LONDRES, INGLATERRA.-  El Gobierno británico requiere la aprobación parlamentaria para poner en marcha el proceso para abandonar la Unión Europea, de acuerdo con el Tribunal Superior de Inglaterra, evento que significó un duro revés a los planes de la primera ministra Theresa May para llevar a cabo el Brexit.

Por su parte, la administración de May, indicó que apelará la decisión y se seguirá trabajando con el calendario previsto para iniciar las negociaciones sobre los términos de la salida del Reino Unido para fines de marzo.

Como consecuencia de este anuncio, la libra esterlina subió y tocó un máximo de tres semanas frente al dólar ya que muchos inversores consideran que los legisladores moderarán las políticas gubernamentales y harán más improbable un «Brexit duro», que podría tener graves consecuencias económicas para el país.

La ley más fundamental de la Constitución de Reino Unido es que el Parlamento es soberano y puede hacer y deshacer cualquier ley que desee», comentó el máximo magistrado, lord John Thomas.

En teoría, el Parlamento podría bloquear el Brexit, pero pocos esperan que eso ocurra, dado que los británicos votaron por 52 contra 48 por ciento a favor de abandonar la Unión Europea en un referendo en junio pasado.

El secretario de Comercio Internacional, Liam Fox, dijo que el Gobierno está decepcionado con la decisión del tribunal y la estudiará con cuidado antes de decidir cómo proceder.

«El país votó en favor de salir de la Unión Europea en un referendo aprobado por leyes del Parlamento. El Gobierno está decidido a respetar el resultado del referendo», afirmó Fox al Parlamento.

La portavoz de May dejó claro que el Gobierno planea ceñirse a su calendario y sostuvo que «nuestro plan sigue siendo invocar al Artículo 50 a fines de marzo, creemos que el calendario legal debería permitir eso», en referencia al mecanismo para iniciar las negociaciones de salida de la Unión Europea de acuerdo a lo estipulado en el Tratado de Lisboa.

La corte resolvió que el Gobierno no puede invocar al Artículo 50 sin la aprobación del Parlamento.

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