CIUDAD DE MÉXICO,- Lo ocurrido en Nochixtlán, Oaxaca, es la muestra del hartazgo y dolor social que se ha ido acumulando generación tras generación y esta entidad, junto con Guerrero y Michoacán enfrentan el incremento de una violencia histórica.
Durante el seminario “Violencia y paz: diagnósticos y propuestas para México”, que se llevó a cabo en el Senado de la República, académicos y organizaciones civiles destacaron que estados como Oaxaca, Guerrero y Michoacán enfrentan el incremento de una violencia histórica asociada a conflictos políticos, pero también a la expansión del mercado de las drogas.
El senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PRD, advirtió que lo acontecido los últimos días en Nochixtlán, Oaxaca, es la muestra del “dolor social que se ha ido acumulando generación tras generación”, ante la falta de acceso a la educación, servicios y mejores condiciones de vida para la población.
Comentó que la violencia en esa entidad y en otros estados del país tiene como causa principal primigenia la miseria, pues tan sólo en Oaxaca el 78 por ciento de la gente no tiene acceso a la seguridad social y seis de cada diez no tienen vivienda.
Raúl Morón Orozco, senador por la misma fracción parlamentaria, reiteró que en los estados del sur-sureste de México predomina la pobreza, la miseria y el abandono de las políticas públicas para atender a los habitantes de esta región.
Afirmó que enfrentar la inseguridad y la violencia con el Ejército genera violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y “más violencia”, pero no resuelve el problema de fondo, por lo que se tienen que adoptar medidas integrales para combatir también la pobreza y generar mejores condiciones de vida.
Alejandro Solalinde, de la Comisión de la Verdad en Oaxaca, dijo que la represión, violencia y fuego amigo en el estado es una condición que no sólo se ve hacia el magisterio, sino que prevalece en diversos niveles de la sociedad, pues considera que existen intereses económicos para entregar los bienes de la entidad a mineras y grupos trasnacionales.
Manifestó que la represión, muerte, desapariciones, detenciones arbitrarias, pobreza, olvido ausencia de diálogo, impunidad y criminalización de la protesta social se vuelve una condición que invita a la reflexión sobre la violencia ancestral y endémica que no se ha asimilado, y que actualmente está dirigida en mayor medida a los jóvenes.
Consideró que la etapa actual de violencia generalizada causa insensibilidad en la población que deriva en relaciones envenenadas por intereses mezquinos, económicos y políticos ausentes de humanidad, y por ende una violencia cultural, como parte de las costumbres.
“Ya no hay violencias sueltas, hay cadenas de violencia por todo el país, en unos cuantos años hemos pasado ser connacionales a ser amenazas unos con otros”, dijo.
Salvador Maldonado, profesor del El Colegio de Michoacán, dijo que las tres entidades tienen los más altos índices de impunidad, pues del total de averiguaciones previas sólo se procesan alrededor del uno por ciento y gozan de los primeros lugares en incidencia delictiva.
Tenemos que poner mucha atención en estos estados porque, en un momento dado, pueden dar motivo “a nuevo tipo de regresión” en materia de violencia. Particularmente Michoacán y Guerrero, precisó, “están en una situación un poco delicada”.
En su turno, Abel Barrera Hernández, fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, destacó que la militarización, desde la década de los 70, fue una orden presidencial que hasta la fecha permanece como estrategia de guerra de contrainsurgencia: “se persigue a quien se considera que son radicales, se detiene a quienes consideran que están vinculados con grupos armados”.
Dijo que la llamada “guerra contra las drogas” en realidad es “la guerra contra los pobres de la montaña” porque en esta región, junto con la sierra y costas del estado, es donde florece la amapola a unos kilómetros de los pueblos; y además se ubica Acapulco como centro neurálgico de las operaciones trasnacionales del narcotráfico.
Advirtió que en la región de tierra caliente, la costa grande, un aparte del centro y la zona norte están las comunidades que padecen el flagelo de la delincuencia y que se están desplazando.
José Luis Segura Barragán, presbítero de la Tenencia de Felipe Carrillo Puerto “La Ruana”, denunció que en Michoacán persisten los grupos criminales, que se “pelean en la calle, descabezan personas, descuartizan, secuestran, desaparecen, torturan”, a pesar de la versión del gobierno estatal que sostiene que “todo está bien”.
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