ARGENTINA,- La ex presidenta argentina Cristina Fernández reconoció que podría terminar tras las rejas por las investigaciones de casos de corrupción en su Gobierno que se aceleraron en los últimos meses, a las que considera una «persecución judicial» impulsada por opositores a sus políticas de centroizquierda.
La ex mandataria peronista, que gobernó por dos períodos consecutivos entre 2007 y 2015, está bajo la lupa de la justicia por supuestas irregularidades en varias causas judiciales separadas que se reactivaron después de que el presidente de centroderecha, Mauricio Macri, la reemplazó en diciembre.
Fernández fue recientemente procesada en una causa por operaciones financieras del Banco Central y ha sufrido embargos millonarios de bienes, en lo que considera una operación de jueces y grupos de poder que podría llevarla a la cárcel.
De acuerdo con la ex presidenta, cuando su gobierno resolvió enfrentar a grandes intereses económicos con sus políticas de centroizquierda sabía que ese podía ser uno de los desenlaces.
«Está claro que uno de los riesgos es la cárcel», aseguró a Reuters tras enumerar una serie de medidas de su Gobierno, durante un encuentro el jueves con medios extranjeros en su residencia en la Patagonia argentina.
Esa localidad en la provincia de Santa Cruz es considerada por Fernández como su lugar en el mundo. Allí tiene varias propiedades, entre ellas dos hoteles de lujo y la casa que habita actualmente, un amplio terreno con árboles variopintos y grandes jardines que rodean el comedor rústico con enormes ventanales donde se desarrolló la entrevista.
Fernández inició su carrera política en Santa Cruz y durante muchos años fue senadora por la provincia. Cuando sucedió a su fallecido esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, encabezó un Gobierno que impulsó la economía fomentando el consumo interno con políticas de asistencia social y bajo el cual tuvo feroces disputas con sectores como el agropecuario y con la petrolera Repsol-YPF, que acabó nacionalizando.
Pero la intervención estatal en la economía y la fuerte regulación de los mercados llevaron a un bajo nivel de inversiones y una escasez de dólares que generaron alta inflación y ampliaron el déficit fiscal, y finalmente derivaron en un estancamiento de la actividad.
Fernández dijo que podría recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si persiste lo que llama la ofensiva judicial en su contra, de la que también responsabiliza a grupos mediáticos con los que siempre estuvo enfrentada, como Clarín.
La ex presidenta también está imputada por lavado de dinero, en una causa en la que se investiga a ex funcionarios y a empresarios por presunto desvío de fondos públicos.
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