CIUDAD DE MÉXICO.- Cuando comenzó a generarse el fenómeno político en torno a la deportación de cientos -ahora- y después miles de inmigrantes mexicanos, «surgió» la pronta respuesta de las autoridades mexicanas en torno a tender una línea de «apoyo» que dentro del Gobierno Federal habla elocuentemente de los beneficios que aportan los programas sociales.
Desarrollo social, vivienda, salud -porque tienen derecho a ello- dijo en su oportunidad Osorio Chong respecto del programa que «busca» brindar a mexicanos repatriados facilidades para encontrar empleo adecuado y la reinserción en su comunidad. «Que los connacionales sepan de sus derechos y apoyos con los que cuentan al regresar».
Pero la realidad es distinta, la Auditoría Superior de la Federación ha detectado un daño a las finanzas públicas que asciende a 10 millones 315 mil 415 pesos, que deberían haberse aplicados a los programas de atención a migrantes; seis millones 756 mil 479 corresponden al programa federal operado por la Secretaría de Desarrollo Social denominado 3×1 Migrantes y tres millones 558 mil 936 pesos al Fondo de Apoyo a Migrantes del gobierno de Michoacán.
Dicho de otra forma, le han»bailado» algo más de diez millones de pesos a los migrantes. El pretexto son los connacionales y gente vivaz y con marcado espíritu de «inversión» que ha birlado al erario un dinero que debía aplicarse en pro de quienes se vieron en la necesidad de retornar a su país.
Entre las observaciones que podrían implicar un daño al erario se encuentran un pago en exceso por 666 mil 800 pesos por concepto de honorarios en las oficinas centrales de la Sedesol dedicadas a la atención de 3×1 Migrantes y en las delegaciones de Hidalgo y Guanajuato.
También se destacó que no se remitieron las listas de recibo que amparen pagos por un millón cinco mil 600 pesos, destinados a impresión y distribución de materiales, y no se acreditó la entrega de impresos que implicaron un gasto de 595 mil pesos, así como de artículos promocionales, cuyo costo ascendió a un millón 209 mil pesos.
Por erogaciones para la contratación de congresos y convenciones se detectaron pagos por 118 mil 300 pesos sin contar con la autorización del servidor público facultado y se pagaron diversos servicios por un millón 709 mil 100 pesos sin contar con la justificación de los criterios de “economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia”.
¿Es así como se hará frente a la corrupción y poner a buen recaudo a esos vivales que medran en economías ajenas?. Los gobernantes y demás autoridades, han perdido todo destello de vergüenza y olvidando sus principios se han convertido en pillos de cuello blanco.
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