones de la PGR por cargos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.

    A raíz de este señalamiento, se evidenciaron contratos de la administración estatal con supuestas “empresas fachadas” de lo cual, el Servicio de la Administración Tributaria (SAT) refirió en su momento que se investigan 34 empresas “fantasma” involucradas, 3 mil 300 millones de pesos en contratos, 34 funcionarios y personas relacionadas.

    Flavino Ríos, quien lo sustituyó en el cargo, aseveró que se actuaría con apego a la ley en el caso Duarte. Sin embargo, su gestión concluyó el 30 de noviembre pasado y no hubo resultados al respecto. Al asumir Miguel Ángel Yunes como gobernador de Veracruz, el pasado 1 de diciembre, dijo que una de sus primeras acciones sería castigar a los responsables del quebranto financiero de la entidad.

    Asimismo, anunció la recuperación de inmuebles y recursos por un valor superior a los mil 250 millones de pesos para el estado.

    En su mensaje, ya como gobernador de la entidad, precisó que entre estos inmuebles se encuentran residencias, la tercera parte de un rancho de Valle de Bravo, inmuebles en Coatepec, Alvarado, Xalapa y en otras poblaciones del estado, así como un avión y un helicóptero.

    Yunes Linares presentó escrituras públicas de dichos inmuebles, así como un cheque por 250 millones de pesos (la primera parte) de un total de 421 millones de pesos que fueron recuperados por la Procuraduría General de la República (PGR) y que serán devueltos al estado.

    En los últimos meses, la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación por el delito de enriquecimiento ilícito en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y otras personas, iniciada en dicha entidad.

    Esto se derivó de la filtración de información ministerial, en la cual la PGR solicitó a la Dirección de Catastro y Valuación de Veracruz, datos sobre 35 empresas y 34 personas vinculadas con el mandatario local, en el desvió de recursos públicos.

    La atracción de la indagatoria se consumó el pasado 19 de septiembre cuando se obtuvieron las carpetas de investigación correspondientes. Posteriormente, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), cumplimentó cinco órdenes de cateo en diversos inmuebles relacionados con Duarte de Ochoa y otros implicados en la investigación.

    En un comunicado, la dependencia precisó que los domicilios cateados están ubicados en las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Coyoacán de la Ciudad de México.

    Como resultado de las investigaciones, mencionó que se han asegurado 112 cuentas bancarias de personas físicas y/o morales; dos inmuebles en las colonias Lomas de Chapultepec y Polanco, en la Ciudad de México.

    También, un rancho de 92 hectáreas denominado Las Mesas, ubicado en el poblado del mismo nombre en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, y un terreno de unos 630 hectáreas en el ejido de Lerma, estado de Campeche, además de cinco empresas con diversas actividades económicas, entre ellas dos inmobiliarias.

    La dependencia señaló qué hay dos carpetas de investigación contra Duarte de Ochoa y toda una red de presuntos implicados. A esas se integraron otras dos que fueron atraídas y había iniciado la Fiscalía General del Estado de Veracruz, por enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.

    El procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, destacó que se realiza una investigación profesional en el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por lo cual ya se pudieron regresar 421 millones de pesos a dicha entidad.

    El funcionario comentó que las indagatorias se realizan en diversos países como son Estados Unidos, Costa Rica y España. La PGR ofrece hasta 15 millones de pesos a quienes aporten información para localizar y detener a Duarte de Ochoa, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten.

    con información de Notimex

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