MÉXICO.- Con el fin de evitar que el Gobierno intervenga con la fuerza pública, obispos del ala progresista de la jerarquía católica promueven un diálogo «in extremis» entre el gobierno y grupos radicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Este desenlace es el más temido entre los analistas porque se cree que el panorama político y social podría agravarse y cualquier víctima de alguno de los bandos en conflicto sólo enardecería aún más los ánimos.

El obispo de Tehuantepec, Oscar Campos, de la línea de la «Teología de la Liberación», urgió a las autoridades y al magisterio a «entablar una negociación para buscar una solución a los problemas que afectan a Oaxaca.

En una carta enviada por la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, el obispo de Nogales, Sonora, Leopoldo González y el arzobispo de Acapulco, Guerrero, llamaron a entablar «un verdadero diálogo público que tenga el compromiso y la voluntad real» de resolver el conflicto.

El Obispo Emérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, un veterano en la lucha a favor de causas indígenas y de los derechos humanos, ha mostrado su apoyo a las movilizaciones de los maestros e incluso celebró una misa en un bloqueo en Juchitán.

Los miembros del sector más radical del poderoso gremio de docentes de educación básica en los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero están en guerra contra el gobierno por la aprobación hace más de tres años de una reforma educativa que redujo las prerrogativas de sus dirigentes.

Acostumbrados a recibir cuantiosos subsidios para fines clientelares, las autoridades educativas suspendieron las ayudas y establecieron rígidas normas para la promoción de los docentes, a fin de evitar que fuera el sindicato el encargado de administrar los premios y castigos.

El 12 de junio pasado, el gobierno dobló la apuesta y detuvo a Rubén Núñez y Francisco Villalobos, el jefe y tesorero respectivamente de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) con sede en Oaxaca.

El arresto incendió las pasiones, especialmente en el Istmo de Tehuantepec, donde se organizaron decenas de bloqueos en rutas estratégicas, dejando a por lo menos un millón de personas en situación de escasez de alimentos, medicinas y combustibles.

El 20 de junio sucedió lo que todos temían, la muerte de 8 personas en la localidad de Nochixtlán, municipio de Juchitán, atribuida a elementos de la Policía Federal, que rechazó esta acusación.

El gobierno prometió una investigación a fondo hasta dar con los responsables, pero hasta ahora todavía no se tienen resultados. Aunque se han celebrado ya dos sesiones de diálogo entre el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y dirigentes de la CNTE, hasta el momento no hay avances.

El pasado viernes, Osorio Chong afirmó que «los bloqueos deben parar» y anunció que el gobierno «tomará todas las acciones que sean necesarias para evitarlos», lo que no hizo sino provocar todavía más encono. «Al pueblo también se le acaba la paciencia y si tocan a un maestro o a un civil, los pueblos se van a levantar», advirtieron más de 40 presidentes municipales y autoridades agrarias al titular de la Segob.

En el Congreso, las principales fuerzas políticas mantienen posturas confrontadas sobre la posibilidad de que el gobierno recurra al uso legítimo de la fuerza. «Nadie puede estar por encima de la ley», dijo la presidenta de la Comisión de Gobernación Cristina Díaz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Pero el titular de la Comisión de Educación, Carlos Romero, del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que «el diálogo tiene que seguir hasta que ya no exista ninguna alternativa» y el senador izquierdista Miguel Barbosa dijo que usar la fuerza «sería un error más del gobierno que podría desatar la violencia en varios estados del país».

jcrh