CIUDAD DE MÉXICO,- La plena entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal es un gran avance en el respeto a los principios del debido proceso y una oportunidad histórica para erradicar la tortura y proteger los derechos de las víctimas de esta grave violación a los derechos humanos.
En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), dijo que poco a poco se acabarán ilícitos que afectan a la ciudadanía.
Jan Jarab, Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que “la exclusión de este tipo de pruebas es un acto de justicia para las víctimas de tortura, una forma de evitar que quienes cometieron el delito que se persigue no evadan el castigo y, sobre todo, que las víctimas reciban una justicia verdadera y no simulada“.
La ONU-DH reconoce el esfuerzo realizado por las distintas instancias involucradas en la puesta en marcha del nuevo sistema y hace un llamado a las autoridades para garantizar una rápida consolidación y correcta implementación de la reforma al sistema de justicia en todo el país, el cual debe conducir a la protección efectiva del derecho a la integridad de todas las personas y al combate decidido de la tortura.
Un aspecto central para la efectividad de la reforma al sistema de justicia penal radica en la exclusión de la prueba obtenida bajo tortura.
La ONU-DH enfatiza la importancia de la implementación de esta regla por parte de las autoridades, de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos, así como de una investigación rigurosa de todos los actos de tortura y la sanción a los responsables.
Para la ONU-DH, el éxito del nuevo sistema de justicia penal dependerá, entre otros factores, de que se superen las limitaciones de los servicios periciales y forenses en el país.
La documentación de la tortura y otros malos tratos, y la consiguiente salvaguarda de los derechos de las víctimas, requiere de la intervención de peritos profesionales, independientes e imparciales. En este sentido, la ONU-DH alienta nuevamente a las autoridades a crear una institución nacional autónoma de servicios periciales y forenses.
La ONU-DH recuerda que los esfuerzos legislativos contra la tortura deben complementarse con la aprobación de Ley General en la materia cuya adopción y, sobre todo, efectiva implementación ha sido reclamada por las víctimas, actores de la sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos.
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