CIUDAD DE MÉXICO.- Mauricio Merino, presidente del consejo académico del Archivo General de la Nación e investigador (CIDE), a nombre de académicos, especialistas e historiadores cuestionó y exigió que se enmiende la iniciativa que expide la Ley General de Archivos, pues otorga a la Secretaría de Gobernación el control total de la política archivística del país.

Esta controvertida iniciativa de ley, fue presentada hace dos semanas por los senadores Cristina Díaz Salazar, del PRI; Laura Rojas Hernández, del PAN y Zoé Robledo Aburto, del PRD.

Y es que de acuerdo a los expertos, el aprobar este texto, sería una grave amenaza de regresión política para el país y para el Sistema Nacional de Transparencia y Combate a la Corrupción. Además, hoy por hoy, los archivos y documentos son la principal base de consulta del actuar de los funcionarios públicos y sin un adecuado resguardo y acceso oportuno se estaría haciendo nugatoria la ley de transparencia y de combate a la corrupción.

No hay una sola razón para que la Secretaría de Gobernación encabece el Sistema Nacional de Archivos, que no sea la del poder político. Hemos pedido que el Archivo General de la Nación desde todos los espacios que tenemos a nuestro alcance, deje de ser una dependencia dirigida políticamente por la Secretaría de Gobernación”, comentó Merino.

Este lunes, el Senado inició las audiencias públicas para la dictaminación de este proyecto, que propone hasta 10 años de prisión a quien mutile, sustraiga o esconda archivos o cualquier tipo de documentos, incluidos archivos electrónicos.

La iniciativa forma parte del andamiaje del Sistema de Transparencia y establece que los archivos históricos no estarán sujetos a las leyes de acceso a la información pública ni de datos personales, por lo que serán de consulta irrestricta.

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