CIUDAD DE MÉXICO,-   Después de agotar siete líneas de investigación que comprendieron 251 diligencias y 162 requerimientos a diversas instituciones, medios de comunicación y personas involucradas, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), determinó infundada la queja en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex presidente del PRI.

El Consejo General del IEDF conoció y aprobó, en sesión extraordinaria, la resolución elaborada por las Comisiones Unidas de Asociaciones Políticas y de Fiscalización, respecto a la queja presentada el cuatro de abril de 2014 por el representante propietario del PRD y otros, en la que se denunció uso indebido de recursos públicos.

Se integró un expediente con cuatro mil 371 fojas. De los 162 requerimientos, 11 fueron dirigidos al PRI DF, 48 a diversas autoridades (PGJDF,SAT, Registro Federal de Electores del INE, al propio INE, CDHDF, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Movilidad e Instituto Electoral del Estado de México).

También 89 fueron dirigidos a personas físicas y jurídicas como MVS Noticias, El Universal, Periódico Reforma, entre otros; así como 14 requerimientos que se dirigieron a las áreas del propio IEDF.

El Consejero Pablo Lezama Barreda afirmó que este caso representa uno de los retos más importantes que ha enfrentado el IEDF porque “toca las fibras más sensibles de la sociedad, por la gravedad de las imputaciones y las posibles violaciones de derechos humanos, particularmente, los derechos de las mujeres”.

“La litis del procedimiento se constriñó a determinar si el ciudadano Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre utilizó financiamiento público del PRI para realizar actos contrarios a la naturaleza y fines de las asociaciones políticas, además si se condujo fuera de los cauces legales, como de los principios del Estado democrático, y finalmente determinar si el PRI incumplió con el principio de culpa in vigilando”, sostuvo el consejero Lezama Barreda.

La consejera Dania Paola Ravel, refirió la reiterada y sistemática negativa de la PGJDF a brindar acceso a las averiguaciones previas; sin embargo, al determinar esa autoridad que no ejercería acción penal, éstas no aportarían mayores elementos como sucedió también con los procedimientos intrapartidistas iniciados.

Al enumerar las diversas diligencias realizadas, refirió que al solicitar información a la empresa MVS Noticias, ésta no proporcionó mayores indicios y manifestaron no poder hacerlo, ya que podría implicar una vulneración al secreto profesional, libertad de expresión y de imprenta.

Señaló que también se requirió información a la CDHDF; sin embargo, los hechos denunciados que dieron origen al expediente iniciado en dicha institución son distintos a los investigados por el IEDF y especificó que la queja fue en contra de la PGJDF, por no actuar diligentemente.

La consejera Gabriela Williams dijo que lo más importante es que la ciudadanía conozca las diligencias y actuaciones que el IEDF efectuó para realizar una investigación exhaustiva en todos los sentidos y se estudió a fondo la queja interpuesta por el PRD.

El IEDF se allegó de un sinnúmero de pruebas y recordó que de las revisiones anuales de los años 2012, 2013 y 2014 se conoció el origen y destino de los recursos de este partido político. El consejero Yuri Gabriel Beltrán Miranda dejó claro que en este tipo de procedimientos no se determina si el probable responsable incurrió o no en algún delito, pues ello compete a las autoridades ministeriales y, en su caso, a los jueces penales.

Lo que el IEDF resuelve es si hubo o no alguna infracción de naturaleza administrativa; es decir, si los probables responsables desviaron recursos públicos o se apartaron de los principios del Estado democrático. Por otra parte, el consejero Beltrán reconoció el esfuerzo de las áreas para seguir las recomendaciones del Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.

Para la consejera Olga González Martínez, como servidores públicos, como institución del Estado, como garantes de la legalidad, fuimos los primeros en exigir la máxima diligencia en las investigaciones que se encuentren dentro del ámbito de nuestra competencia, sustentando adecuadamente los elementos necesarios para fundamentar el debido proceso

Y señaló que el sentido de su voto está apegado al principio de legalidad que enviste el cargo de consejera electoral y a la toma de protesta realizada sobre el texto Constitucional, reiteró que el IEDF realizó con máximo apego a la legalidad cada una de las diligencias del expediente y de ellas no se pudo probar responsabilidad en materia electoral de la persona e instituto político denunciados.

En su oportunidad, el consejero Carlos González Martínez resaltó que el IEDF es una institución administrativa, no una de procuración de justicia o una Corte que imparta ésta. Hoy, dijo el consejero, “vamos a resolver sobre el desahogo de una queja administrativa; aquí no se va a exonerar a nadie, se resolverá si hubo o no elementos para atender un procedimiento administrativo”.

Con las pruebas obtenidas, indicó González Martínez, no hubo elementos para establecer una sanción. Suscribimos hace un año la campaña He for she, sin hacerse cargo del asunto social, político y civilizatorio que está a final de cuentas en el telón de fondo de este asunto.

El consejero presidente del IEDF refirió que los indicios de la denuncia presentada no fueron acreditados en razón de las diligencias que realizaron de manera exhaustiva las comisiones del IEDF.

El consejero Mario Velázquez reconoció que hay una serie de señalamientos de que esta autoridad exonera al presunto responsable, pero esta autoridad no revisa si esa conducta estaba sujeta o no a una sanción penal; nuestra actividad está vinculada a determinar si en el ámbito administrativo -competencia del IEDF- tenía o no elementos para sancionar.
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