La población de México dejó atrás su característica de población joven, paulatinamente aunado a la reducción de la natalidad se incrementa el volumen de población viviendo una adultez prolongada; las personas de 65 años o más van a cambiar de representar el 9.1% del total de la población mexicana en 2010 a 21.5% en 2030. Resulta una paradoja inherente al desarrollo saber que la esperanza de vida en México se ha incrementado en las tres últimas décadas en casi 15 años, llegando a 74 años de vida en promedio, y que si la contabilizamos desde la década de los treinta se suman más de 40 pues se vivía en promedio 34 años; sin embargo, muy poco se dice respecto a las condiciones en que llegamos a adultos mayores. Hay una serie de retos para una población que cada vez vive más pero en condiciones de vida muy poco alentadoras.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ha tenido a bien brindarnos luces respecto a las condiciones materiales de vida la población de adultos mayores en México, bajo el enfoque de pobreza multidimensional se identifican a 46% de ellos, alrededor de 3.5 millones por debajo de la línea de bienestar y con al menos, una carencia social (rezago educativo, calidad de la vivienda, falta de acceso a servicios básicos en la vivienda, sin acceso a alimentación mínima indispensable, sin acceso a salud ni a seguridad social), es decir, personas que trabajaron en el mercado laboral o trabajaron en el hogar toda su vida, hoy son vulnerables por ingresos y por falta de acceso a servicios que la sociedad debería estarles retribuyendo.
El otro lado de la historia brinda aún más información, únicamente 17% de los adultos mayores que representa 1.3 millones, vive sin carencias sociales y con un nivel de ingreso adecuado que refleje bienestar económico. Lo primero que podemos calcular es que 83% tienen carencias sociales o falta de ingreso, es decir, la sociedad no ha correspondido intergeneracionalmente con una premisa de solidaridad. Hay una conciencia de ello, por eso la política propuesta de Pensión a Adultos Mayores que inició en la Ciudad de México hace ya más de 15 años y ahora ya tiene carácter nacional; esta iniciativa fue cuestionada en su origen pues no había más que registrarse en un padrón para ser beneficiario de ella; dadas las cifras presentadas es plausible que así se haya diseñado pues aunque se identificasen correctamente a los adultos mayores elegibles, es mucho más lo que se gastaría en administrarlas visitas verificadoras de datos y en trámites burocráticos que lo que se destina a dar pensión a algunos que se empadronaron y pertenecen a ése escaso 17% que no tienen necesidad de la pensión.
Y destaca la ausencia de seguridad social con la que se vive en el país, se trata del mecanismo cuyo propósito esencial es la redistribución de la riqueza para que parte de los recursos vayan de quienes pueden generarlos hacia quienes no pueden hacerlo (Ham, 2003). Es la herramienta clave para procurar garantizar estabilidad en el flujo de ingreso independientemente de si el individuo es un trabajador, es activo, jubilado, sano o enfermo.
De adultos mayores que trabajan, alrededor de 2.4 millones, de ellos sólo el 6.4 por ciento (157 mil), contaban con algún tipo de seguridad social en alguna institución como IMSS, ISSSTE, PEMEX, Ejército, Marina y Universidades. Y de la población de más de 65 años, 27% que representa a 1.2 millones de personas contaban con jubilación o recibían alguna pensión. Por ello no es extraño que 1 de cada 4 adultos mayores tenga carencias por acceso a seguridad social y servicios de salud, esto se traduce en un 16% del total de las personas mexicanas de la tercera edad en México
Es importante partir de la premisa de que existe inequidad en el acceso diversos servicios prioritarios, obliga a cuestionar una variable clave si de individuos mayores se trata, la salud pública. Si como sabemos la desigualdad y la inequidad, son los signos inequívocos de nuestra sociedad, es también una perspectiva importante para abordar las diferencias en salud, innecesarias y evitables, y que además son consideradas injustas.
La imposibilidad de atender de igual manera a pacientes con idénticas necesidades es el principio de inequidad horizontal, la atención diferenciada entre subsistemas, que en México se evidencia con ejemplos muy sencillos: un paciente con enfermedad renal crónica si es derechohabiente de IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) será atendido con diálisis peritoneal o hemodiálisis, según se requiera; si es afiliado a Seguro Popular no tendrá derecho a atención alguna, pues no es una intervención considerada en el catálogo de las 285 intervenciones básicas.
Entre los padecimientos de salud con mayor prevalencia en este grupo de edad se encuentran: hipertensión arterial, anemia, diabetes y discapacidad, entre otros; todos ellos crónicos degenerativos que afectarán a mediano y largo plazo en ingreso familiar. Esto implica que hogares en los que viven adultos mayores tienen una mayor probabilidad de incurrir en gastos empobrecedores por motivos de salud o bien, manifestar algunos efectos perversos como que con los adultos mayores se puede postergar la atención médica, buscar alternativas de atención o acudir a los remedios caseros o tradicionales para atender un padecimiento, lo que llevará a que no tengan atención oportuna y, se reduzca bien su expectativa de vida o aumente la carga de la enfermedad para los adultos mayores.
Tras la discusión expuesta, parece impostergable tomar la responsabilidad por parte de las familias y el estado sobre este grupo poblacional, es una realidad que aunque grave de momento aún se puede soslayar pero dada la dinámica demográfica si no se comienza a objetivar esta población en una política social comprensiva, en 15 años será el problema social más difícil de afrontar.
jcrh