MÉXICO.- Desde hace unos años, el ejército mexicano se ha visto envuelto en una guerra que parece no ganar y mucho menos terminar, pero en la cual ha demostrado una eficiencia abrumadora al momento de matar.

El Ejército ha matado a alrededor de 3000 personas entre 2007 y 2012. En ese periodo han muerto 158 soldados. Hay quienes creen que esa cifra de muertos es puro pragmatismo. En México, donde menos del dos por ciento de los homicidios terminan en condena, las fuerzas armadas matan a sus enemigos porque no se puede confiar en el sistema judicial.

Las autoridades mexicanas dicen que sus soldados están mejor entrenados que los miembros de los carteles con los que se enfrentan. Pero los expertos que estudian el tema dicen que la tasa de muertos de las fuerzas armadas mexicanas no tiene comparación y que revela algo mucho más oscuro.

Paul Chevigny, profesor jubilado de la Universidad de Nueva York y pionero del estudio de la letalidad en diferentes fuerzas armadas, dijo que “hay ejecuciones sumarias”. De acuerdo al Comité Internacional de la Cruz Roja, por lo general en los escenarios de combate entre grupos armados, por cada persona muerta hay una media de cuatro heridos. A veces, incluso más.

En México la cuenta es a la inversa: el Ejército mexicano mata a ocho enemigos por cada uno que hiere. Y la cifra es escabrosa en lo tocante a la Marina: mata a 30 combatientes por cada uno que hiere.

Las estadísticas, que el gobierno dejó de publicar en 2014, ofrecen una imagen única sobre el papel que han asumido las fuerzas armadas mexicanas en la guerra contra el crimen organizado. Durante la última década, a medida que los marinos y soldados mexicanos han sido enviados a la línea de combate, las violaciones a los derechos humanos se han disparado.

Aun así, las fuerzas armadas continúan siendo intocables, protegidas por un gobierno reacio a imponerse sobre la única institución a la que puede enviar al combate. Se han tomado muy pocos pasos para investigar las miles de acusaciones de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que se han registrado desde que el entonces presidente Felipe Calderón declarara la guerra contra las drogas hace una década.

De las 4000 denuncias por tortura revisadas por la Procuraduría General de la República (PGR) desde 2006, solo 15 han terminado con una condena.

Juan E. Méndez, relator especial sobre la tortura de Naciones Unidas, dijo que “la tortura no solo es generalizada, sino que está rodeada por la impunidad. Si el gobierno sabe que es frecuente y no se presentan cargos o aquellos que llegan a juicio no van a ningún sitio, la culpa es del Estado”.

Las fuerzas armadas mexicanas no respondieron a las solicitudes de entrevista. El general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa, ha exculpado a la institución al decir que es la única que se enfrenta al crimen organizado y que, además, está ganando la batalla.

Una bodega en Tlatlaya, a las afueras de Ciudad de México, donde el ejército mató a 22 personas durante una confrontación en junio de 2014. La Comisión de Derechos Humanos de México determinó que por lo menos 15 de ellos habían sido ejecutados y que los soldados habían alterado la escena para dar la impresión que hubo un enfrentamiento.

El gobierno ha recibido oleadas de presión por este tema. En marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el comportamiento de México en materia de derechos humanos, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales; la CIDH se sumó así al informe previo de Naciones Unidas que decía que la tortura se practica de manera generalizada.

Hace varias semanas, se hizo pública una grabación —que se volvió viral— en la que un soldado golpea a una mujer mientras un agente de la policía le pone una bolsa en la cabeza para asfixiarla. Hubo una petición de disculpas públicas por parte de las fuerzas armadas, algo nunca antes visto.

Incluso en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, el papel del Ejército y la protección con la que cuenta ha sido objeto de controversia y polarización. Según el informe de la comisión de expertos extranjeros que investigó el caso, la noche de la desaparición hubo soldados presentes. Sin embargo, el Ejército no aceptó entrevistarse con los expertos y el gobierno no se lo exigió.

El gobierno dice que se toma en serio los derechos humanos y aprueba leyes para contrarrestar los abusos, proteger a las víctimas y permitir que se juzgue a los soldados en tribunales civiles. Afirma que hay una política de derechos humanos nueva en el Ejército y señala que durante la administración del presidente actual, las quejas contra el Ejército han disminuido de manera importante.

“Cada informe sobre violaciones de los derechos humanos es inquietante”, dijo el gobierno. “Pero esos casos aislados no reflejan el estado general de los derechos humanos en el país”.

Aunque las denuncias por tortura contra las fuerzas armadas han caído desde 2011 —fecha en la que se redujo de manera importante el despliegue de tropas en el país— la letalidad de los encuentros no ha disminuido según los datos hechos públicos a principios de 2014.

La relación singular entre el Ejército y el gobierno se remonta a más de 70 años, cuando el país salió de una guerra civil. Para mantener la estabilidad, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegó a un acuerdo con las fuerzas armadas: a cambio de una autonomía casi total, el Ejército no intervendría en política.

A diferencia de la mayoría de países de América Latina, en México nunca ha habido un golpe de Estado. Y aunque el gobierno a menudo no ha sido generoso con el presupuesto dedicado a la defensa, siempre ha protegido al Ejército del escrutinio externo.

Y esa protección se ha mostrado de vital importancia desde 2006, cuando el Ejército salió a las calles para combatir a los carteles y como consecuencia aumentó la violencia. A medida que las denuncias alcanzaban cifras récord, el gobierno optó por no hacer nada por limitar al Ejército en su competencia.

Y desde hace dos años, las fuerzas armadas dejaron de publicar las cifras de muertos. Sin esos datos, según los expertos, es muy difícil saber el nivel de violencia real que ha alcanzado la guerra contra el crimen organizado.

Algunos episodios llegan a los tribunales, como un enfrentamiento en Tlatlaya, cerca de Ciudad de México, donde el ejército mató a 22 personas en junio de 2014. El Ejército hizo alarde de que durante el combate solo resultó herido un soldado.

El caso se convirtió en un escándalo de inmediato. La Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que por lo menos 15 de las víctimas fueron ejecutadas y que los soldados habían alterado la escena para que pareciera que hubo un combate.

Incluso así, los tres soldados a los que se acusó por su responsabilidad en los hechos fueron absueltos por la justicia la semana pasada. El único soldado condenado, por desobediencia, ya cumplió su sentencia.

La impunidad existe pese al incremento de los vínculos con el Ejército de Estados Unidos a través de ejercicios, entrenamiento y ventas de material que tienen como objetivo incrementar la profesionalidad y, por extensión, el respeto de las fuerzas armadas mexicanas a los derechos humanos.

Hace dos años, Estados Unidos aceptó vender helicópteros black hawka México en un acuerdo que podría valorarse en más de mil millones a lo largo de 25 años, que también acercará al Ejército mexicano a los estándares de Estados Unidos.

“No solo les vendimos los helicópteros”, dijo Todd M. Rosenblum, quien fuera un alto funcionario en políticas sobre México para el Pentágono. “Les vendimos 15 años de colaboración estrecha que no hubiéramos podido tener de otra manera”. La cercanía ha hecho poco para suavizar las críticas en el congreso estadounidense.

“Ni todo el entrenamiento de mundo funcionará si no hay personas al mando que crean en la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas”, dijo el senador demócrata de Vermont, Patrick J. Leahy. Para mayor preocupación del gobierno de México, algunos casos de abuso han logrado llegar a las instituciones internacionales.

El 29 de diciembre de 2009, tres personas desaparecieron en el estado de Chihuahua y nunca se volvió a saber de ellas. Tras buscar un recurso legal a nivel estatal, federal y militar, los familiares llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011.

Cinco años después, la comisión entregó su reporte confidencial, según dos personas que conocen el caso. Si la comisión halla responsable al Ejército de las desapariciones, como se espera, la resolución podría ser vinculante.

También existe otro caso ante la Corte Penal Internacional: un grupo sin fines de lucro en Baja California recolectó más de 90 ejemplos de lo que considera tortura realizada por el Ejército mexicano desde 2006 a 2013. La corte aún no ha respondido a la solicitud.

El expediente incluye el caso de Ramiro López, quien fue arrestado con otras tres personas y torturado por el Ejército en junio de 2009. Los hombres casi fueron asfixiados con bolsas de plástico y recibieron toques eléctricos en los genitales antes de ser presentados como secuestradores y de que fueran sentenciados por ello.

Pero en 2015, tras una investigación poco común de Naciones Unidas, se resolvió que los hombres no eran culpables. El gobierno los absolvió pero no buscó a los responsables de dicha confesión forzada.

“Ellos no deberían intentar justificar su trabajo con confesiones obtenidas bajo tortura”, dijo Mayra, hermana de Ramiro López. “Pero tampoco parece que esto vaya a cambiar pronto”.

con información de The New York Times

jcrh