Como si la inseguridad que vivimos en el país fue un tema menor, el gran presupuesto económico para el  2017 plantea recortes hasta del 100% en acciones y programas relacionados con seguridad y justicia en el país.

Presupuestos para la de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo en Michoacán, la del Programa de Prevención Nacional del Delito y la del nuevo sistema de justicia penal fueron eliminadas.

Además, el subsidio que reciben los estados para combatir la delincuencia sufrirá un recorte de casi mil millones de pesos, como si tuviéramos estados libres de delincuentes.

Esto pese a que los homicidios registran un incremento sostenido desde el año pasado; a que la violencia en Michoacán ha llevado al derrumbe de helicópteros de la policía y el cierre de inversiones, y a que el nuevo sistema penal no está consolidado.

Las reducciones presupuestales alcanzan incluso a los órganos de generación de información e inteligencia del país. La base de datos nacional Plataforma México sufrirá la pérdida de más de la mitad de su presupuesto, mientras que la inversión en Seguridad Nacional e Inteligencia sumará un nuevo recorte, que sumado al de este año significa una pérdida del 65% de los recursos.

Otra instancia como la Fiscalía para la Búsqueda de Personas Desaparecidas tendrá menos recursos de los recibidos cuando apenas era solo una Unidad Especial.

El castigo al presupuesto también alcanza al tema de derechos humanos. La secretaría de Gobernación tendrá una reducción superior a los 250 millones de pesos destinados a sus áreas de promoción de los derechos humanos y combate a la discriminación.

Los recortes llegan en un contexto donde el alza de la violencia ya fue reconocida por el gobierno. Los homicidios cerraron 2015 con un incremento del siete por ciento, mientras que en 2016 el repunte en los asesinaos ya supera el 17 por ciento y se ha generalizado a dos de cada tres estados del país, según datos oficiales.

A esto se suman retos como la implementación de un nuevo sistema de justicia penal que por obligación constitucional arrancó en todo el país el pasado 18 de junio, pero que requiere de un proceso de consolidación que, según la estimación oficial, tomará seis años más.

La profesionalización de las corporaciones policiacas es el otro gran pendiente. La reforma del Mando Mixto (luego de que se desechara la propuesta de Mando Único) no se ha concretado y la capacitación en el nuevo sistema penal está inconclusa según el análisis de los expertos. Además persisten señalamientos de violaciones a derechos humanos, como el que involucra a la Policía Federal en el caso Tanhuato.

Con información de Animal Político