MÉXICO.- Veracruz no está solo en lo relativo a denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por irregularidades en sus recursos federales. Un total de 25 estados enfrentan procesos judiciales en la Procuraduría General de la República (PGR), por situaciones similares.
Jalisco, Michoacán, Chiapas y Tabasco encabezan la lista por el elevado número de litigios y los procesos administrativos en marcha.
Debido a diversas anomalías, la ASF tiene registrados al momento 266 denuncias contra gobiernos estatales debido a situaciones sospechosas en rubros tales como sector salud, sector educativo, infraestructura y seguridad pública.
Veracruz, Michoacán y Baja California Sur encabezan la lista de estados en los cuales la falta más grave es la simulación de reintegros, es decir, ante señalamientos de recursos desviados se reponen temporalmente para aprobar las revisiones y luego se vuelven a retirar.
Por otro lado y en el caso de Michoacán, el gobierno del estado dejó de pagar cuotas al ISSSTE y al FOVISSSTE. Además, malversó recursos del Seguro Popular a otros rubros. Todo ello derivó, en la mayoría de los casos, en procesos administrativos, pero también en 19 denuncias penales promovidas por la ASF que involucran mil 451 millones de pesos, la mayoría por destinarse a fines ajenos a los de los programas, cantidad sujeta a aclaración que no ha sido acreditada.
Otra entidad con problemas legales en la PGR de la cual poco se ha dado cuenta es Jalisco, cuyas anomalías se concentran en la cuenta pública de 2012, sin que a la fecha el gobierno de ese estado las haya subsanado. En este caso, las inconsistencias y desvíos se concentraron en el sector salud.
Partidas destinadas a diversos propósitos fijados en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud fueron irregularmente canalizadas a otras cuentas, utilizadas para pagos indebidos y otros rubros por 342 millones de pesos correspondientes a la cuenta pública de 2012, aunque también de los ejercicios 2010 y 2011.
En el caso de Chiapas, las auditorías de la ASF han detectado que en el rubro educativo es en el que mayores inconsistencias hubo, en especial del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica, como el pago de compensaciones y bonos al sindicato no autorizados por la Secretaría de Educación Pública, la dispersión de recursos hacia otras cuentas no asociadas con el programa, entre los que sobresalen 207 millones de pesos vinculados directamente con una denuncia de hechos ante la PGR. Además, otra demanda por un desvío del Fondo de Aportaciones a Entidades Federativas, que involucra 445 millones de pesos.
Por lo que respecta a Tabasco, las auditorías que han derivado en denuncias de hechos se asocian con el manejo irregular del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica, que involucran casi 900 millones de pesos.
La mayoría, según las observaciones de la ASF, se trata de dispersión de recursos hacia otras cuentas, sin acreditar el destino del gasto. Además, no fue asignado a los fines para los cuales originalmente estaban previstos.
con información de La Jornada y la Auditoría Superior de la Federación
jcrh
