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Ley Nacional de Ejecución Penal ¿a quién beneficia?

Ley Nacional de Ejecución Penal ¿a quién beneficia?

CIUDAD DE MÉXICO,- La nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, aprobada en el Senado de la República, tal como está, es un grave retroceso para la garantía de los derechos humanos de la infancia, en particular de niñas y niños pequeños.

El texto legislativo contiene serias regresiones en la garantía de derechos de la infancia con un referente familiar en prisión y en periodo extraordinario son posibilidad de cambios.

La Cámara de Diputados votó en el pleno la iniciativa del poder legislativo no se ha comprometido seriamente con las reformas constitucionales de 2008 y 2011 que transforman el sistema penal mexicano e instaura un nuevo régimen de seguridad pública y un sistema de reinserción social.



Reconocemos como un avance la inclusión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes SIPINNA, el reconocimiento de derechos de las mujeres privadas de su libertad en un centro penitenciario y la creación de una base de datos de personas privadas de la libertad que contendrá los datos de niñas y niños que vivan con su madre en el Centro Penitenciario, entre otros.

También indica que se notificará a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o a sus equivalentes en las entidades federativas.

Sin embargo, es notorio que para desarrollar el apartado relativo a derechos humanos no fueron consultadas personas expertas, madres que viven presas con sus hijas o hijos, ni organizaciones especializadas en derechos humanos de la infancia.

Desde las Organizaciones de Sociedad Civil consideramos que el texto legislativo tiene serias regresiones en la protección y garantía para los niños, niñas y adolescentes que tienen un referente adulto privado de la libertad.



Hasta ahora, la situación que niñas y niños viven con sus madres en reclusión ha sido el reflejo de la falta de políticas públicas sustentadas en derechos humanos; y se han sustentado en tratos discriminatorios, inhumanos, crueles y degradantes.

Sumado a lo anterior, la Iniciativa aprobada señala que será la Autoridad Penitenciaria la que establecerá los criterios para garantizar el ingreso de la niña o el niño cuando las mujeres deseen conservar la custodia de la hija o el hijo menor de tres años (siempre que no hubiere algún familiar que pudiera hacerse responsable de la familia de origen). Priorizando la separación niño-madre y violando con ello el derecho del niño a vivir en familia.

La Iniciativa violenta derechos señalar que únicamente las hijas e hijos que nacieron durante el internamiento podrán permanecer con su madre, hasta que cumpla los tres años de edad.

Lo anterior es contrario al espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), ya que asocia la edad de 3 años como criterio administrativo del “interés superior de la niñez” rompe con la garantía de derechos de la persona, en su individualidad y autonomía progresiva.

En la normativa internacional no existe un criterio único sobre la edad hasta la cual un niño debería permanecer junto a su madre, cuando ésta se encuentra en prisión; hemos visto que el ciclo de vida de las niñas y niños se ha generalizado, siendo la práctica de salir de la instalación carcelaria al ingresar a educación básica (aproximadamente cinco años con 11 meses) donde la dinámica personal y de relaciones interpersonales cambia de forma importante.

Las normas establecidas por esta ley no responden a una lógica de derechos humanos, sino que está sujeta a circunstancias específicas, interpretaciones subjetivas y voluntades personales y no considera la obligación del estado de proveer de manera integral lo necesario para el desarrollo adecuado de niños y niñas, partiendo de su derecho a vivir en familia y su derecho de prioridad.

Con su actuar, las autoridades estarían vulnerando lo dispuesto en los artículos 3, párrafo primero y 4, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala :

Art. 3o.- Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

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Internacional papa francisco Papa León XIV vaticano

Robert Francis Prevost, un moderado estadounidense con fuertes lazos con Perú

AFP

Por: AFP

hace 2 meses

Robert Francis Prevost, un moderado estadounidense con fuertes lazos con Perú

Robert Francis Prevost llegó a Perú por primera vez como joven misionero agustino y años después partió desde el país andino como obispo rumbo al Vaticano, donde este jueves se convirtió en el primer papa estadounidense, con el nombre de León XIV.

Prevost, de 69 años y que también tiene nacionalidad peruana, llega al trono de San Pedro con una reputación de moderado, crucial en un momento en que la Iglesia aparece muy dividida.

Desde el balcón de la basílica de San Pedro del Vaticano, el nuevo papa instó a «construir puentes» a través del «diálogo», avanzando «sin miedo, unidos, dando la mano a Dios y dándonosla entre nosotros».

«Dios nos ama, Dios os ama a todos, y el mal no prevalecerá», afirmó en su primer discurso, en el que trató de unir y tranquilizar ante un mundo asolado por las guerras.

«Mucho por hacer»

Prevost ha pasado un tercio de su vida en Estados Unidos. El resto entre Europa y América Latina, una de las periferias del mundo de donde también era el argentino Jorge Mario Bergoglio.

El diario italiano La Repubblica lo llamó «el menos estadounidense de los estadounidenses» por la moderación de sus palabras.

La idea de un papa norteamericano estuvo por siglos descartada en Roma, ya fuera por la distancia –estaban tan lejos que normalmente llegaban tarde a los cónclaves– o por decisiones geopolíticas.

Según el sitio especializado Crux, tener un pontífice de la primera potencia mundial hacía temer además que la CIA pudiera meter sus manos en la Iglesia.

Arzobispo emérito de Chiclayo, a unos 750 km al norte de Lima, Prevost obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

Dejó Perú para sumarse al gobierno vaticano, donde dirigió el importante dicasterio para los Obispos, que tiene la destacada función de aconsejar al papa sobre los nombramientos de los jerarcas de la Iglesia.

Tras la muerte de Francisco, Prevost dijo que aún quedaba «mucho por hacer» en la transformación de la Iglesia.

«No podemos parar, no podemos retroceder. Tenemos que ver cómo el Espíritu Santo quiere que la Iglesia sea hoy y mañana, porque el mundo de hoy, en el que vive la Iglesia, no es el mismo que el mundo de hace 10 o 20 años», dijo el mes pasado a Vatican News.

«El mensaje siempre es el mismo: proclamar a Jesucristo, proclamar el Evangelio, pero la manera de llegar a las personas de hoy, los jóvenes, los pobres, los políticos, es diferente», añadió.

Misionero en Perú

Fue uno de los cardenales más cercanos a Francisco, cuyo pontificado generó resistencias dentro de los sectores más conservadores.

Pero al mismo tiempo, su sólida formación en Derecho Canónico tranquiliza en estos círculos que buscan un enfoque más centrado en la Teología.

Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago y asistió a un seminario menor de la Orden de San Agustín en San Luis como novicio antes de graduarse en Matemáticas en Filadelfia.

Políglota, estudió Derecho Canónico en Roma, donde también obtuvo un doctorado.

Se unió a los agustinos en Perú en 1985 para la primera de sus misiones en el país andino.

Al regresar a Chicago en 1999, fue nombrado prior provincial de los agustinos en esa región estadounidense y posteriormente prior general de la orden en todo el mundo.

Regresó a Perú en 2014 cuando Francisco lo designó administrador apostólico de la diócesis de Chiclayo.

Casi una década después, entró en la curia en sustitución del cardenal canadiense Marc Ouellet, que fue acusado de agredir sexualmente a una mujer y renunció por motivos de edad. Entonces, el difunto pontífice lo nombró también presidente de la comisión pontificia para América Latina.

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