ESTAMBUL.-Human Rights Watch (HRW) denunció hoy que guardias fronterizos turcos disparan y golpean a refugiados sirios que intentan cruzar a Turquía en busca de asilo, causando “muertos y heridos”, por lo que pidió al gobierno de Ankara investigar los abusos.
En marzo y abril pasados, los guardas fronterizos hicieron uso excesivo de la fuerza contra un grupo de solicitantes de asilo y un traficante de personas, matando a cinco personas, incluido un niño, e hiriendo a otras 14, informó HRW en un comunicado fechado en Estambul. “Pese a que altos funcionarios turcos aseguran que dan la bienvenida a los refugiados sirios con puertas y brazos abiertos, la guardia fronteriza les mata y les agrede”, dijo Gerry Simpson, investigador de la situación de los refugiados de HRW. “Disparar contra hombres, mujeres y niños traumatizados que huyen de los combates y de una guerra indiscriminada es realmente abominable”, indicó. Los sirios que viven cerca de la frontera con Turquía han denunciado que han sido atacados con armas cuando intentaban recuperar los cuerpos de las víctimas junto a la valla fronteriza.
La organización a favor de los derechos humanos aseguró tener constancia de que las fuerzas turcas abrieron fuego en abril contra civiles sirios que escapaban de los avances del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en la zona norte de la provincia de Alepo. “Las autoridades turcas deberían parar de forzar las devoluciones de los aspirantes sirios de asilo en la frontera e investigar todo uso de fuerza excesiva por parte de los agentes fronterizos”, señaló HRW, que además pidió a Turquía reabrir su frontera a los ciudadanos sirios. Turquía, que acoge a 2.7 millones de refugiados sirios, rechaza la denuncia de que sus guardias fronterizos disparan a civiles y reiteró que tiene una política de puertas abiertas hacia los inmigrantes. HRW recordó que Turquía tiene la obligación de respetar el principio de no repatriación, que prohíbe rechazar refugiados en la frontera cuando en sus países están amenazados de persecución, tortura, riesgo de asesinato o privación de libertad.
Notimex/JRGA