Aquel que comparte la opresión, comparte el crimen”: Erasmo Darwin
El régimen de Enrique Peña Nieto se niega a reconocer la crisis de derechos humanos en México, derivada de una violencia inédita, una macrocriminalidad, graves violaciones a los derechos fundamentales: tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales; una impunidad sistemática en todo el territorio nacional y elevados índices de corrupción. Han pasado 10 años de la denominada “guerra contra el crimen organizado” y es evidente su fracaso: la violencia no ha disminuido, las instituciones policiales no se han fortalecido y la impunidad es generalizada. Hay, sin duda alguna, un repunte criminal y de reclamo a autoridades locales por inacción ante delincuencia y falta de profesionales. El mexiquense no cumplió sus promesas y compromisos para el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad y, por el contrario, empuja la creación de un marco legal ad hoc para el Ejército y la Marina normalizando el Estado de excepción bajo el concepto de la seguridad interior.
El sexenio actual podría terminar con cerca de 130 mil asesinatos. Tan sólo entre 2007 y 2015 se reportaron 152 mil muertes violentas, las cuales exceden con mucho las cifras propias de conflictos bélicos. Las policías, el Ejército y la Marina emplean la fuerza letal de manera desproporcionada. Se acumulan los casos como Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, La Calera, entre otros, por los cuales las actuales autoridades federales y estatales deberán ser juzgadas en su momento. Estas graves violaciones a los derechos humanos se perpetran, repiten y crecen debido a la alta impunidad prevaleciente en todo el país. El 98 por ciento de los delitos cometidos y denunciados quedan sin resolver. La corrupción, por su parte, continúa a la alza y sus costos económicos se elevan hasta el 9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
Peña Nieto encabezó este martes la última sesión del año del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el salón de la Tesorería del Palacio Nacional, con la participación de los gobernadores de todo el país, el gabinete federal de seguridad y representantes de la sociedad civil, en donde se hizo un balance a modo de la criminalidad y las estrategias para combatirla, así como de las medidas acordadas en la sesión de agosto pasado. Se recordó entre enero y octubre de este año, las procuradurías y fiscalías estatales iniciaron 17 mil 63 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso, cifra 21 por ciento más alta que la registrada en el mismo periodo del año pasado. El secuestro es otro delito de alto impacto creciendo en el país, pues mientras en los primeros 10 meses del año pasado se registraron 689 casos a nivel estatal, este año suman 904 en el mismo lapso, lo cual representa un incremento del 4 por ciento. Pero ahora, Presidencia de la República sostiene: en los primeros 10 meses de este año los homicidios dolosos en el país disminuyeron 6.9 por ciento y en aquellos municipios no incluidos dentro del medio centenar para los cuales se diseñó una estrategia específica de combate a la violencia (con más de 100 mil habitantes), esa reducción fue, dicen, de 9 por ciento.
Ante la contundencia de las cifras, incluso las oficiales, en la anterior sesión del Consejo, realizada el 30 de agosto pasado, tanto el jefe del Ejecutivo como el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong –distraído con su precandidatura presidencial- admitieron el repunte criminal y anunciaron una estrategia en los 50 municipios más violentos. A pesar de todo, los funcionarios federales insisten en que su estrategia está funcionando en algunas entidades, pero reconocen la necesidad de fortalecer las instituciones locales de seguridad y justicia. Lo mismo hicieron en la 41 sesión en donde participaron como oradores el titular de la Segob; los gobernadores de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras; de Querétaro, Francisco Domínguez; del Estado de México, Eruviel Ávlia, y el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera. Por la sociedad civil intervino Adelina Lobo Guerrero, de Ánimos Novanid, y el catedrático de la Universidad Veracruzana, Alberto Olvera.
EPN INSISTE EN LA MILITARIZACIÓN
Peña Nieto urgió a rediseñar el modelo policial para atender la demanda ciudadana de mayor seguridad y combatir eficazmente a los criminales. “Es indispensable rediseñar el modelo policial del país, y para ello se requiere en primer lugar contar con el marco jurídico adecuado”. Se justificó señalando: “en el México de 2016 no se puede combatir eficazmente a los grupos delictivos con herramientas legales e institucionales que datan de los años 80 o 90. El sistema actual, en muchos de sus ámbitos y aspectos, resulta francamente obsoleto”. Y para actualizar el modelo, el mexiquense insistió en su iniciativa de reforma constitucional de Mando Único o Mixto para contar con policías locales sólidas, con criterios homologados para su profesionalización, equipamiento y actuación.
El inquilino de Los Pinos presionó en regular la actuación subsidiaria de la Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad. “Por ello, es preciso contar con una Ley de Seguridad Interior que regule la participación de nuestros efectivos militares. Reitero nuestra plena disposición a trabajar con los legisladores en el diseño de esta ley que dará certeza jurídica a nuestros soldados y marinos tanto en su acción individual como en el plano institucional”, señaló.
Osorio Chong siguió culpando a los gobiernos estatales de la inseguridad. En su participación indicó las Fuerzas Armadas se han desplegado en zonas donde “persiste un franco déficit” de las autoridades locales para enfrentar la inseguridad, mediante acciones “ajenas a intereses políticos para atender la realidad de cada región”. No obstante, admitió: la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública no es una solución de largo plazo, pues “la función de las fuerzas federales debe ser complementaria a la de estados y municipios”. El funcionario informó de la puesta en marcha de operativos en 50 municipios “prioritarios” con fuerzas de reacción mixta. Destacó también la creación de unidades especiales antisecuestro en todos los estados del país y de tres Centros Regionales de Fusión, con una inversión de más de 5 mil millones de pesos. Finalmente, el hidalguense puso en la mesa tres acuerdos: la adhesión de los estados a la consolidación del sistema de justicia penal, la profesionalización y capacitación de las policías; y la aplicación del nuevo sistema de justicia penal en todo el país.
A los funcionarios federales y locales se les olvido mencionar la grave situación actual de los derechos humanos en México. Tan sólo en desapariciones, sin incluir la cifra negra, los datos oficiales reconocen más de 28 mil registros, los cuales aumentan a un mínimo de 11 desapariciones al día. La desaparición se aplica de manera generalizada en gran parte del territorio nacional y muchas de ellas podrían calificarse como desapariciones forzadas, es decir, cometidas por agentes del Estado o por personas o grupos de personas las cuales actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, señala el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Por lo que respecta a la tortura, ocurren al menos seis casos diarios en el ámbito federal según los propios datos oficiales, los cuales señalan al menos 10 mil casos anuales de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Estas violaciones son de uso generalizado en diversas partes del país, tanto por policías municipales, estatales y federales como por las Fuerzas Armadas.
Por lo que toca a la violencia y a las ejecuciones a manos de autoridades formalmente instituidas, la ONU acusa existe un clima de generalizada incapacidad del Estado para garantizar el derecho a la vida. Las policías, el Ejército y la Marina están empleando la fuerza letal de manera desproporcionada, como se constata en casos como Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán y la Calera. La macrocriminalidad que azota amplias zonas del país se caracteriza por los vínculos entre el poder político y el crimen organizado que victimizan a miles de personas y se traducen en la cooptación de parcelas del Estado. Tragedias como Ayotzinapa y Tierra Blanca sólo se explican en este contexto, destaca Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
CLERO BAJO FUEGO
En su informe anual “Tragedia y crisol del sacerdocio en México: 10 años de persecución”, el Centro Católico Multimedial (CCM) asegura: una década de lucha contra la delincuencia organizada ha impactado de forma negativa al clero mexicano, pues los crímenes en contra de sacerdotes y religiosos se incrementaron en un 80 por ciento desde 2006 hasta el cierre de este año.
Al menos 15 sacerdotes han sido asesinados en los últimos cuatro años. Entre 2014 y 2016 se registraron 520 extorsiones a curas, con lo cual México se colocó por octavo año consecutivo como el país latinoamericano más peligroso para ejercer el ministerio sacerdotal, advirtió el informe. En los cuatro años del sexenio de Peña Nieto se han registrado un total de 25 atentados contra miembros de la Iglesia Católica, de lo cuales 15 corresponden a asesinatos de sacerdotes, 1 seminarista y 5 laicos, mientras 2 presbíteros continúan desaparecidos y se registraron 2 secuestros frustrados.
El combate al crimen organizado ha dejado muerte y desolación en muchas regiones del país y, por desgracia, este fenómeno ha tocado también a sectores específicos como la Iglesia, señala el reporte realizado anualmente por la organización católica. El informe indica: al cierre de 2016, se registra un aumento de un 80 por ciento, esto comparado con el cuarto año del ex presidente Felipe Calderón. “Los últimos 12 meses han sido los más trágicos en los últimos 26 años”, señala el reporte, el cual destaca el asesinato de tres sacerdotes en el 2016.
Ni las procuradurías estatales, ni la Procuraduría General de la República (PGR) han dado respuestas claras y eficientes a los homicidios de sacerdotes en México. Al contrario, las investigaciones están llenas de irregularidades y grandes vacíos ya que más del 80 por ciento de los casos de asesinato de religiosos no han sido resueltos o se les ha dado carpetazo, destaca el informe.
DE LOS PASILLOS
El ex gobernador de Zacatecas y actual director de Fonatur, Miguel Alonso Reyes, fue denunciado en la Procuraduría General de la República (PGR) por el posible desvío de mil 540 millones de pesos durante su mandato en esa entidad. La ex candidata a la alcaldía de la capital zacatecana, María Soledad Luévano, presentó la denuncia, en la cual precisa la simulación de contratos en el área de comunicación social. Sólo en 2016, indicó, se realizaron diversos contratos con adjudicaciones directas las cuales no respetaron la normatividad. Tras presentar la demanda, Luévano señaló: “reiteramos el llamado al Presidente de la República a que el director de Fonatur sea procesado. Es un delincuente igual que Javier Duarte”. Varios ex colaboradores de Alonso Reyes también fueron denunciados: José Guadalupe Soto, ex director de Comunicación Social; Rafael Sescosse Soto, ex secretario particular el ex mandatario; y Fernando Soto Acosta, ex secretario de Administración…
En diversas regiones siguen configurando la “necesidad” de militarizar al país. Ahora fue en Chiapas, donde unas 100 personas encapuchadas a bordo de dos autobuses llegaron al estacionamiento de la Secretaría de Educación estatal, en Tuxtla Gutiérrez, e incendiaron varios vehículos. Las primeras versiones señalan son alrededor de 12 vehículos calcinados, de ellos 4 son automóviles, 6 camionetas, una Urvan y un microbús. Hasta el momento no se reportan víctimas, tras el ataque a la dependencia gubernamental. Un día antes, presuntos normalistas vandalizaron la Secretaría de Educación y la Subsecretaría de Educación Federalizada en donde rompieron cristales, muebles y equipo de cómputo…
A fin de exigir la presentación con vida de sus hijos, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos anunciaron iniciarán este miércoles una caravana de protesta y denunciaron el gobierno de Enrique Peña Nieto carece de voluntad para entregarle a sus hijos. Felipe de la Cruz, vocero de los padres, dijo existen pruebas de que integrantes del 27 Batallón de Infantería tiene responsabilidad en los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014. Durante una rueda de prensa en la explanada de la Normal Raúl Isidro Burgos, los padres exigieron se investigue al ex jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, por obstaculizar las investigaciones del caso. “Ya viene la Navidad y el Año Nuevo y nuestras familias están incompletas y nosotros no nos vamos a quedar sentados o parados”, dijo Melitón Ortega, padre de uno de los normalistas desaparecidos….
Al final de la sesión de este martes, el peso mexicano cayó. El dólar spot cerró en 20.4375 unidades, lo cual representó una pérdida para el peso de 0.18 por ciento. En ventanilla bancaria el billete verde se cotizó en 20.75 unidades, una variación mínima respecto a los 20.70 dólares marcados el lunes por Citibanamex…
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