La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), recibió un informe especial sobre Desplazamiento Forzado Interno en México, de personas en México, que ha generado violencia, violaciones a derechos humanos, desastres naturales, proyectos de desarrollo, grupos de autodefensa y por la actividad periodística.

El documento destaca que en los últimos años, la violencia es la que provoca la movilidad de las personas, pues se relaciona “con grupos armados que están azotando diversas partes del territorio nacional”, hechos que no se han podido frenar por parte de las autoridades y que ha provocado desprotección de las víctimas.

Señala que esta situación surge no solo a raíz de las violaciones a los derechos a la vida, la integridad, la libertad personal y la seguridad pública sino, también, derivado de la destrucción o el abandono de las tierras, propiedades y viviendas, violentándose los derechos a la propiedad privada, la vida privada y al domicilio.

El informe refiere que durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a nuestro país, en 2015, este órgano subrayó que la violencia de grupos del crimen organizado –en algunos casos, coludidos con agentes estatales– conllevan, directa e indirectamente, al desplazamiento interno de víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares.

En este sentido, se precisa que los megaproyectos de desarrollo también obligan el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y otras comunidades en varias zonas del país. Se destacó que la violencia ha tenido un impacto particularmente grave en generar el desplazamiento forzado de grupos como pueblos indígenas, periodistas y defensores de derechos humanos.

Por tal motivo, la CNDH considera que el DFI no ha sido visibilizado, ni las víctimas atendidas de forma adecuada para efecto de proteger o garantizar sus derechos humanos.

Se tuvo conocimiento de algunas acciones realizadas para hacer frente al DFI, sin embargo, hay que reconocer que son acciones esporádicas, aisladas, no planeadas, no estructuradas y ausentes de coordinación, por lo cual se considera que no hay una postura uniforme del Estado mexicano en este sentido, lo que dificulta la atención y las acciones que deben implementarse a favor de las víctimas, advierte el documento de la CNDH.

Se precisó que no existe un diagnóstico nacional y oficial sobre el DFI en México, por este motivo, resulta indispensable elaborar uno que abra las puertas al reconocimiento oficial de la problemática y constituya una herramienta fundamental para la construcción de políticas y programas eficaces, abordando las consecuencias sociales, económicas, jurídicas y políticas de este fenómeno en el país.

La CNDH recomendó que entre las acciones que debe tomar el Estado mexicano para la prevención y atención del DFI deben incluirse acciones específicas para la generación de soluciones duraderas, así como los indicadores de evaluación correspondientes.

También se deben considerar medidas de asistencia legal y jurídica a la población desplazada, para garantizar la investigación de los hechos, la restitución de los derechos vulnerados y la defensa de los bienes afectados, así como establecer las condiciones de seguridad frente a la delincuencia organizada, el retorno voluntario de la población desplazada a su zona de origen o su reubicación en nuevas zonas de asentamiento.