CIUDAD DE MÉXICO.-  La iniciativa que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, envió al Congreso de la Unión para establecer en la Constitución el matrimonio entre personas del mismo sexo, tiene un tinte claramente electoral.

El coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Armando López Campa, aseguró lo anterior. Criticó que el Ejecutivo federal presentara su propuesta cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en junio de 2015, que cualquier ley que prohíba el matrimonio igualitario es inconstitucional.

Asimismo, López Campa expresó su preocupación de que la iniciativa peñista, la cual consideró como un triunfo de la izquierda mexicana, tenga fines meramente electorales de cara a los comicios del próximo 5 de junio, cuando se elegirán gobernadores en 12 estados del país.

Sin embargo, reconoció que la iniciativa que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión , a fin de reconocer el derecho de los mexicanos a contraer matrimonio sin ser sujetos a discriminación por su origen étnico o nacional, discapacidad, condición social, salud, religión, género o preferencia sexual, constituye un avance porque representa reconocimiento legal y facilidades para quienes se unen en matrimonio independientemente de su sexo.

Sostuvo que fueron más de seis años los que tardó el Gobierno federal para reconocer un derecho que en la Ciudad de México es una realidad desde diciembre del 2009, cuando el Pleno de la de la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen que reformó el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles.

Dijo que dichas reformas permitieron el matrimonio entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México, definido en el artículo 146, que señala: “el matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua”, con lo que se elimina el concepto hombre y mujer como base del matrimonio”.

Remarcó que desde entonces, en la capital se consideró como una obligación garantizar el máximo de derechos para todas las personas de acuerdo con los preceptos constitucionales, que todo hombre y toda mujer tienen derecho a casarse de manera libre y consentida y que este derecho no sea restringido como resultado de su orientación sexual.

El líder de la bancada de movimiento naranja en la Asamblea Legislativa recordó que el objetivo de las reformas que aprobó la ALDF fue reconocer los derechos de un sector social al que permanentemente y de manera injustificada se le han negado.

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