ZACATECAS,-  Al ver que en el estado de Zacatecas la denuncia penal contra del Gobernador Miguel Alejandro Reyes, por los delitos de enriquecimiento ilícito, la demanda fue interpuesta ante la Procuraduría General de la República (PGR).

El abogado Alberto Gaytán Espinosa y el periodista Horacio Zaldívar, indicaron que además de no encontrar en aquella entidad las condiciones legales y jurídicas indispensables para darle curso a su denuncia, las autoridades estatales se han dado a la tarea de desestimar el caso y minimizar un presunto tema de corrupción.

La procuradora estatal Leticia Catalina Soto Acosta salió a declarar que la denuncia contra el gobernador Alonso Reyes carecía de fundamento. “Tal cual si fuera vocera del gobernador y sin mediar un análisis ni siquiera superficial, la procuradora citó a conferencia de prensa para desmentir y justificar la denuncia como un ‘ataque político’ contra Alonso Reyes”, explicó el abogado Alberto Gaytán.

Leticia Catalina Soto Acosta, procuradora de Justicia del Estado (PGJE), declaró ante los medios, que en aquella entidad no había denuncia en contra del gobernador del estado: “pues ésta se presentó en la Procuraduría General de la República (PGR), delegación Zacatecas, y de las firmas que se señalan por parte de los denunciantes, únicamente se tienen tres rubricas y una de ellas no es la original.

Es una denuncia no tiene relación con los supuestos delitos que se han mencionado como lavado de dinero y otra serie de infundios sin ningún sustento jurídico”, en su oportunidad manifestó la funcionaria.

Tras años de investigación de campo y documental, el abogado Gaytán, quien fungiera más de una década como Director de Investigación de la Procuraduría de aquella entidad, buscó a legisladores para hacer de su conocimiento sus hallazgos.

Legisladores locales y federales firmaron las dos querellas contra Miguel Alonso y sus familiares, ante la PGR, entre ellos los senadores Manuel Bartlet Díaz y Héctor Menchaca; el diputado federal Jorge Álvarez Maynez y los diputados locales Cuauhtémoc Calderón Galván, Antonio Mejía Haro, Iván de Santiago Beltrán, Bibiana Lizardo y Antonio Arias.

El interés de hacer pública la denuncia, afirmaron, Alberto Gaytán y Zaldívar Espino, es porque la ciudadanía zacatecana está harta de ver la ostentación del gobernador Alonso y el cinismo con que sus propiedades han ido incrementándose.

A punto de terminar su gestión, el joven gobernador zacatecano ha tenido señalamientos de “político chapulín”, pues en 1998 renunció al PRI para incorporarse al Partido de la Revolución Democrática (PRD), y se ocupó como secretario particular de Ricardo Monreal.

Luego, en 2001 ocupó la presidencia municipal de la ciudad de Zacatecas hasta 2004, cuando la entonces gobernadora Amalia García lo designó como encargado del despacho estatal de Turismo; más tarde en 2005 fue diputado local. Para 2009 renunció ahora a su militancia perredista para volver dulcemente razonable al PRI, partido que lo llevó a la silla de gobernador.

Al decir de Horacio Zaldívar Espino, periodista zacatecano convocante a la conferencia de prensa en la Ciudad de México, “las propiedades del gobernador Alonso y de su familia se han acrecentado a ojos vistas; y no sólo las de él, sino las de sus hermanos Juan Manuel y Lucía, así como las de su cuñado Eleazar Ávila Márquez quienes también tienen denuncias en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, peculado y lavado de dinero”.

Miguel Alejandro Alonso Reyes jamás ha desempeñado una actividad empresarial, sin embargo, en su declaración patrimonial, presentada con 4 años de atraso y ya casi para finalizar su mandato (termina en septiembre), manifestó poseer bienes por un total de 20.7 millones de pesos.

Los convocantes a la conferencia mostraron fotografías de los ranchos de las comunidades de Malpaso y Machines (municipios de Villanueva y Zacatecas) cuya construcción y remodelaciones denotan un valor mayor al expresado en la declaración del gobernador Alonso.

Alberto Gaytán, expresó que en el mismo Registro Público de la Propiedad está disponible la información de seis propiedades en exclusivos fraccionamientos de la capital zacatecana. “Solamente el rancho de Malpaso cuesta más de 40 millones de pesos”, señaló.

Además, dijo que la hermana del gobernador, Lucía Alonso, tiene reportadas ante el Registro Público de la Propiedad más de 17 propiedades: “¿De dónde sacó los fondos, si ha sido funcionaria pública nada más”; también el marido, Eleazar Ávila Márquez registra 15 inmuebles a su nombre; ¿de dónde les dio esa vocación inmobiliaria?”, se pregunta el abogado Alberto Gaytán.

Señaló que cuando Miguel Alonso Reyes era alcalde de la capital zacatecana se entregó en donación un terreno a la Universidad Autónoma de Zacatecas, donativo cuyo trámite Alonso Reyes no protocolizó y “es ese el terreno que ahora comenzó el escándalo, pues ahora pertenece a la hermana del gobernador y a su marido. Esto también se documenta en la denuncia presentada ante la PGR”.

El abogado dijo que también incluye la investigación sobre la inmobiliaria “Inmobar”, propiedad de un sobrino del gobernador de nombre Diego Alonso, hijo de un hermano del mandatario estatal, cuyo nombre es Juan Manuel. Empresa que ha participado de manera irregular y gris en licitaciones de obra pública”.

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