CIUDAD DE MÉXICO.- Por tres votos contra uno, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechazó aprobar un proyecto del Ministro Arturo Zaldívar, que fallaría contra los artículos 332 y 334 del Código Penal Federal, aplicable en instituciones de salud federales, que sancionan hasta con cinco años de cárcel a las mujeres que abortan voluntariamente.

La mayoría fue integrada por los Ministros Norma Piña, José Ramón Cossío y Alfredo Gutiérrez, mientras que Jorge Pardo estuvo ausente. Una vez desechado el proyecto, será returnado a un integrante de la mayoría para que presente una nueva propuesta, para lo cual no hay fecha.

El nuevo proyecto tendrá dos escenarios, según a quien sea returnado: desechar el amparo promovido por Margarita Pino Salazar, por considerarlo improcedente, o estudiar los argumentos de fondo desde otra perspectiva.

La balanza la inclinará el Ministro Pardo, pues sólo Cossío y Piña votaron por la improcedencia, mientras que Gutiérrez consideró procedente la demanda, pero rechazó los términos en que fue presentado el proyecto. Por sus criterios en casos previos, es muy probable que Pardo votará por la improcedencia.

La improcedencia del amparo deriva de que Pino no fue sometida a persecución penal cuando buscó practicarse un aborto en un hospital del ISSSTE en 2013.

Por tanto, no le fueron aplicados los artículos del CPF que Zaldívar propuso declarar inconstitucionales, y al no haber acto de aplicación, no es posible retar en amparo la Constitucionalidad de la norma.

Para enfrentar este obstáculo, Zaldívar argumentaba que la penalización genera un contexto de estigmatización que fue parte de las razones por las que el Hospital 20 de Noviembre se negó a practicar el aborto a Pino, quien lo concretó en una clínica privada.

Cossío replicó que tratándose de normas penales, se requiere un acto de aplicación para generar interés legítimo del quejoso en el amparo, lo que no sucedió en el caso.

«La aplicación del Código Penal Federal no corresponde al personal de un centro médico», afirmo.

Piña, única mujer en la Sala, explicó que la quejosa ni siquiera impugnó los artículos 331 y 332 del CPF, que son los que realmente sancionan el aborto.

También descartó que el CPF contenga un juicio discriminatorio y estigmatizante de la mujer por razón de género, pues el aborto esta permitido en varios escenarios de riesgo y se ponderan los intereses de la madre y el producto de la concepción.

Piña sólo le reconoció a la quejosa interés jurídico para reclamar el oficio del ISSSTE en el que se negó el amparo, pero no que de eso derive interés para reclamar el CPF.

Zaldívar acusó a la mayoría de cerrar la puerta a las mujeres. «Hay que tener presente la indignidad de pedirle a la mujer que se someta a un proceso penal para impugnar la penalización del aborto», reclamó el Ministro.

En 2008, el Pleno de la Corte avaló la despenalización del aborto en la Ciudad de México en las primeras 12 semanas de gestación, impugnada por el Gobierno de Felipe Calderón, pero lo hizo con opiniones diferenciadas de los ocho ministros de la mayoría, que no permitieron crear jurisprudencia.

Sin embargo, pronunciarse contra la penalización del aborto es una cosa muy distinta, que la Corte no ha hecho nunca, porque son muy pocos los amparos que se promueven contra este delito.

Unas 30 mujeres de asociaciones civiles como 24A «Vivas nos queremos», y Constituyentes gritaban y mostraban carteles con leyendas como: «En aborto clandestino, las que mueren son mujeres» y «Mi cuerpo, mis derechos», «Los derechos de las mujeres no se someten a la voluntad del señor» o «Diosito, regrésalos al siglo XVI».

Más numerosos y con un equipo de sonido con más volumen, frente a la Corte, integrantes del Comité Nacional Provida exhibían lonas con fetos y carteles con mensajes como: «El aborto es un crimen», «Defiende la vida» y «No es tu cuerpo, es tu hijo».

«Le pedimos a la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos que juzgue conforme a derecho y deseche el proyecto elaborado por el señor Ministro Arturo Zaldívar por ser contrario al derecho a la vida desde el momento de la concepción y pretender en el fondo legitimar la práctica del aborto por cualquier motivo. Proteja a los mexicanos y preserve la integridad y el espíritu pro hombre de nuestras instituciones», dijo Rocío González Sánchez, directora de Provida.

De parte de 24 A «Vivas nos queremos», Elsa Obrador censuró la intención de la Iglesia católica de inmiscuirse en los asuntos de política de salud, y afirmó que con o sin religión el aborto existe y que mujeres tienen el derecho de decidir sobre su propio cuerpo.

«Decidir sobre nuestro propio cuerpo es el primer derecho que las mujeres tenemos y la Iglesia y los hombres pretenden negárnoslo», expresó.

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