MÉXICO.- El pasado 18 de enero, un jovencito de 15 años sacó una pistola y le disparó a su maestra y a tres compañeros. Después se quitó la vida. Cursaba el tercer año de secundaria en un colegio privado de Monterrey, Nuevo León. Como era de esperarse, esta caso cimbró al país, pero no es el primero en su tipo.

Cifras del Inegi, indican que un total de 38 menores de edad, murieron en diferentes planteles escolares por amas de fuego entre el 2000 y el 2015.

Este total, representa el 0.48% de los 7 mil 800 homicidios de niños por arma de fuego registrados en el mismo periodo y quiere decir que, en promedio, cada año dos niños pierden la vida por esa razón en escuelas.

Pero en lo que se refiere a violencia escolar, las agresiones por arma de fuego sólo son parte del problema.

Cifras oficiales indican que el número de menores de edad que murieron a causa de arma de fuego en escuelas e instituciones públicas se disparó en 2010, año identificado como el más violento de la guerra contra el narcotráfico. Tan sólo en ese año murieron 12 menores de entre 0 y 17 años.  En contraparte, de los mil 57 homicidios de menores que se registraron en 2015 en el país, seis ocurrieron en escuelas, pero sólo dos fueron a causa de arma de fuego.

A 12 días de la tragedia, autoridades y escuelas de distintos estados decidieron implementar medidas para protegerse de una situación similar. Protegerse, irónicamente, de los propios alumnos. El abanico de opciones es amplio. Arcos de detección de metales, sistemas de video vigilancia, operativos de revisión y hasta la sustitución de la mochila por un dispositivo USB.

Curiosamente organizaciones como la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) y algunos estudiosos coincidieron que operativos como el llamado «Mochila Segura», no es la solución.  Para Juan Martín Pérez García, director del organismo no gubernamental, las medidas como esta iniciativa sólo polarizan la violencia y no arrojan resultados.

De acuerdo con la recomendación 21/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), acciones como las revisiones a las mochilas de estudiantes violenta el derecho de éstos a la intimidad, la seguridad jurídica y la no discriminación.

También dejan de lado el principio de presunción de inocencia, pues criminalizan a toda la comunidad estudiantil al suponer que cualquier estudiante puede ocultar un arma en su mochila, convirtiéndose así en un potencial agresor.

Pese a estos posicionamientos, al menos 18 estados realizan actualmente el operativo; 12 lo hacían desde el sexenio pasado y seis más se sumaron luego de lo sucedido en Monterrey.

jcrh