WASHINGTON.- Un acto de «crueldad»  contra las comunidades de inmigrantes constituye las nuevas directrices migratorias de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al abrir la puerta a «deportaciones masivas» sostiene el diario The Washington Post.

En su principal opinión institucional, el rotativo estadunidense calificó como “infundadas” las afirmaciones del secretario de Seguridad Nacional (DHS), John Kelly, sobre la existencia de un “repunte” de la inmigración indocumentada desde México.

“El documento envía un mensaje de miedo a muchas comunidades de inmigrantes en Estados Unidos, no sólo a los 1.1 millones de inmigrantes no autorizados, sino a sus esposas, a sus niños y a otros parientes viviendo legalmente en Estados Unidos”, señaló.

“Las políticas de la administración Trump dividirán a las familias y perjudicarán a las personas que viven vidas pacíficas”, remató el diario.

The Washington Post destacó entre las nuevas medidas el planteamiento de que los solicitantes de refugio procedentes de América Central sean deportados a México para esperar las audiencias de sus procesos de asilo.

“Eso dependerá de la coordinación con las autoridades mexicanas, una cooperación que puede verse atenuada por la hostilidad del señor Trump y su insistencia de que México pague por un muro que vehementemente rechaza”, señaló el periódico.

En contraste, el diario saludó la decisión de la administración Trump de exentar por ahora de las prioridades de deportaciones a los 750 mil jóvenes indocumentados beneficiarios del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).

“Aunque esto es positivo, en otros aspectos existe una vena de crueldad en toda la nueva política”, acotó.

Aunque el DHS negó que sus nuevas directrices migratorias resulten en redadas, la Casa Blanca estimó que al menos un millón de inmigrantes indocumentados podrían ser deportados del país bajo las reglas actualizadas.

El DHS amplió la lista de inmigrantes indocumentados cuya detención y deportación será prioritaria bajo la orden de Trump y a ejecutarse por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

La lista incluirá a indocumentados acusados de cualquier delito que no haya sido resuelto; los que hayan cometido actos que constituyen un delito que puede ser encauzado penalmente; quienes hayan cometido fraude contra el gobierno federal o hayan abusado de programas federales de asistencia pública.
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