CIUDAD DE MÉXICO,-  Isabel Miranda de Wallace presidenta de la Asociación Alto al Secuestro señaló que la impunidad persiste porque las propias autoridades no están capacitadas para obrar en consecuencia y los delitos sufridos por las tres jóvenes Laguna Aburto, secuestradas y mutiladas, forman parte de las estadísticas.

Se espera que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito haya enviado dicho expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para su estudio y para que se determine de una vez por todas una correcta teoría de exclusión de prueba.
Este caso es emblemático ya que refleja que las tesis del Máximo Tribunal, o no son bien

interpretadas o son excesivas, aunado a que como hemos ejemplificado, son utilizadas de manera retroactiva en perjuicio de los derechos de las víctimas del delito, creando con ello una gran impunidad.

La manera en que los criterios de la SCJN están siendo aplicados, por ignorancia o falta de capacitación de los Tribunales del Fuero Federal y del Fuero Común, causan un impacto contra los derechos de las víctimas del delito.

Estos criterios, dijo, les impiden el acceso a la justicia y dañan la seguridad pública a la que tenemos derecho todos los mexicanos, además crean efectos expansivos ya que las personas que habían sido sentenciados por delitos graves como secuestro, violación, homicidio o trata de personas, en ocasiones por meras formalidades, obtienen su libertad.

Como ocurre en el presente caso, donde en la propia demanda de amparo presentada por el “Santero”, él confiesa que efectivamente realizó los actos por los que fue sentenciado en primera instancia, aunque con posterioridad con el fin de evadir su responsabilidad sólo acepta su rol de encubridor y pese a ello quedó en libertad.

En esta interpretación equivocada de los Magistrados de la Quinta Sala Penal del TSJDF lo declaran inocente y en consecuencia, tendría derecho automático a una indemnización del Fondo de Reparación para Víctimas del Delito.

Por ello, hacemos un atento y respetuoso llamado a la SCJN para que, dada la importancia y trascendencia del caso y los problemas de constitucionalidad que conlleva, asuma la jurisdicción el Pleno de la SCJN.

Hacemos notar respetuosamente a los Ministros que siendo parte del Estado Mexicano deben ser corresponsables de lograr el acceso a la justicia y posibilitar el cambio hacia un nuevo sistema de justicia penal en el que se garanticen los derechos de todos: los procesados, las víctimas y de la sociedad.

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