La relación entre salud y migración es trascendente, no sólo porque se afecta la salud de las personas que se desplazan sino también la salud de quienes habitan los lugares destino y también de las comunidades a las que retornarán potencialmente.  ¿Es una inversión socialmente razonable exportar capital humano en plenitud y no tener una idea de cómo será su retorno en el futuro?

En general, la migración laboral ocurre en población con características muy específicas, en edad productiva, saludables y actualmente, alfabetizados o con primaria concluida, es decir, individuos que tienen potencialmente todo para ser productivos. ¿En qué condiciones regresan a sus lugares de origen cuando su vida laboral se desempeña en un país diferente? En primera instancia es probable que con menor salud por las condiciones laborales que enfrentan y la escasa atención que prestan a sus cuidados, y en segunda, con incertidumbre económica frente a la imposibilidad de recibir una pensión de jubilación que los lleve a tener una vida digna.

Los migrantes que no tienen más de 10 años de estancia en Estados Unidos, de los cuales más de la mitad vive en condiciones de ilegalidad, alcanzan una cobertura de salud de alrededor del 36%; y entre los que tienen una estancia mayor, apenas el 57% tiene protección en salud.

Como una respuesta institucional de la Secretaría de Salud; se diseñaron e implementaron una serie de programas con el objetivo de acercar servicios de salud a migrantes tanto en su lugar de origen, como en el lugar en donde decidan trabajar.  Los esquemas que promueven el acceso a los servicios médicos son los siguientes: Programa de acción “vete sano, regresa sano”, Seguro popular de salud para familias migrantes, Repatriación de connacionales enfermos, Comisión de salud fronteriza México-Estados Unidos, y finalmente, Grupo nuclear de salud del migrante. Sin embargo, estas propuestas aún no se reflejan en mejores tasas de cobertura en salud ni en una planeación adecuada de sistemas de fondo de ahorro para pensión y retiro.

De estudios sobre migrantes, se sabe que los hogares receptores de remesas destinan 50% más de recursos económicos para cubrir gastos en salud respecto a los hogares no receptores (1683 pesos contra 1103 en promedio anual).  Estos montos representan 8% del gasto total que realizan los hogares que reciben remesas, en cambio el gasto realizado por quienes no las reciben asciende a 4.2%.

¿Son en realidad los migrantes una carga para el país que los recibe? Según el Selig Center de la Universidad de Georgia, el poder de compra de los latinos es de más de 1.5 trillones de dólares en 2015, que representa 11% del total del mercado. El salario anual promedio de los mexicanos en Estados Unidos fue de 2,190 dólares estadounidenses y el monto promedio remesas de 317 dólares. Así, cerca de 87% del salario se gasta en la economía estadounidense (Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CEMLA y Banco de México).

Por el simple hecho de consumir, los inmigrantes contribuyen con los programas sociales estadounidenses, desde principios de 2000 el Sistema de Administración de Seguridad Social ha recibido casi 90 mil millones de dólares por descuentos a los salarios de los trabajadores que no poseen legalidad migratoria; de estos descuentos MEDICARE recibió 21 mil millones de dólares. En 2010, las de mexicanos indocumentados pagaron 11.2 mil millones de dólares en impuestos estatales y locales (Institute for Taxation and Economic Policy). Es absolutamente comprobable que pagan aproximadamente 1,800 dólares más en impuestos de lo que reciben en beneficios públicos (Americas Society/Council of the Americas, febrero 2013).

La presencia de más de 10 millones de trabajadores migrantes en Estados Unidos que requieren de una nueva forma de gestionar su salud y de hacer valer sus derechos ciudadanos, así como la necesidad de un nuevo entorno para conseguir protección y seguridad social de ellos y sus familias, hace que se reivindique el derecho que obtienen por su contribución al ingreso gubernamental a través de los impuestos que pagan tanto por nómina como por consumo; sin dejar de observar la contribución que hacen con su mano de obra y trabajo al crecimiento del producto interno bruto del país que los recibe. Por ello es inaceptable su exclusión de los sistemas de protección social.

Algunos, de los aspectos que se deben considerar en el diseño de los esquemas de seguridad social pueden ser los siguientes:

• Considerar que la población migrante mexicana es numerosa y demanda servicios de salud.

• Los esquemas de seguridad social deben ser flexibles para que la cobertura de la familia nuclear sea completa, y así evitar que algún miembro de la familia que desprotegido ante los eventos de enfermedad inesperados.

• Implementar un mecanismo tal que no sólo provea de seguridad social al migrante sino también a los miembros de su familia que permanecen en el país de origen.

• Existe una gran afluencia de remesas al país de origen, mismas que pueden ser un vehículo para financiar el estado de salud.

• En general, los sueldos y salarios de los migrantes, son bajos y por ende les dificulta adquirir un seguro médico privado.

• Se debe procurar a la población masculina que es la que tiende a estar más desprotegida, dado que las mujeres y los jóvenes tiende a calificar y obtener los beneficios de los programas sociales.

Desde la perspectiva de fondos de pensiones y jubilación habría que fomentar la existencia de acuerdos binacionales, donde los trabajadores pudieran tener una portabilidad absoluta de su fondo y, en caso de retiro, éstos pudieran hacerlos cobrable en el lugar donde ellos decidieran residir en su jubilación o por motivos de invalidez. Las remesas que envían los migrantes, hasta el momento sólo han servido para lograr mejoras en las familias receptoras y en algunas comunidades donde la densidad de remesas es elevada, sin embargo, no han logrado permear con beneficios sociales reales ni se han propuesto esquemas de fondo de ahorro para el retiro con las mismas.

Cabe la pregunta ¿qué tan ético es en términos de responsabilidad social que trabajadores que incrementan el PIB en Estados Unidos y envían un volumen elevado de remesas a México, no tengan protección alguna para su retiro? Son cuestionamientos que deberían dirigir las discusiones de la reforma migratoria aún pendiente. Dado que los acuerdos que se logren deben buscar como fin último el desarrollo del Seguro Social para Trabajadores Mexicanos Migrantes.

jcrh