MÉXICO.- La nueva versión de un reporte de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el desempeño de los involucrados en la investigación del caso Ayotzinapa, rechaza un trabajo anterior que halló que esos mismos funcionarios habían roto la ley por un mal manejo de algunos sospechosos y de la evidencia.

El informe original describía serias fallas en la investigación, como el arresto ilegal de sospechosos clave, por lo que amenazaba los fundamentos del caso legal del gobierno.

Ese primer informe, además, representaba la primera vez que el gobierno reconocía que hubo errores en la pesquisa. El nuevo informe, a cargo de otro funcionario, aminora el efecto de estas violaciones, y la versión oficial queda intacta.

Este nuevo reporte sobre el caso Ayotzinapa se da a conocer a casi dos meses de que se reveló una primera versión del mismo documento.

Las acciones de los investigadores fueron solo violaciones “técnicas”, dice el nuevo documento, preparado por el inspector general de la Procuraduría General de la República y el cual fue entregado el jueves 9 de febrero a los familiares de los estudiantes desaparecidos.

El informe final “es un claro ejemplo de que está cubriendo algo y diluyendo” las responsabilidades de los investigadores, dijo Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y quien representa legalmente a las familias.

“Sentimos que la prioridad del gobierno ya no es encontrar la verdad sobre lo qué pasó con los estudiantes, sino que están más preocupados con esconder las razones detrás de un encubrimiento histórico”, añadió Patrón.

La desaparición de los estudiantes sacudió al gobierno de Peña Nieto y se convirtió en un emblema de la incapacidad de México de proveer seguridad a sus ciudadanos. Expertos externos cuestionaron el manejo de la investigación por parte del gobierno en las semanas después de que los estudiantes desaparecieran, el 26 de septiembre de 2014.

con información de agencias y The New York Times

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