MÉXICO.- A dos años del asesinato del niño Tehuatlie Tamayo en Chalchihuapan, Puebla, los responsables siguen impunes y ello puede dar lugar a otros crímenes semejantes.

El Diputado Federal Omar Ortega Álvarez demandó al gobierno de Puebla acatar la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), respecto a castigar a quienes asesinaron al niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo e hirieron de gravedad a otras personas hace dos años durante una manifestación pacífica en San Bernardino Chalchihuapan, así como en cuanto a reparar el daño a esas víctimas y sus familiares.

Recordó que la CNDH informó la víspera a la opinión pública que, a dos años de los hechos y de emitir su recomendación al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas –quien la aceptó-, aún hay puntos pendientes de cumplimiento, particularmente en relación a los dos mencionados: castigo a los responsables y reparación del daño.

La CNDH, por ello, reiteró este 8 de julio su llamado al gobernador para acatar íntegramente la recomendación, pues la misma no puede darse por cumplida hasta que se atienda la totalidad de sus 11 puntos, llamado con el cual se solidarizó el legislador perredista.

Ortega argumentó que la relevancia de este llamado al cumplimiento radica en procurar justicia a los agraviados, pero también en prevenir otros hechos similares con pretextos legislativos como la llamada “ley bala” aprobada en Puebla en mayo de 2014, aplicada dos meses después en San Bernardino Chalchihuapan e imitada por otras legislaturas locales.

Refirió que en el Estado de México, donde fue aprobada la Ley que Regula el Uso de la Fuerza  Pública –similar a la “ley bala” de Puebla-, los diputados locales de su partido, tras escuchar las demandas ciudadanas, interpusieron acción de inconstitucionalidad ante la Corte el ocho de abril pasado; posteriormente hicieron lo propio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CDHEM).

Como la “ley bala” de Puebla, la mexiquense también permitiría a los policías el uso de armas de control e incluso armas letales “cuando así se requiera” en las manifestaciones, lo que podría dar lugar a hechos similares a los de San Bernardino Chalchihuapan, donde fue asesinado el niño Tehuatile Tamayo el 9 de julio de 2014, es decir, hace exactamente dos años.

El también presidente del PRD mexiquense destacó que, con la acción de inconstitucionalidad interpuesta por los legisladores, se busca cerrar la puerta a cualquier tentación de autoritarismo y reprensión, garantizar el respeto a las garantías individuales, y evitar que hechos tan trágicos como el de Puebla puedan repetirse al amparo de la ley.

Puntualizó que el nueve de julio de 2014, es decir, hace exactamente dos años, se aplicó trágicamente y contra toda oposición ciudadana la “Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza Pública” -conocida como la “ley bala” que aprobó el 19 de mayo de 2014 el Congreso de Puebla a propuesta del gobernador Moreno Valle- en manifestaciones populares que se realizaban en varias regiones de la entidad y en las cuales se demandaba la restitución del servicio del Registro Civil a las Juntas Auxiliares de los municipios poblanos.

En San Bernardino Chalchihuapan, Municipio de Santa Clara Ocoyucan, se realizaba una de esas manifestaciones pacíficas cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dispararon indiscriminadamente latas de gas y balas de goma contra quienes se manifestaban o simplemente pasaban por la escena.

Uno de estos últimos fue José Luis Alberto, de 13 años, quien fue herido en la cabeza por una bala de goma cuando regresaba de la escuela secundaria a su casa, herida que poco después le provocó la muerte.

La indignación social, tanto nacional como internacional, motivó a la CNDH a investigar y, como resultado, a emitir la Recomendación 2VG/2014 con 11 puntos, entre ellos una disculpa pública hacia los agraviados, la reparación de daños a los heridos y a la familia de José Luis Alberto, y el castigo a los responsables, todo lo cual fue aceptado por el gobierno poblano.

jcrh