MÉXICO.- La desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, provocó que organismos internacionales y nacionales defensores de derechos humanos demandaran al gobierno federal mexicano información sobre otros casos semejantes.

De acuerdo con cifras oficiales de los 24 mil 288 que tiene reportados la Secretaría de Gobernación (Segob), 12 mil 532 corresponden al sexenio pasado y 11 mil 756 a la actual administración.

No obstante que el país cuenta con una Ley de Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y de que el gobierno federal reconoce que hay un recuento oficial de desaparecidos, organismos internacionales y nacionales defensores de derechos humanos consideran que dichas cifras son confusas e incompletas, y que no se ha dado explicación porque se redujeron ocho mil casos reportados desde el sexenio pasado.

Ximena Antillón Najilis, investigadora del Centro de Análisis Fundar, señaló que “ha habido toda una serie de cifras que han sido confusas y no ha sido clara la metodología que se ha seguido para llevar dicho recuento”.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) señaló que el gobierno federal, “lejos de demostrar que está atendiendo los reclamos de los familiares de personas desaparecidas, ha dejado que prevalezca la confusión sobre temas tan sensibles como la cantidad de víctimas de este crimen de lesa humanidad y lamentó que la PGR haya dado a conocer el pasado 21 de agosto que el número de personas “no localizadas” es de 24 mil 288, pero sin explicar cómo llegó a esa conclusión.

De acuerdo con datos oficiales, a agosto de 2016 había consignados, en el Registro Nacional de Personas no Localizadas y Desaparecidas, un total de 24 mil 288 casos en el fuero común y 794 en el fuero federal.

El analista del Instituto de Investigaciones Sociales la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Luis Alcántara, consideró en su momento como inaceptable el uso de eufemismos como el de “personas no localizadas”, lo cual envía un mensaje de opacidad que parece querer modificar el contexto de la realidad, y pudiera tener por objetivo minimizar las obligaciones y responsabilidades del Estado mexicano en la búsqueda, localización de personas desaparecidas y la sanción de los responsables.

A este panorama, debemos sumar los recientes hallazgos de la prisión de Piedras Negras, la cual fungía literalmente como un “campo de desapariciones forzadas”, y de las fosas recientemente encontradas en el estado de Morelos, el tema cobra especial vigencia debido a la angustia, dolor y desesperación de miles de familias que tienen a uno o varios de sus integrantes en calidad de “desaparecidos”. Eso, tomando en cuenta también las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas y las encontradas en el Durango.

con información de Quadratín,UNAM y el Centro de Análisis Fundar

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