CIUDAD DE MÉXICO.- Se habla de justicia, inversión, que la economía -según Videgaray- se mantiene, sin embargo la corrupción, complicidad e incapacidad de los gobiernos para combatir la violencia del crimen organizado, incide en la expulsión y desplazamiento de alrededor de 281 mil 400 personas de sus entidades.

Alerta la investigación del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Cámara de Diputados (CESOP). El documento, finalizado en junio, advierte que en los últimos años, México ha sido testigo de un aumento dramático en el número de homicidios, amenazas, desapariciones, extorsiones, ataques contra civiles, periodistas, funcionarios, defensores de derechos humanos y muertes de transeuntes.

Remarca que Tamaulipas, Chihuahua y Veracruz –donde el PRI perdió en los pasados comicios– son los mayores expulsores de familias afectadas. Precisa que en 2013 la CNDH reportó, en su Agenda Nacional de Derechos Humanos, que se estimaba en 110 mil el número de personas desplazadas, pero que entre 2013-2014 se habían desplazado otras 24 mil, y que a ello se debían añadir otros 20 mil desplazados que reconoció Chiapas, lo que sumaba un total aproximado de 150 mil víctimas de desplazamiento forzado.

En 2015, el Programa Nacional de Atención a Víctimas 2014-2018, retoma los 150 mil desplazados.

Sin embargo, el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego sobre Refugiados (IDMC), en su Informe Global 2015: Desplazados Internos por los Conflictos y la Violencia, reportó la existencia en México de 281 mil 400 personas desplazadas.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos registra 281 mil 418 desplazados entre 2011 y 2015.

El documento del CESOP destaca que los estados con un mayor número de expulsados o desplazados –de acuerdo con datos de la CNDH– registrados por la violencia son: Tamaulipas, con 20 mil; Chihuahua, con 2 mil; Guerrero, 2 mil 165; Veracruz, mil 131; Sina-loa, con mil 65; Michoacán, 728; Oaxaca, 250, entre otros.

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