“Es triste ver como los hombres se ocupan sólo de los medios y no del fin”: Blaise Pascal
No sólo para quienes habitamos en este país se presenta un panorama trágico, lo ven también quienes habitan fuera. Para José Mújica, ex presidente de Uruguay, México tiene cara de tragedia, existe una dicotomía entre ricos y pobres, creciente, peligrosa y dolorosa. El capitalismo ha cambiado y ahora es especulativo, “le gusta la maniobra financiera”. Entrevistado en Cuba, el hombre del vochito habló del péndulo de la historia, de lo pretencioso de los términos de izquierda y de derecha, por ser excesivamente contemporáneos. La lucha por la equidad, por mejorar las condiciones de la humanidad es de todos los tiempos, subrayó.
La entrevista con el ex mandatario uruguayo no evadió ningún tema, incluyendo al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de quien considera enfrentará en la derecha su peor enemigo. Sobre la controvertida personalidad del republicano, dijo “es bastante demagogo, aprovecha todas las triquiñuelas y las puso a favor, tiene mucha plata”. Se negó a calificarlo de populista al señalar que se ha convertido al término en “cuartito del fondo donde ponemos todo lo que no sirve”. Con toda dureza, habló del desencanto con la política, con el desprecio creciente que inspiran, de ahí que “se quede para unos tipos raros, técnicos, que la ven como la gestión de una empresa”.
Como siempre, sonriendo mientras habla, recordó a los hombres de su generación, a los creyentes de cambiar las relaciones de producción y distribución pensando en construir una cultura, lo cual es más difícil que construir una economía. Sobre el riesgo que significa para el mundo la llegada de Trump, esbozó: “locos sueltos siempre ha habido. El problema es cuando a los locos sueltos le siguen muchos, así que todo depende de lo que se vaya a hacer en el resto del mundo y en lo que lo dejen hacer”.
Al igual que mandatarios y ex mandatarios de diversos países, Mújica se presentó para dar testimonio también de la sobrevivencia de ideales, los cuales como refiere, siguen viendo como desde hace muchos siglos la fórmula para cortar las brechas entre ricos y pobres y generar sociedades cuya igualdad se encuentre en la bonanza y no en la miseria.
Después de escuchar estos conceptos se acrecienta la vergüenza al ver cómo Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, caballerosamente tuvo que corregir a Enrique Peña Nieto. El presidente de México, al hacer uso de la palabra, se refirió “a un 26 de noviembre fecha en la que zarpó el Granma…”. Le sucedió como orador el venezolano quien con voz ronca dijo: “como acaba de señalar el presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue un 25 de noviembre el día en que zarpó el Granma…”.
Han pasado sólo cuatro días y de manera reiterada se maneja la pregunta: ¿llegará el día en que no sea un Castro quien gobierne la isla?”.
RESPONSABILIDAD DE LA PGR
Al irse concretando los relevos en los poderes ejecutivos estatales, sobre todo en entidades en donde se acumulan las denuncias de desfalcos y fraudes al erario estatal ante las autoridades federales, la Procuraduría General de la República (PGR) está obligada a dar a conocer la relación detallada de las acusaciones penales en contra de ex gobernadores, los montos y rubros saqueados, el curso de las investigaciones –si es que se han ordenado- en contra de políticos reiteradamente mencionados y, sobre todo, la recuperación de miles de millones de pesos. No basta sólo con el escándalo mediático, las averiguaciones deben seguir su curso para sustentar la aprehensión de ex funcionarios y, finalmente, el castigo legal al que éstos se hacen acreedores por sus conductas ilícitas al amparo del poder.
De la gran mayoría de ex gobernadores con irregularidades administrativas confirmadas por la Auditoría Superior de la Federación, y las consiguientes denuncias penales presentadas por ésta, poco se sabe en torno al curso de las investigaciones. Destacan sólo los casos de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz; de Guillermo Padrés Elías en Sonora; de Tomás Yarrington en Tamaulipas; y de Rodrigo Medina en Nuevo León, aunque éste al parecer está protegido por la sombra de Los Pinos. Presuntamente, también se están realizando las investigaciones correspondientes a César Duarte en Chihuahua. Pero hay muchos casos más, como el de Gabino Cué en Oaxaca, o de Jorge Herrera Caldera en Durango, o tal vez el de Roberto Borge en Quintana Roo, de quienes no se ha dado a conocer sean investigados por las autoridades, ni siquiera si son reales las denuncias que grupos y organizaciones afirman haber presentado.
Por vía de mientras, se sabe que la Procuraduría General de la República (PGR) devolvió al gobierno de Veracruz 250 millones de pesos de un total de 421 millones de pesos recuperados, pero no por esta dependencia, sino fueron los empresarios enterados de la procedencia ilícita del dinero quienes se decidieron a devolverlos. El daño al erario estatal es mucho, mucho más grande, al grado de que el panista Miguel Ángel Yunes Linares asume la gubernatura de una administración en quiebra. Los pasivos en la tesorería estatal suman 87 mil 927 millones 886 mil 298 pesos. Así, con lo recuperado por la PGR, aún faltaría saber en dónde se invirtieron, escondieron o disiparon, más de 87 mil 500 millones de pesos. De acuerdo con Clementina Guerrero García, secretaria de Finanzas del equipo de Yunes Linares, del pasivo total, 41 mil 529 millones 580 mil 201 pesos corresponden a deuda bancaria y valores bursátiles, y 46 mil 398 millones 306 mil 97 pesos a proveedores, prestadores de servicios y contratistas. La deuda bursátil de Veracruz sólo es superada por los estados de México, Nuevo León y Chihuahua, que suman 68 mil 587, 62 mil 304 y 50 mil millones de pesos, respectivamente.
OAXACA, COLAPSADO: MURAT
El priísta Alejandro Murat Hinojosa acusó recibo de “un estado colapsado”, al asumir la gubernatura de Oaxaca, y de inmediato hizo un llamado a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación para instalar de inmediato una mesa de diálogo con su administración para encausar el conflicto educativo y darle una solución mediante el diálogo. Su antecesor, Gabino Cué Monteagudo, se va llevando sobre sus hombros la masacre de Nochixtlán, la cual ocurrió mientras él estaba en una fiesta. Al respecto, la autoridad federal afirmó será esta semana cuando se tenga frente al juez los responsables de estos crímenes. Aunque también deja una deuda histórica elevada en 185 por ciento, calculada hasta el año pasado en más de 13 mil 175 millones de pesos, y un posible daño patrimonial al estado por 10 millones 602 mil pesos por manejo irregular de recursos, detectado por la Auditoría Superior de la Federación.
Tras su paso por la administración estatal deja una estela de pobreza, con más de 2 millones 660 mil oaxaqueños en la miseria; de violaciones a derechos humanos, de un descontrol del conflicto magisterial a partir del cual explotó la tragedia de Nochixtlán, y algunos episodios de corrupción, acusaciones por presunto desvío de recursos, inseguridad, violencia generalizada, feminicidios y obras estatales inconclusas.
El primer gobernador oaxaqueño surgido de las filas de la oposición al PRI presentó un plan de infraestructura de 50 mil 944 millones de pesos para 13 megaproyectos. Entre éstos se incluían la construcción de una presa generadora de electricidad, dos unidades deportivas en la capital, un penal de máxima seguridad, un centro de convenciones y varias supercarreteras. Pero este año, la compañía ICA abandonó los proyectos de carreteras en el Istmo y se declaró en bancarrota y dejo la obra inconclusa al 50%. Otro proyecto cancelado fue el de agua potable Paso Ancho, que estaría a unos 100 kilómetros de la capital y requería 3 mil millones de pesos de inversión. La obra fue cancelada de manera definitiva tras un conflicto agrario y por violar normas ambientales. Varias obras fueron iniciadas, concluidas e inauguradas pero aún no se han puesto en funcionamiento, como el caso del Centro de Reinserción Social de Mediana Seguridad de Tanivet, Tlacolula de Matamoros y el Centro de Iniciación Musical de Oaxaca (CIMO).
Por la forma en que han ido disminuyendo los recursos económicos en Oaxaca, seguramente Murat tiene presente: “cuando la leche es poca, al niño le toca”.
TRANSICIÓN TERSA EN AGUASCALIENTES
Una historia diferente a la de Veracruz y Oaxaca se registra en Aguascalientes: el priísta Carlos Lozano de la Torre deja a su sucesor panista Martín Orozco una deuda pública de 2 mil 55 millones de pesos, inferior en 117 millones a la que recibió de su antecesor, el panista Luis Armando Reynoso Femat, en noviembre de 2010. Lozano de la Torre no efectuó grandes obras, pero atrajo inversiones de multinacionales.
La disminución de la deuda se logró gracias a un incremento en la recaudación del impuesto sobre la nómina, el cual creció 209 por ciento en seis años, y la de otros gravámenes locales aumentó en 145 por ciento, de acuerdo a lo señalado por el tesorero del estado, Alejandro Díaz Lozano, quien es sobrino del mandatario saliente.
Según sus propias palabras, Martín Orozco no perderá el tiempo en buscar venganzas, en relación al evento de mayo de 2011, justo al principio del sexenio de Lozano de la Torre. En ese tiempo fue encarcelado durante casi tres días sin mediar orden de aprehensión supuestamente por no firmar en el penal durante un proceso por tráfico de influencias.
Orozco Sandoval alcanzó un apretado triunfo sobre la priísta Lorena Martínez, de casi 9 mil votos. El PREP indicó que Martín Orozco recibió 169 mil 469 sufragios, 43.53 por ciento de los votos, y Martínez, 160 mil 978 papeletas, 41.24 por ciento. Carlos Lozano de la Torre no logró retener el triunfo para su partido a causa de su alcoholismo. El manejo financiero fue aceptable, el político y el personal no.
REFLECTORES DE MINUTOS
La presencia de organizaciones ciudadanas dispuestas a la denuncia y a la comprobación de las acusaciones haciendo de lado cualquier temor y con la finalidad, el objetivo, de romper el circulo vicioso creado por los gobiernos, tanto el federal como el estatal y los municipales, no puede sino aplaudirse, respaldarse con el único requisito de la seriedad y la actuación ajena a los intereses de los partidos políticos o a deseos de revanchas, venganzas o animadversiones. Deben sus dichos alejarse por completo de la red de comentarios, una muy buena parte de ellos sin sustento alguno, que circulan en las redes, de las acusaciones lanzadas al ciberespacio sin otro deseo que no sea el desquite por la realización de comparaciones de riquezas personales frente a una mayoritaria pobreza.
Dos de ellas merecen el comentario a raíz de la atracción de reflectores sobre sus dichos. “Somos tus ojos”, encabezada por Fabiola Cortés, ha presentado denuncias por la venta de tierras realizada por el ex gobernador Roberto Borge a supuestos prestanombres quienes han resultado accionistas de empresas a las cuales también les endilgan calificativos. En ese grupo aparece, inclusive, la progenitora del ex mandatario. El punto medular de sus señalamientos no está en los precios a los cuales fueron adquiridas las tierras, ya de por sí suficientemente publicitadas por diversos funcionarios del gobierno actual y del propio Carlos Joaquín González, exhibiendo todos ellos cifras diferentes en extensión y porcentajes tan mal calculados que cayeron en el ridículo, sino en la forma en la cual los mencionados obtuvieron el dinero para llevar a cabo las operaciones.
Al igual que en su momento el gobierno estatal lanzó el paquete a la PGR al presentar sus denuncias, es decir, a dejar en manos de la federación la determinación de cualquier ordenamiento una vez llevadas a cabo las investigaciones necesarias, los agrupados en “Somos tus Ojos” lanzan la pelota a los de Hacienda para sea esa dependencia la investigadora de la procedencia de los recursos económicos. En ambos casos la resolución dependerá en gran parte de las pruebas presentadas tanto por los denunciantes integrantes del gabinete como de la organización de referencia y es ahí en donde se desconoce la firmeza de éstas al entrar los funcionarios en una serie de cuestionamientos hechos públicos sobre, incluso, la autenticidad de los documentos.
Se tomaron las precauciones necesarias para evitar recibir señalamientos que ahonden aún más el descontento, la inconformidad, sobre las actuaciones del llamado y esperado “gobierno del cambio”, de tal suerte sería responsabilidad de la federación la emisión de dictámenes en los cuales se calificara como “faltas administrativas”, lo que ellos calificaron como delitos o se encontrara hubo consideraciones bancarias para la adquisición de tierras cuya venta cumplió los requisitos marcados por el IPAE . Ellos, los locales, habrían con sus denuncias cumplido con la promesa de hacer lo posible por castigar los abusos.
Sin embargo y en franca y abierta contraposición, otra organización, la encabezada por Eduardo Galaviz Ibarra, llamada Observatorio Legislativo Ciudadano, ha actuado con gran seriedad haciendo muy puntuales sus observaciones basadas todas ellas en los reportes y la información emitida por el Congreso local, presentando también las inconformidades con las aprobaciones con las suficientes pruebas de los daños a provocar y las mentiras ocultas, así como las cifras reales a pagar en la reestructuración de la deuda y agregando la inexistencia de motivos suficientemente fuertes como para aceptar no se discutiera a conciencia cada renglón, acudiendo a la carga de emisión de votos a favor de lo que más temprano que tarde se convertirá en otro elemento de parálisis económico para el estado y sus ciudadanos.
De entre tantos cuestionamientos e inconformidades registradas a cada día en contra de las acciones del gobierno estatal y de algunos alcaldes, sobresale la presencia de una nueva organización delictiva en su interior dedicada a amedrentar, levantar, espiar, golpear, difamar a quienes se atreven a exponer críticas y realidades. Chetumal es una ciudad lo suficientemente pequeña para permitir la exhibición de actos dañinos de manera abierta. Se conocen vidas y milagros y se sabe de muchas triquiñuelas realizadas por personajes con apellidos en extremo conocidos y en posiciones privilegiadas en el presente, las cuales les permiten mantener esa impunidad que aseguraron combatirían.
Dentro del Sistema Quintanarroense de Comunicación existe toda una red de complicidades creada con anterioridad pero con la suficiente vigencia como para impedir se conozca el camino seguido por una millonaria entrega de recursos utilizando a un personaje cercano a la Presidencia de la República. Se asentaron las entradas pero las salidas tienen una comprobación inaceptable. El asunto ha trascendido hasta el nivel federal y es aquí en donde se preguntan por el impacto de apellidos como Acevedo, Vázquez, el nombre de un Fabián que no es Vallado y los conflictos de interés existentes tanto con la nueva dirección del Sistema como con el ex alcalde de Solidaridad y actual operador de la principal oficina de gobierno.
Los temores ante la denuncia de hechos comprobables encuentran suficiente justificación cuando se sabe de agresiones y levantones, así como de amenazas y configuración de información ligada hasta con las familias. Las actuaciones del presente tienen una dimensión mucho mayor a las referidas en el pasado. La queja del retiro de publicidad de algunos medios ha sido sustituida por la criminalización de los convenios, la exhibición de periodistas con indignantes calificativos y, en sentido opuesto, la realización de prácticas en lo oscurito con la presentación de la tarjeta de transparencia sólo para la contratación de determinados espacios. Cuando la referencia señala al fallecido Capellini como hermana de la caridad frente a lo visto a escasos dos meses de gestión y a lo que puede sobrevenir al acrecentarse rencores, odios y una mayor comisión de errores, habrá de reconocerse la presencia de un ligero temblor en las piernas el cual, por fortuna, no llega más allá.
A lo anterior se agrega esa enfermiza persecución en contra de las navieras que osaron competir con la del respaldo de las familias tradicionales isleñas. Está muy a la vista la preferencia y lo imparcial de determinaciones como las de las clausuras, en las cuales gozaron de la complicidad de la delegada de la Profepa, fémina señalada desde hace varias semanas por desempeños con muy poca claridad. Sobra mencionar la serie de conflictos por venir a causa de los daños ambientales provocados por inversionistas a quienes no puede culparse por adquirir terrenos sobre los cuales les garantizaron podrían construir todos sus proyectos y que, finalmente, resultaron ventas fraudulentas de Fonatur. Dicen llegará a la Suprema Corte el asunto de Tajamar y serán los togados quienes den la última palabra y habremos de darles a los ambientalistas un anticipo de ese dictamen: fallarán dando la razón a los desarrolladores con la indicación de guardar, en lo posible, respeto por la naturaleza.
Si tiene eco la inconformidad de los grupos ambientalistas en la COP13 y la difusión se hace internacional, tal vez algo se logre, pero al parecer en el estado están dispuestos a sacrificar cualquier indicio de publicación extraordinaria, particularmente informativa, con tal de evitar se difunda el sentir de los quejosos. A ello, de manera totalmente circunstancial puede unirse el grupo de comunicación de la Semarnat, encabezado actualmente por quien ostenta dentro de su corta experiencia laboral haber llevado la prensa de la empresa conocida por su aplicación Uber. Ya veremos, finalmente no falta mucho ni siquiera para la conclusión de la construcción intocable propiedad de la familia en segundo grado del inquilino de Los Pinos.
DE LOS PASILLOS
La administración del presidente Enrique Peña Nieto si se ha servido con la cuchara grande. Tan sólo en este año, de enero a octubre, para completar su gasto de operación y sus programas de inversión, el gobierno federal registró un endeudamiento diario de mil 443 millones de pesos, con lo cual la contratación de deuda interna y externa de la administración federal fue de un total de 443 mil millones de pesos. Así, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP), la medida más amplia de deuda pública, ascendió a 9 billones 66.5 mil millones de pesos, mientras el observado al cierre de 2015 ascendió a 8 billones 633.5 mil millones de pesos, revela el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública correspondiente al décimo mes de este año…
Avanza el proceso de militarización del país. Ahora el Pleno del Senado aprobó, con 62 votos a favor y 13 en contra, quede la seguridad de puertos, capitanías de puerto, aguas nacionales, y la vigilancia de las embarcaciones bajo la responsabilidad exclusiva de la Secretaría de Marina y ya no este compartida con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En la sesión donde se aprobaron cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos, se dejo claro que “las modificaciones no significan la militarización de los puertos”.
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