MADRID, ESPAÑA.- Cuando hablamos de la fiesta taurina, casi de inmediato pensamos en España como principal referente. Sin embargo y por sorprendente que parezca, esta práctica últimamente ha estado en entredicho.
Mucho de esto, tuvo que ver cuando ciertos defensores de la causa animal se regocijaron en las redes sociales del fallecimiento de la joven promesa Víctor Barrio, corneado por un toro el sábado pasado.
En la polémica incluso intervino el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que el miércoles se mostró consternado por estos insultos «bárbaros».
Unos días antes, militantes antitaurinos cubiertos de sangre falsa llenaron las calles de la ciudad navarra de Pamplona para protestar contra el inicio de los tradicionales encierros y corridas de San Fermín, que culminaron este jueves tras haber atraído miles de visitantes.
La tradición medieval del Toro de la Vega, en la que sueltan un toro por las calles del pueblo de Tordesillas para que los participantes lo persigan y lo lanceen hasta la muerte, podría tener sus días contados tras numerosos enfrentamientos entre asistentes y animalistas.
El Parlamento de Castilla y León, de mayoría conservadora habitualmente defensora de la tauromaquia, prohibió en junio matar animales en público durante las fiestas tradicionales, apuntando a este festejo aunque sin nombrarlo.
Ante la presión de los defensores de los animales, los taurinos se unen para proteger esta tradición milenaria, declarada por ley patrimonio cultural en 2013 y que encarna según ellos la esencia de España junto al flamenco.
En 2015, crearon la Fundación Toro de Lidia para defender la tauromaquia y organizan manifestaciones de apoyo a este «arte». La tauromaquia es «la cultura de nuestro pueblo», asegura Diego Sánchez de la Cruz, periodista especializado en la economía de este sector.
En las comunidades autónomas de Canarias y Cataluña las corridas ya estaban prohibidas y con la llegada de Gobiernos de izquierdas a numerosas ciudades, especialmente bajo el impulso de Podemos, las medidas antitaurinas se extendieron.
Madrid, La Coruña y Valladolid, llegaron al grado de suprimir subvenciones o retiraron las corridas de sus fiestas municipales. Valencia prohibió los «toros embolados»Q, un encierro en el que se atan dos bolas de fuego a las astas del animal.
Los contrarios a la tauromaquia muestran con orgullo las cifras del Ministerio de Cultura según las cuales las fiestas taurinas, que incluyen principalmente corridas, disminuyeron de 2.290 en 2011 a 1.736 en 2015.
Pero el número de otras «fiestas populares» en las que se utilizan toros siguiendo tradiciones locales, como los encierros, aumentaron de 14.262 a 16.383, responden los defensores de la tradición, que atribuyen el descenso de las corridas a la crisis económica.
La «fiesta nacional» genera más de 50.000 empleos directos según la asociación nacional de organizadores de espectáculos taurinos. Incluso los taurinos utilizan argumentos ecologistas contra los defensores de los animales, señalando que la cría de toros de lidia fomenta la biodiversidad y preserva los paisajes españoles gracias a sus pasturas.
jcrh