WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Tras el nulo avance de la justicia en los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa de parte del Gobierno mexicano, el Comité de Apropiaciones del Senado mostró su preocupación por la situación de los derechos humanos en México, motivo por el cual, se condiciona el 25% de la ayuda a las Fuerzas Armadas mexicanas.

En el primer caso, 22 presuntos delincuentes murieron en un enfrentamiento con soldados en junio de 2014. La justicia mexicana acusa a varios de los soldados de asesinar a ocho de los 22. En el segundo, el comité emplaza al Gobierno a “cooperar plenamente” con la CIDH, que comisionó a un grupo de expertos para que revisara la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero, en septiembre de 2014.

“Es simbólico, un toque de atención al Gobierno de México y un aviso de que los militares no están para patrullar las calles”, ha dicho Maureen Meyer, asociada de la ONG Wola en Washington. Es simbólico porque el monto cuestionado es la cuarta parte de una cantidad pequeña, apenas 3 millones de dólares. La importancia del asunto radica en la insistencia de las instituciones estadunidenses en el respeto a los derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas.

Ya el año pasado, el Departamento de Estado recortó un 15% las ayudas de la Iniciativa Mérida por el mismo motivo. Tampoco era una cantidad enorme, en torno a 5 millones de dólares de los más de 2 mil que ha invertido desde 2008. La lectura, igual que ahora, era de carácter simbólico.

jcrh