CIUDAD DE MÉXICO,- Las medidas anunciadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), contienen aspectos positivos que han sido demandados por más de una década desde la sociedad civil, y enfrentan ahora el enorme reto de convertirse en realidad en el corto plazo y no quedarse sólo con buenas intenciones que al final del día no se ejecutan.

Estas medidas deben de llevarse a cabo de forma coordinada y con transparencia, a fin de que se reflejen efectivamente en el mejoramiento de la calidad del aire de los estados que integran la llamada Megalópolis. Es una buena noticia que las autoridades reconozcan la importancia de involucrar a la Secretaría de Hacienda (SHCP), en la planeación de las acciones vinculadas con calidad del aire, luego de más de 10 años de abandono de la agenda de calidad del aire.

En los últimos cuatro años, el gobierno federal ha invertido menos del 0.01% del total del presupuesto asignado para el Ramo de Medio Ambiente (16) en este tema. El incremento del presupuesto en un 1,436%, para el 2016 se debió principalmente por una asignación al gasto corriente derivado de pago de trabajadores por seguro de desempleo[1].

Respecto a la parte de transporte, actualmente existen programas federales de financiamiento que fomentan la inversión y modelos de negocios de los sistemas de transporte público de alta demanda (sistemas masivos) y que van acompañados de una gestoría por parte de los gobiernos federal y locales en la inversión de infraestructura.

Este es el caso del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), a través de Banobras y del Programa de Transporte Masivo (Protram). Esta inversión en transporte en México no es suficiente, pues el enfoque es para ciudades de más de 500 mil habitantes y donde necesariamente está involucrada la inversión en infraestructura.

Sin embargo, el pequeño empresario, identificado en la figura del hombre-camión, tiene restringido el acceso al financiamiento debido a que no puede ofrecer las garantías que se le piden. Ello obstaculiza que pueda haber un cambio en el servicio porque la concesión no lo obliga a renovarse ni a cumplir con ciertas condiciones esenciales para ofrecer un servicio público de calidad.

Para resolver esto, se requiere de una coordinación y colaboración a nivel de la federación, por ejemplo, de la Semarnat y Hacienda con los gobiernos locales de la Megalópolis a fin de que se lleven a cabo cambios estructurales en las concesiones, la política tarifaria y el modelo de negocios. Es necesario introducir incentivos, subsidios y subvenciones al transportista para que pueda aceptar el nuevo esquema de concesiones, todo lo cual conduzca a tener un transporte digno, seguro, eficiente, eficaz, accesible y universal para los usuarios.

Apostar por transporte público y movilidad no motorizada es una de las salidas sustentables de la Megalópolis a los graves problemas de congestionamiento vial y contaminación atmosférica. México tiene tasas de motorización que van entre el 4.4 y 6% de crecimiento anual y la tendencia de los próximos años es alarmante. De mantenerse este ritmo, para el 2030 tendremos una flota nacional de 70 millones de vehículos aproximadamente.

El anuncio de que habrá una red de monitoreo atmosférico para toda la Megalópolis es una buena noticia, toda vez que la mayor parte de las ciudades del país no saben qué calidad del aire están respirando ni la proporción de cada contaminante.

Adicionalmente, no es posible diseñar ni ejecutar políticas públicas sin contar con información, bases de datos y diagnósticos que permitan aplicar soluciones diferenciadas y adecuadas por fuente de contaminante y por capacidad instalada, de acuerdo con la realidad de cada zona, ciudad y región. Igualmente importante será sistematizar la información que se obtenga de este sistema y hacerla accesible al público en general, de forma que sea posible aumentar la percepción del riesgo en la población en general, pero también poder desarrollar políticas diferenciadas.

Una visión integral de política para mejorar la calidad del aire, también debe incluir mecanismos que permitan cumplir y hacer cumplir las normas, las leyes y las acciones para reducir los niveles de contaminantes. Aquí será fundamental el papel de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de las autoridades locales, para vigilar el cumplimiento efectivo y aplicar las sanciones correspondientes en caso de violaciones.

Con relación a la actualización de las normas, el anuncio de Semarnat no deja en claro a cuáles se refiere ni menciona de forma expresa aquellas que son más urgentes y que tienen más años de retraso en su actualización. Al respecto, cabe recordar que hay un trabajo pendiente de normalización en materia de fuentes de emisiones móviles que regulan los límites máximos permisibles para vehículos nuevos ligeros y pesados (Normas 042 y 044). Asimismo, aunque el tema de la calidad de los petrolíferos no es una facultad directa del sector ambiental, es importante mencionar que no habrá un avance en las normas de fuentes móviles, sino podemos tener acceso en todo el territorio nacional a combustibles limpios (Diésel y gasolinas) de Ultra Bajo Azufre (UBA.

r3